Delcy Rodríguez cumple seis meses como presidenta encargada, mientras enfrenta su peor crisis y mantiene el apoyo de EE.UU.
Por Mauricio Torres, CNN en Español
Arropada por la cúpula del chavismo, Delcy Rodríguez asumió formalmente como presidenta encargada de Venezuela la noche del pasado 5 de enero. Tan solo dos días atrás, el derrocado presidente Nicolás Maduro había sido capturado en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas y otras ciudades venezolanas, un hecho que dio paso a que la entonces vicepresidenta tomara su lugar.
Durante su juramentación, Rodríguez repudió la captura de Maduro y prometió hacer que Venezuela sea “una nación libre, soberana e independiente”, mientras en las calles los ánimos entre los venezolanos seguían encendidos. Por un lado, unos se sumaban al rechazo a la entrada de tropas estadounidenses a su territorio para capturar a Maduro. Por otro, muchos celebraban que Maduro finalmente estuviera fuera del poder, lo que percibían como una oportunidad para concretar ansiados cambios políticos.
Hoy, a seis meses de que Rodríguez se convirtió en presidenta encargada, el ambiente en Venezuela ha vuelto a subir de temperatura, pero esta vez no por acciones provenientes del exterior, sino por la respuesta que el Gobierno ha dado a los fuertes sismos que el 24 de junio sacudieron al país, donde hasta el corte de este sábado habían dejado un saldo de 2.954 personas fallecidas.
Dentro y fuera de Venezuela, muchos ciudadanos piensan que las autoridades han actuado con lentitud y no han podido hacer frente a la tragedia, algo que Rodríguez rechaza.
En tanto, analistas consultados por CNN coinciden en que esta es la peor crisis que el Gobierno encargado ha tenido que encarar, en la que el desenlace aún es de pronóstico reservado y los pasos que dé Estados Unidos serán clave —dicen— debido al rol de tutelaje que ese país ejerce actualmente sobre Venezuela.
“Delcy Rodríguez enfrenta ahora la mayor prueba para su liderazgo. Al mismo tiempo, el enojo público está aumentando por la mala gestión y la lenta respuesta. Pero en regímenes autoritarios, crisis como esta con frecuencia fortalecen a quienes están en el poder”, dijo Imdat Oner, académico de la Universidad Internacional de Florida.
“Ella puede usar las normas de la emergencia para centralizar su autoridad, endurecer la seguridad y posponer las reformas políticas en nombre de la estabilidad y la reconstrucción. El desastre ha expuesto la debilidad del Estado, pero en el corto plazo le da al Gobierno más espacio para aferrarse al poder en vez de tener que cederlo”, argumentó.
Phil Gunson, analista del International Crisis Group basado en Caracas, comentó por separado: “El desafío en lo inmediato es muy grande, pero también el problema de la recuperación económica y la reconstrucción de la zona devastada. Eso va a requerir mucho dinero que el Gobierno no tiene”.
Desde que asumió como presidenta encargada y hasta antes de los sismos, el Gobierno de Rodríguez se había caracterizado por “una dinámica de juego pendular”, consideró el académico venezolano Carlos Torrealba, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Para Torrealba, esto se observa en que el Gobierno alternó algunas medidas que indicaban cierta disposición a la apertura política, exigida por Estados Unidos, con otras que mostraban su intención de conservar un fuerte control del poder.
El 8 de enero, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez —hermano de Delcy—, anunció la excarcelación de “un número importante” de presos. Semanas después, la propia presidenta encargada impulsó una ley de amnistía a favor de personas presas por delitos relacionados con hechos políticos ocurridos durante las últimas dos décadas.
Aunque organizaciones de derechos humanos vieron algunos pasos positivos en estas medidas, también señalaron lo que consideraron deficiencias, como lentitud y falta de claridad en los procesos para que internos salieran de prisión o que muchos de los beneficiados no quedaron libres de cargos, lo que abre la posibilidad de que sean detenidos de nuevo.
De acuerdo con la organización Foro Penal, al corte del 22 de junio aún había 373 personas presas por motivos políticos en Venezuela. Según los registros de la agrupación, de ese total 348 son hombres y 25 mujeres.
Otro rasgo que ha caracterizado al Gobierno encargado ha sido su acercamiento con Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, delineó para Venezuela un plan de tres fases tras la captura de Maduro: estabilización, recuperación y transición.
Durante sus primeros días en el cargo, Rodríguez repudió el operativo para capturar a Maduro pero, al mismo tiempo, dijo estar dispuesta a comenzar una nueva relación de colaboración y respeto con Estados Unidos. Desde Washington, el presidente Donald Trump ha elogiado a Rodríguez y destacado la cooperación.
La disposición de Rodríguez a colaborar con Estados Unidos se ha materializado en aspectos concretos. A principios de enero, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que ya se encontraba en negociaciones con Estados Unidos “para la venta de volúmenes de petróleo”. A finales del mismo mes, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó una ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión de empresas extranjeras y semanas después hizo lo propio para el sector minero.
