Corte de apelaciones mantiene bloqueo temporal al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones
Por Luis Quintana, CNN en Español
Una corte federal de apelaciones mantiene, tras una decisión dividida, un bloqueo temporal a la facultad del presidente Donald Trump de usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a presuntos miembros de una pandilla venezolana.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington falló por 2 votos a 1 que dos órdenes de tribunales inferiores que bloquean el uso de la amplia autoridad en tiempos de guerra por parte de Trump pueden mantenerse mientras se resuelve una impugnación legal a la invocación de la ley por parte del presidente.
La orden del juez James Boasberg, que bloquea el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para las deportaciones, ha estado en el centro de una creciente controversia política y legal desde su emisión la noche del 15 de marzo. Dos vuelos con personas que estaban siendo deportadas despegaron durante una audiencia de emergencia y no regresaron, lo que generó dudas sobre si su orden judicial fue ignorada intencionalmente.
Desde entonces, el Departamento de Justicia y Boasberg han tenido discusiones sobre la negativa del Departamento de Justicia a proporcionar más información sobre los vuelos, y Trump sugirió que Boasberg fuera destituido. Esto generó una inusual reprimenda del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
Trump había invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga al presidente una enorme autoridad para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados, para acelerar las deportaciones de migrantes. La ley está diseñada para ser invocada si Estados Unidos está en guerra con otro país, o si una nación extranjera ha invadido Estados Unidos o ha amenazado con hacerlo.
El fallo del tribunal de apelaciones del miércoles no estaba firmado. Sin embargo, las juezas Patricia Millett, designada por el expresidente Barack Obama, y Karen Henderson, designada por el expresidente George H.W. Bush, redactaron extensas opiniones explicando por qué coincidían con la decisión del tribunal.
El juez Justin Walker, designado por Trump durante su primer mandato, disintió, enfocándose en una cuestión técnica que planteó durante los argumentos orales del caso.
Walker afirmó que las reclamaciones presentadas por los deportados debían presentarse ante un tribunal de Texas y no en Washington.
El gobierno de Trump, afirmó, había demostrado “que las órdenes del tribunal de distrito amenazan con causar un daño irreparable a las delicadas negociaciones con potencias extranjeras sobre asuntos de seguridad nacional”.
Y ese perjuicio, añadió Walker, “sumado al interés público alegado en expulsar rápidamente a extranjeros peligrosos”, supera el deseo de los demandantes de presentar la demanda en Washington.
Se espera que el gobierno de Trump apele el fallo ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
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