En el limbo y sin jurisdicción: el panorama de los deportados por EE.UU. a El Salvador

Análisis de Karen Esquivel, Sol Amaya y Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Tras una semana de la deportación de 261 inmigrantes de EE.UU. a El Salvador, las preguntas sobre el proceso judicial que seguirán permanecen sin respuestas. Varios expertos consultados por CNN advierten que los detenidos están en una especie de limbo jurídico y sin una verdadera protección legal.

“La Constitución salvadoreña no ha previsto esta situación, pero además no hay ninguna ley que autorice al sistema carcelario a recibir detenidos, procesados o condenados de otras nacionalidades, lo que deja a los deportados en un limbo, porque no se sabe bajo jurisdicción de qué Estado están, si de EE.UU., que fue el país que los detuvo, o del Estado salvadoreño porque físicamente están en su territorio”, dijo a CNN el abogado constitucionalista Enrique Anaya.

Los detenidos llegaron en un vuelo el 16 de marzo al aeropuerto internacional de El Salvador y fueron trasladados de inmediato al Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), la prisión más grande del país, con capacidad para 40.000 reos y conocida por sus precarias condiciones de reclusión.

Según el Gobierno de EE.UU., algunos de los deportados son presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) dijo en una declaración ante un tribunal federal que hubo una evaluación cuidadosa de las afiliaciones a pandillas de los 261 deportados y que brindaron amplias descripciones de los delitos por los que fueron arrestados.

Los detenidos, cuyos nombres no han sido divulgados oficialmente, no han sido acusados formalmente en tribunal alguno ni condenados. Sin embargo, algunos familiares han reconocido a algunos de los deportados en los videos del traslado a El Salvador y aseguraron a CNN que no tienen vinculación con el Tren de Aragua.

Este domingo, Tom Homan, el “zar de la frontera” de EE.UU., rechazó las críticas al procedimiento de deportación de los venezolanos a El Salvador. “¿El debido proceso? ¿Cuál fue el debido proceso de Laken Riley?”, dijo Homan en “This Week” de ABC, refiriéndose a una estudiante de enfermería que fue asesinada por un inmigrante indocumentado venezolano. “¿Cuál fue el debido proceso de todas estas jóvenes que fueron asesinadas y violadas por miembros de Tren de Aragua… cuál fue su debido proceso?”, añadió Homan.

El responsable del crimen fue sometido a juicio y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos el 20 de noviembre.

Consultado sobre si algunos deportados no pertenecerían al Tren de Aragua, el presidente Donald Trump afirmó este viernes que, según le informaron, los inmigrantes “pasaron por un proceso de selección muy riguroso”.

Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) afirman que EE.UU. no presentó prueba alguna de que estas personas estuvieran vinculadas a una actividad criminal. “Ahí hay una violación básica de las obligaciones internacionales de EE.UU.”, dijo a CNN Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW.

Para su colega Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, con las deportaciones se llevaron a cabo intentos para sustraer a las personas de la jurisdicción de EE.UU. y del escrutinio judicial y público sobre violaciones a derechos humanos y agregó que, al encerrarlas en el Cecot, “quedan desconectadas del resto del mundo, sin comunicación con sus familiares, sus abogados, ni ningún recurso legal para intentar garantizar la defensa de sus derechos”.

Esto deja a los deportados en una situación “que no es posible verificar por autoridades independientes ni de Estados Unidos ni de El Salvador”, señala David Morales, jefe jurídico de la organización de derechos humanos Cristosal.

Según el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, los deportados que están en el Cecot permanecerán ahí durante un año, pero ese periodo podría extenderse.

Enrique Anaya señala que no hay claridad al respecto: “¿Quién va a decidir sobre la libertad de estas personas? Porque los jueces salvadoreños no tienen los expedientes para examinar si tienen antecedentes o si hay evidencia para que continúen detenidos. Este vacío es un problema”.

Con esta visión coincide Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una organización estadounidense de derechos humanos, quien apunta que “una de las primeras preguntas que hay que hacerle al Gobierno de El Salvador es bajo qué delitos van a mantener privados de la libertad a un grupo de personas no nacionales que no han cometido ningún crimen en ese país”.

“Hasta el momento se desconocen los antecedentes penales de los detenidos o las causas que estuvieran abiertas en EE.UU., pero incluso aquellas personas que tienen pasados criminales tienen derecho a un debido proceso”, puntualizó.

CNN ha consultado al gobierno de Bukele sobre este asunto, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

El Salvador obtendrá una compensación económica de US$ 6 millones por mantener presos a los deportados, y Nayib Bukele aseguró que el dinero ayudará a sostener el sistema penitenciario, que actualmente cuesta US$ 200 millones anuales.

David Morales, de Cristosal, una organización sin fines de lucro que trabaja por los derechos humanos y la protección de las víctimas de violencia en Centroamérica, dice que poco se sabe sobre el proceso penal a seguir ya que los traslados se realizaron fuera de todo marco jurídico nacional o internacional y sin garantías al debido proceso.

