Regresó a El Salvador por temor a ICE. Un fallo le permite volver a EE.UU. con sus hijas, pero el miedo persiste
Por Merlin Delcid, CNN en Español
Yesenia Ruano no soportaba vivir con miedo. El país en el que nacieron sus hijas gemelas se había vuelto un escenario hostil. El temor a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la hizo abandonar Wisconsin, donde vivía hacía 14 años, para regresar a El Salvador, un lugar que sus hijas no conocían. Un año después, un juez decidió que Ruano y su familia podrán regresar a Estados Unidos.
El fallo ordena al Gobierno del presidente Donald Trump permitir su reingreso “con el mismo estatus migratorio que tenía antes de su expulsión forzosa” y suspender las detenciones y deportaciones de todas las personas que tengan en vigencia un trámite de visa T, como ella, y U, de acuerdo con la resolución emitida el 20 de mayo por el juez André Birotte Jr. del Distrito Central de California.
La visa U se otorga a personas que han sido víctimas de crímenes violentos o que han sufrido abuso físico o mental, y la T, a quienes han sido víctimas de trata de personas.
El fallo del juez Birotte Jr., al que CNN tuvo acceso, también permite el reingreso de otras dos personas de diferentes nacionalidades y ordena que se revise la solicitud activa de visa T que, según Ruano, estaba en trámite cuando recibió la orden de deportación, pero las autoridades se negaron a frenar su proceso hasta conocer el resultado.
Visiblemente emocionada, Ruano dijo a CNN que recibió la noticia “muy contenta” porque considera que se ha hecho justicia.
“Yo quiero regresar por mis hijas, porque me da tristeza verlas. Un día antes de la noticia estaban llorando. Me decían ‘mami, yo quisiera regresar, ya no quieren estar aquí’ y les digo: no es mi decisión”, relató en su casa en Tamanique, un distrito en el departamento de La Libertad, a 40 kilómetros de San Salvador.
Sus hijas manifestaron su alegría de poder regresar al país que las vio nacer. “Cuando me dijeron que íbamos a irnos de regreso estaba emocionada, porque podría ver a primos, primas, a todas las personas que dejé allá”, explicó a CNN Elizabeth Ruano, una de las hermanas de 10 años, que se vieron forzadas a adaptarse a una nueva vida en El Salvador.
Actualmente cursan quinto grado en una escuela de la zona, pero las clases terminan en noviembre. Si viajan antes, no podrán terminarlo. “Van a perder un año de estudio”, dice resignada su madre.
El juez federal definió también que ICE no puede llevar a cabo un nuevo proceso de deportación en contra de Ruano hasta no conocer sí le otorgan la visa solicitada.
Durante el año que Ruano ha vivido en El Salvador junto a sus hijas y su esposo, Miguel Guerra, quien se autodeportó dos meses después que su familia, han trabajado en la construcción de su nueva vivienda en un terreno que compraron hace más de una década.
El dinero para construirla lo obtuvieron tras vender su casa en Estados Unidos. Por eso ahora, explica Ruano, deben terminar los trabajos y recortar algunos gastos para llevar dinero y reiniciar su vida en Milwaukee, Wisconsin.
El viaje de regreso a la vida en Estados Unidos podría no ser definitivo ya que el juez ordena que se le permita entrar a Estados Unidos, pero eso no garantiza que le otorgarán la visa solicitada.
Por eso, aunque el fallo causó alegría en esta familia, también despierta temores. “Da miedo, en el fondo, de que el Gobierno se tome algo en venganza y decir que no, porque lo pueden hacer”, admite Ruano.
Esa preocupación crece en el caso de su esposo, ya que no forma parte de la demanda colectiva en la que se acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de deportar ilegalmente a víctimas de delitos que contaban con solicitudes migratorias de protección aún pendientes de resolución.
El esposo de Ruano no tenía orden de deportación, pero decidió regresar de forma voluntaria para estar junto a su familia, explica. “Lo que me pone preocupado es qué pasará si solo ellas se van. Y yo no quería perder a mi familia y ahora si ellas se van. qué voy a hacer”, explica Guerra.
Su interés, dice, es ver crecer a sus hijas en Estados Unidos hasta los 18 años y luego “ellas decidirán si quieren quedarse”, agrega.
Por ahora, la familia debe esperar a que los abogados les confirmen la fecha para regresar a Estados Unidos y si Guerra es incluido en el beneficio, un trámite que, según Ruano, podría tardar un par de semanas.
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