Corren riesgo de destrucción documentos de la Armada que pueden servir para investigar crímenes de la dictadura argentina

Por Betiana Fernández Martino, CNN en Español

Carlos Lordkipanidse podía sentir a su bebé recién nacido en el cuerpo. La memoria de su piel en contacto con su pecho, los débiles latidos rebotando contra los suyos, la respiración suave de un recién nacido que no llega al mes de vida. Carlos podía sentir el calor de su hijo Rodolfo apoyado en su cuerpo y el contraste con ese cuarto frío y húmedo, pero no podía abrazarlo. Sus manos, atadas a una cama con tubos neumáticos internos de bicicleta no lo dejaban defenderlo ni defenderse de la picana eléctrica que le pasaban los uniformados. No tenía forma de saber cuánto de esa electricidad que él soportaba le estaba llegando a su hijo.

“Traigan al bebé” había dicho unos minutos antes el capitán Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, exjefe de Inteligencia del Grupo de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la Marina y uno de los hoy condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la mega causa ESMA. Carlos podía escuchar claramente a Liliana, su pareja, gritando en una habitación contigua: “El bebé no, el bebé no, devuélvanmelo”.

Atado de pies y manos a Carlos le insistían entre golpes, bastonazos, insultos y amenazas, que “cante”, que colabore con información que pudiera servirle a los militares. Carlos se negaba a hablar, pero los gritos de dolor propios y ajenos llenaban el silencio.

Tras la orden de Acosta, otro de los militares entró al cuarto con su bebé en brazos: “Si no cantás, le reventamos la cabeza contra el piso”, lo amenazaban. Cansado de su resistencia, Acosta ordenó que le pusieran a su bebé recién nacido en el cuerpo. Cuando lo tuvo encima, el militar empezó a pasarle la picana eléctrica por los brazos: “Ya vamos a ver si tenés algo que decir o no”, le repetía.

Carlos, que relató su paso por la ESMA a CNN, es uno de los sobrevivientes de la última dictadura argentina y uno de los querellantes de la mega causa ESMA, una de las principales causas por la que fueron juzgados 1.117 militares en Argentina. Según sus abogados, en su secuestro habrían participado al menos 30 efectivos de forma directa, y miles durante su estancia en el edificio militar, pero muchos de ellos podrían ya no ser identificados por una decisión del Gobierno de Javier Milei.

En enero de este año se dio a conocer una resolución en la que la Armada daba permiso de depurar y triturar documentación de su Archivo General, de cara a una mudanza. A pesar de que las cúpulas militares del período de facto se deshicieron de gran parte del material que comprobaba los delitos llevados adelante por los militares, según confirman los abogados que participaron de los juicios, el archivo conservado también ha servido como puntapié para identificar a muchos de los involucrados.

“Los archivos han tenido la virtud de develar la participación de algunos funcionarios, ya sea de la Marina, de la Policía, que no habían sido reconocidos de otra manera. Por ejemplo, ha habido un tramo de la causa en donde fueron imputadas una serie de personas porque apareció un legajo disciplinario que daba cuenta de que había habido un procedimiento, en el que se dedicó a saquear dos viviendas en donde previamente habían sido secuestradas personas. Eso se obtuvo a partir de los archivos, de otra manera nadie conocía la existencia de esa gente”, explica Adrián Krmpotic, que junto con Ariel Noli son dos de los abogados que forman parte de la querella de la mega causa ESMA.

Krmpotic agrega: “El grueso de la documentación que verdaderamente hubiera servido para dilucidar quién, cómo y cuándo participó, ya fue destruida por una Orden general de la Armada previo a las elecciones del 83. Lo que quedó es un poco de aquella documentación que no puede ser destruida porque es necesario consultarla cada vez que un marino debe ascender o cuando solicita un beneficio previsional, etcétera”.

Tal es el caso de Horacio Luis Ferrari, condenado en diciembre pasado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad contra 240 víctimas en ese centro clandestino que, a través de documentación de la Armada como recibos de sueldo, boletines navales y legajos de otros oficiales -entre otros- pudieron certificar su participación en torturas y desapariciones, según se desprende del fallo que lo juzgó.

Cuando Carlos Lordkipanidse se enteró de la resolución de la Armada en la que se habilitaba a depurar y triturar parte del archivo, se contactó con sus abogados que presentaron un escrito en la justicia solicitando que intervenga para exigirle al estado medidas de no innovar, es decir, no destruir ningún archivo.

Tras el pedido de distintos abogados de víctimas y familiares, finalmente la justicia dictó una medida preventiva para que no se modifique ni se altere la documentación archivada.

CNN hizo un pedido de acceso a la información para verificar si algún documento había sido intervenido desde que se dictó la resolución. Según respondieron desde la Dirección de Transparencia Institucional del Ministerio de Defensa, ninguna documentación fue destruida. Sin embargo, los abogados y la querella dudan de los procedimientos internos y exigen una revisión ocular para confirmar la respuesta oficial.

Ya en 2024, el Ministerio de Defensa había desvinculado parte del Equipo de Relevamiento y Análisis encargado de revisar la documentación para poder dar con los acusados. Sin su trabajo, explican los sobrevivientes, encontrar nuevas pruebas en el archivo es una tarea difícil.

Las organizaciones de familiares de víctimas y sobrevivientes calculan que en el país funcionaron cerca de 600 centros clandestinos de detención entre 1976 y 1983, los años que duró la dictadura, por eso los involucrados para que estos operativos funcionen se calculan en decenas de miles. Si se hiciera la cuenta, hoy los militares que han sido juzgados no llegarían a ser dos por cada centro clandestino.

Ante la consulta de CNN sobre las inquietudes por las investigaciones que podrían verse afectadas de avanzar en la destrucción del archivo, vocería presidencial no hizo comentarios directos sobre este tema y resaltó la postura oficial en la que se cuestiona a los organismos de derechos humanos y el número de los 30 mil desaparecidos.

En ese sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció esta mañana la desclasificación de la información vinculada con las Fuerzas Armadas que está en poder de la SIDE, una medida basada en el Decreto 4/2010, que había firmado la expresidenta Cristina Kirchner en 2010 y que, según Adorni, “nunca había sido implementado en su totalidad”. Sin embargo, no dio detalles de cómo se trabajará en la revisión del material ni qué sucederá con la decisión inicial de la Armada sobre la innovación de su archivo.

Carlos dijo que permaneció bajo el control de los militares hasta septiembre de 1983, casi 5 años después de haber sido secuestrado. A su hijo Rodolfo y su pareja Liliana, los militares los dejaron en libertad bajo vigilancia al poco tiempo de secuestrarlos. Cuando Carlos salió del cautiverio, pudo escapar del país junto a su familia con la ayuda de Madres de Plaza de Mayo. Años después, regresó a Argentina donde aún reside. Hoy, asegura que “el objetivo final de la destrucción del material es perpetuar la impunidad”. Sin embargo, insiste en la importancia de luchar “contra el ocultamiento de la información y perseguir la verdad y la justicia”.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.