Los países del Escudo de las Américas condenan “los esfuerzos continuos por derrocar” el Gobierno de Paz en Bolivia
Por Uriel Blanco, CNN en Español
Los países que forman parte del Escudo de las Américas —alianza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— condenaron el viernes “los esfuerzos continuos por derrocar” el Gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, nación que lleva un mes en medio de tensiones políticas y sociales por protestas y bloqueos carreteros contra la administración de Paz.
“Los países miembros del Escudo de las Américas condenan los esfuerzos continuos por derrocar al gobierno legítimo y ampliamente electo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia. Respaldamos al gobierno democrático del presidente Paz mientras enfrenta los intentos que buscan hacer retroceder a Bolivia mediante esfuerzos cínicos destinados a impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para el pueblo boliviano a través de falsos bloqueos en las carreteras”, expresó la alianza en un comunicado.
El comunicado fue publicado de manera conjunta por los 13 países miembro del Escudo de las Américas, entre ellos EE.UU. y Bolivia. A excepción de Estados Unidos, todos los países de la alianza se encuentran en Centro, Sudamérica y el Caribe, y tienen en común que sus gobiernos son de tendencia derechista.
Esta alianza fue impulsada por Trump en Florida el pasado marzo, cuando recibió a los países miembro a la cumbre Escudo de las Américas, un encuentro donde el mandatario estadounidense planteó un pacto para conformar una “coalición militar” contra el crimen organizado, uno de los principales puntos en la agenda de Trump desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.
La tensa situación en Bolivia está enmarcada por la crisis económica que viven los bolivianos desde 2023, agudizada por la escasez de divisas y la inflación.
Los bloqueos carreteros, que el Escudo de las Américas atribuye a “grupos desestabilizadores”, comenzaron hace un mes, el 6 de mayo, y son liderados por organizaciones obreras, campesinas, vecinales y simpatizantes del expresidente de Bolivia Evo Morales.
Estos grupos piden la renuncia de Paz, quien, aseguran, los marginó con sus decisiones gubernamentales y busca privatizar y subir el costo de servicios básicos con paquetes de leyes, algo que el Gobierno boliviano ha negado.
Las protestas y bloqueos ya han dejado al menos 10 personas muertas, según datos recientes de la Defensoría del Pueblo del Gobierno de Bolivia. Estos fallecimientos “se encuentran en proceso de verificación defensorial para determinar con precisión las circunstancias de cada caso”, señaló la defensoría.
Además, los datos de la Defensoría del Pueblo indican que se han registrado más de 360 detenciones y decenas de personas heridas.
“Se registraron 365 personas arrestadas en el marco de operativos vinculados a bloqueos y movilizaciones en diferentes regiones del país. De ellas, 247 fueron liberadas. Las 118 restantes se encuentran en distintas situaciones jurídicas, mientras continúa el seguimiento defensorial a sus casos para la verificación del respeto al debido proceso. Asimismo, la Defensoría del Pueblo verificó 37 personas heridas durante operativos de desbloqueo y hechos vinculados a la conflictividad social, entre ellas policías, periodistas, personas movilizadas y transeúntes. Las lesiones registradas incluyen traumatismos, policontusiones y heridas de diversa gravedad”, detalla.
Los hechos han afectado a otras industrias de Bolivia. El Ministerio de Turismo del país estima pérdidas por US$ 1.230 millones, además de un deterioro de la “imagen-país”; en tanto, la Cámara Nacional de Industrias reporta pérdidas de US$ 2.100 millones por el conflicto social.
Estados Unidos, Chile y Perú han enviado ayuda humanitaria a Bolivia, mientras que Argentina ha falicitado aviones de carga para trasladar los alimentos. Chile, Argentina y EE.UU. forman parte del Escudo de las Américas.
En tanto, cada vez surgen más voces respecto a la aplicación de un estado de excepción para controlar las protestas y bloqueos.
A finales de mayo, el presidente Paz promulgó una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Gracias a esta ley, Paz ahora puede decretar un estado de excepción sin autorización previa del Legislativo. Aunque su Gobierno aseguró que la declaración de un estado de excepción es la “última opción” a la que recurrirá si el diálogo no funciona, Paz dijo a CNN que esta medida está contemplada en la Constitución y podría emplearse: “Los que no quieren dialogar tienen Constitución de por medio, ese es el límite”.
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Con información de Fernando del Rincón, Rocío Muñoz-Ledo, Anabella González, Mauricio Torres, de CNN, y de la agencia EFE.
