EE.UU. suma presión y pone en aprietos a Sheinbaum con la acusación contra el Gobernador de Sinaloa
Análisis por Mauricio Torres, CNN en Español
Con la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en puerta, el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya tenía un desafío este año en su relación con la administración de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, el panorama se le ha complicado más en solo unas cuantas semanas, debido a la entrada al juego de otro factor que con frecuencia genera tensiones entre ambos países: la seguridad y el combate al crimen.
El primer hecho que abrió otro frente para el Gobierno de Sheinbaum fue la revelación sobre la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) durante un operativo en el estado de Chihuahua, en el norte de México, para desmantelar laboratorios clandestinos de drogas.
La Fiscalía de Chihuahua informó el 19 de abril que dos estadounidenses, a quienes identificó como instructores de la Embajada de ese país, murieron junto con dos funcionarios mexicanos en un accidente automovilístico cuando regresaban de esa operación antidrogas en el municipio de Morelos.
CNN y otros medios confirmaron días después que los fallecidos eran dos agentes de la CIA que trabajaban con autoridades mexicanas en operaciones contra el narcotráfico.
Desde que se dio a conocer la muerte de estas personas, Sheinbaum lamentó lo sucedido pero, al mismo tiempo, dijo que su Gobierno no estaba enterado de su presencia en territorio mexicano y reclamó al Gobierno de Chihuahua por la situación. Incluso, señaló que debe investigarse si hubo una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, que establece límites a la cooperación entre funcionarios mexicanos e instancias internacionales.
Pero no solo eso. Sheinbaum también aseguró que pediría explicaciones al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, e insistió en que su Gobierno no tolerará vulneraciones a la soberanía de México.
José Luis Valdés Ugalde, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a CNN que este episodio apunta cuando menos a dos escenarios. El primero, que el Gobierno de Chihuahua probablemente tenía trato directo con los agentes de la CIA, aunque la gobernadora María Eugenia Campos lo niegue. El segundo, que algunas autoridades de Estados Unidos desconfían del Gobierno de México.
“Eso de que lo hayan hecho por la esquina, por el lado chihuahuense, estatalmente hablando, sin necesidad de recurrir al Gobierno federal, habla de la muy mala relación que México tiene con Estados Unidos en términos de los grupos de inteligencia que participan en los operativos o no participan en los operativos mexicanos en contra de los cárteles”, expuso.
A la fecha, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía de Chihuahua tienen investigaciones abiertas para determinar bajo qué parámetros se produjo la presencia de los agentes de la CIA en el país.
A las tensiones causadas por la presencia de agentes de la CIA se sumó otro elemento esta semana.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este miércoles una acusación formal en contra del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, así como de otros nueve funcionarios y exfuncionarios, a quienes atribuye delitos de narcotráfico y armas por su presunta alianza con el Cartel de Sinaloa para traficar drogas a territorio estadounidense. Rocha y los demás implicados rechazan los cargos.
Las acusaciones contra Rocha representan un duro golpe no solo para él, sino también para Sheinbaum y el oficialista partido Morena, al que ambos pertenecen. La propia presidenta encaró la situación este jueves, cuando en su conferencia de prensa diaria señaló que la FGR revisará las solicitudes de detención con fines de extradición enviadas por Estados Unidos y actuará contra Rocha solo si considera que hay evidencia suficiente para ello.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, dijo.
Analistas consultados consideran que las acusaciones contra Rocha representan un incremento de la presión de Trump hacia Sheinbaum en materia de seguridad y plantean una disyuntiva a la mandataria: ignorar los señalamientos del Departamento de Justicia o respaldar un eventual proceso penal contra el gobernador.
“Esto pone a la administración de Sheinbaum frente a una atadura. Si actúa contra la acusación y deja que Rocha siga en el cargo y no actúa para extraditarlo a Estados Unidos, Estados Unidos se molestará y esto podría influir en las negociaciones sobre el T-MEC, que la administración de Trump al menos implícitamente liga a mejoras en seguridad y cooperación anticrimen”, dijo Vanda Felbab-Brown, académica de Brookings Institution especializada en política exterior y crimen organizado.
“Por otro lado, si Sheinbaum actúa a partir de la acusación y pone presión sobre Rocha para que deje el cargo, esto complicaría su relación con Morena, en especial con las fracciones cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador”, agregó.
Xóchtil Pimienta, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, coincidió en que Sheinbaum enfrenta “una situación muy compleja” porque no puede pasar por alto una acusación de este nivel, pero tampoco puede respaldarla de forma inmediata porque eso atentaría contra las leyes y el debido proceso en México.
Después de los hechos de las últimas semanas y de la acusación contra Rocha en particular, los analistas coinciden en que la presión de Estados Unidos hacia México probablemente crezca durante los próximos meses y afecte transversalmente todos los aspectos de la relación bilateral, desde la seguridad hasta el comercio pasando por la migración.
Según Felbab-Brown, incluso sería posible observar otras acciones de Estados Unidos contra figuras de la política mexicana, ya sean funcionarios en activo o retirados del cargo.
Para el Gobierno de Sheinbaum, las tensiones con Estados Unidos no son algo nuevo. Desde que Trump inició su segundo mandato presidencial el 20 de enero de 2025, ambos países han tenido desencuentros por temas como los aranceles o la propuesta de Trump para hacer operativos militares contra los carteles en territorio mexicano.
Frente a estos episodios, Sheinbaum repetidamente ha dicho que mantendrá “cabeza fría” con Estados Unidos, pero algunos especialistas subrayan que la acusación contra Rocha implica un salto cualitativo en las acciones de Washington y dudan sobre la efectividad de la estrategia que la mandataria ha seguido hasta ahora.
“Creo que la cabeza fría en este momento se está acabando. La diplomacia telefónica, personal, que tenía con Trump ya no importa. Trump está decidido a lanzar la presión hasta donde sea posible para que México responda”, dijo Valdés Ugalde, para quien Sheinbaum atraviesa por un momento clave en el que debe decidir si se deslinda o no de figuras cuestionadas de Morena, aunque algunas de ellas sean cercanas a López Obrador.
Por su parte, Pimienta consideró que Sheinbaum por lo pronto hizo lo correcto al decir que la Fiscalía de México será la que revise si las solicitudes de Estados Unidos tienen sustento para proceder o no. Sin embargo, advirtió, el final de este episodio y sus efectos aún están por verse.
“Ahora, la pregunta crítica es si el Gobierno mexicano va a actuar con rapidez, transparencia y autonomía o si la percepción va a ser que se está protegiendo a alguien”, dijo la especialista.
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