En febrero, Rodríguez recibió en Caracas al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y en marzo al secretario del Interior, Doug Burgum, cuya visita —además— estuvo enmarcada por el anuncio de ambos gobiernos sobre el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, que estaban rotas desde 2019.
Los analistas consultados coinciden en que todos estos hechos indican el fuerte interés que Estados Unidos tiene puesto en Venezuela, especialmente en el terreno económico. También dicen que hasta ahora no hay señales de que eso vaya a cambiar pronto, a pesar de que grupos de la oposición venezolana, como el encabezado por la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, desde antes de los sismos pedían acelerar una transición política.
Torrealba, del Instituto de Investigaciones Sociales, dijo que, hasta antes de la tragedia, algunos opositores veían con esperanza que Jorge Rodríguez se hubiera reunido el 18 de junio con Dinorah Figuera, quien fue presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, la última reconocida por una parte de la comunidad internacional.
Para estos grupos, señaló el académico, ese encuentro podría considerarse un primer paso en el camino a negociar una posible transición, la tercera fase del plan para Venezuela delineado por Estados Unidos. Sin embargo, advirtió, los sismos ahora interrumpen cualquier proceso que estuviera en marcha.
“La incertidumbre se refuerza”, dijo Torrealba. “Definitivamente, esa tercera fase podría dilatarse aún más. No era cierto cuándo se iba a implementar y ahora se ve aún más dilatada”.
Los sismos del 24 de junio representan uno de los mayores desastres naturales en la historia de Venezuela. A las 2.954 personas fallecidas, más de 16.000 heridas y más de 16.000 damnificadas, se suman cientos de edificios dañados e impactos económicos con un costo equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según una estimación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Un siniestro de este tamaño significaría un desafío enorme para cualquier gobierno pero, en el caso de Venezuela, la situación empeora porque ocurrió en una nación con instituciones debilitadas luego de 25 años de gobiernos chavistas, advierten los analistas consultados.
“El Estado no tiene cómo responder, le falta presupuesto, le falta personal, le faltan planes, liderazgo, equipos, maquinaria pesada”, dijo Gunson, del International Crisis Group.
En las calles, numerosos testimonios señalan que la respuesta gubernamental ha sido insuficiente y que muchas personas siguen atrapadas o desaparecidas.
Preguntada sobre esto durante una conferencia de prensa el jueves, la presidenta encargada rechazó que las autoridades hayan actuado con lentitud. En cambio, aseguró que en 24 horas se desplegaron 4.000 efectivos y que la cifra aumentó a 19.000 en poco tiempo, apoyados por rescatistas internacionales.
“El que quiera auditar la realidad, está a la disposición”, dijo. “Esa es la orden al Gobierno nacional: desplegarse y trabajar sin descanso, cuidar vidas y atender a los sobrevivientes como los vamos a atender y los estamos atendiendo. A pesar de la dificultad, todo el apoyo nacional e internacional”.
Dentro de este contexto, grupos de la oposición han intensificado sus críticas al Gobierno de Venezuela. En un video publicado el 29 de junio en su cuenta de X, la líder María Corina Machado dijo que está en Panamá y acusó al Gobierno de Venezuela de impedirle entrar al país para participar en las labores de ayuda.
“Esto no se trata de mí. Somos miles, millones que queremos estar juntos, un pueblo en duelo que necesita consolarse unido. En esta hora, yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar para coordinar y para servir a nuestra gente”, afirmó.
Desde Estados Unidos, sin embargo, no ven con buenos ojos las intenciones de Machado de volver a Venezuela en estos momentos.
Consultado sobre el tema, un portavoz del Departamento de Estado dijo a CNN el jueves en un correo electrónico: “El Gobierno de Trump está totalmente enfocado en continuar avanzando en nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela. Nuestra respuesta ha sido rápida y efectiva. Añadir cuestiones políticas sensibles en este momento resulta contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta a esta tragedia”.
Para Gunson, del International Crisis Group, mensajes como este muestran que Estados Unidos no ve al grupo encabezado por Machado como una alternativa viable para Venezuela.
“Estados Unidos no cree en la estrategia de María Corina Machado. No cree que ella y su gente sean capaces de manejar la situación. No lo creían antes y con el terremoto, menos”, dijo.
Oner, de la Universidad Internacional de Florida, señaló que muchos venezolanos pensaban que la débil respuesta del Gobierno de Rodríguez para atender los sismos haría que Estados Unidos repensara su apoyo, pero esto no ha sucedido.
Desde su perspectiva, esto indica que Estados Unidos —al menos por el momento— mantendrá su respaldo hacia la presidenta encargada, teniendo como prioridad la estabilidad de Venezuela y proteger sus intereses económicos y petroleros.
“Delcy sabe cómo hacer que su Gobierno sea útil para Washington atendiendo cada petición que llegue desde Estados Unidos. Esto hace probable que la Casa Blanca continúe apoyándola mientras empuja por reformas limitadas y cooperación, sin presionar seriamente para que haya elecciones o una transición democrática completa pronto”, dijo Oner. “Por ahora, una transición política está fuera del horizonte”.
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