Resaltó que, al trasladar a estos inmigrantes a El Salvador, se les dejó bajo un sistema que “viola sistemáticamente los derechos humanos con prácticas de tortura, tratos inhumanos, confinamientos e incomunicación absoluta de las personas detenidas, de tal manera están prácticamente sustraídas de la protección de la ley”.

En marzo de 2022, el Gobierno de Bukele decretó el estado de excepción, que cumplirá tres años en vigor y que lo renueva cada mes la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista. Esta medida ha suspendido derechos constitucionales y el derecho a una defensa patrocinada por el Estado, lo que ha implicado el aumento masivo del encarcelamiento de ciudadanos y la protesta de varios grupos de derechos humanos. Bukele ha admitido que algunas personas inocentes han sido detenidas por error y que miles de ellas ya han sido liberadas.

Varias organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han criticado el trato que reciben los detenidos en el Cecot. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en 2023 un informe que habla de violaciones a derechos humanos en la megacárcel. El Gobierno de Bukele, en respuesta a una consulta de CNN, dijo que respeta los derechos humanos de quienes están bajo custodia “sin distinción de nacionalidad” e insistió en que su sistema penitenciario cumple con estándares de seguridad y orden.

“El Salvador tiene obligación de derechos humanos sobre las personas que están en su territorio, y EE.UU. tiene obligaciones por haber enviado a las personas a ese país, por eso hay casos que se siguen litigando en territorio estadounidense”, dijo Pappier.

La organización no gubernamental HRW hizo un llamado a quienes reconozcan a sus familiares entre los detenidos a contactarlos a través de su sitio web para documentar los casos y presentar la información a los abogados que están litigando los casos en EE.UU.

En tanto, en equipo de abogados de El Salvador que representan a familiares de algunos de los venezolanos detenidos en el Cecot pidieron este lunes a la Corte Suprema de Justicia de este país que evalúe la legalidad de la detención.

Ahora que están en El Salvador no está claro qué recursos legales, si es que hay alguno, tienen esos migrantes: ya no están bajo custodia de EE.UU., ni en su país de origen. Funcionarios estadounidenses sostienen que dependerá del presidente Bukele qué sucederá con ellos.

Jaime Ramírez Ortega, abogado especialista en Derecho Constitucional, también señala que los detenidos no cuentan con “ningún estatus jurídico que proteja sus derechos fundamentales”, dado que llegan a un confinamiento a El Salvador “sin haber cometido un delito en el país”.

Agregó que se desconoce si tienen acceso a un abogado y remarcó que los familiares no pueden contactarlos, de la misma manera que no se puede contactar a los salvadoreños detenidos en el régimen de excepción vinculado al delito de pertenecer agrupaciones ilícitas. “Lo más seguro es que estos venezolanos tampoco van a tener acceso a poder ver a sus familiares y es aquí donde se activan los protocolos internacionales”, consideró. En esa línea, sostuvo que la situación “violenta indudablemente tratados internacionales con respecto al tema de los derechos humanos de las personas y su acceso a una legítima defensa y a un debido proceso”.

Ramírez Ortega considera que el camino adecuado era la creación de un tratado internacional entre El Salvador y EE.UU. que marque las condiciones jurídicas, cuyo texto debería ser aprobado y ratificado por el Congreso salvadoreño.

Apuntó que el escenario está dado para que se vele por los derechos de los detenidos a través de instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) o a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “dado que en El Salvador es un tanto complicado querer mover el sistema judicial en favor de estas personas debido a que hay una concentración de poder”.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, Andrés Guzmán, dijo a CNN que si los familiares de un detenido creen que está detenido injustamente pueden acudir a su oficina, que tiene facultad de recibir la información y entregarla a instancias correspondientes. Esa comisión es una dependencia de la Presidencia de El Salvador.

“Lo que hacemos cuando nos llega cualquier caso, que nos pueden llegar todos los casos que quieran y todas las solicitudes que quieran, es llevarlos o enviarlos a las entidades encargadas, ya sea en este caso, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía o alguna instancia que sea de Cancillería para que se revise cada caso particular”, explicó Guzmán a CNN.

El funcionario también indicó que el trato a los deportados “es totalmente idéntico que cualquier otro privado de libertad dentro del sistema carcelario salvadoreño”.

Para el abogado penalista Misael Rivas, si la Corte Suprema de El Salvador tuviera constancia de que un detenido no tiene un proceso debidamente amparado, agotadas todas las instancias, debería dejarlo en libertad, tras lo cual se tramitaría un traslado hacia su país de origen.

Rivas dijo que los familiares podrían interponer un habeas corpus, pero para ello deberán contar con abogados locales debidamente autorizados y documentos como partidas de nacimiento certificadas y apostilladas.

El abogado también señaló que para que un juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena tenga jurisdicción sobre los casos, debe tener los detalles en “un expediente debidamente diligenciado con todas las firmas y con todas las auténticas y certificaciones correspondientes, incluso apostilla”, para que tenga validez en el país.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Colaboraron con este reporte Merlín Delcid, Priscilla Alvarez, Michael Rios, Norma Galeana, Alejandra Jaramillo e Ivonne Valdés