Departamento de Justicia despide a funcionarios que investigaron a Trump y lanza “proyecto especial” sobre el 6 de enero
Por Hannah Rabinowitz, Katelyn Polantz y Paula Reid, CNN
Más de una docena de funcionarios que trabajaron en las investigaciones penales sobre Donald Trump fueron despedidos, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Una carta del secretario de Justicia en funciones, James McHenry, a los funcionarios decía que no se puede “confiar” en ellos para que apliquen “fielmente” la agenda de Trump.
“Ustedes jugaron un papel significativo en la persecución contra el presidente Trump. El buen funcionamiento del gobierno depende críticamente de la confianza que los funcionarios superiores depositan en sus subordinados”, escribió McHenry. “Dado su papel significativo en el enjuiciamiento del presidente, no creo que el liderazgo del Departamento pueda confiar en usted para ayudar a implementar fielmente la agenda del presidente”.
Los despidos se producen cuando el Gobierno de Trump está tomando medidas concretas para investigar a los fiscales que supervisaron los casos penales contra los acusados del 6 de enero después de que Trump prometiera buscar represalias como una promesa clave de su campaña, según múltiples fuentes que vieron un memorando interno sobre el asunto.
Ed Martin, fiscal estadounidense interino en Washington, puso en marcha una investigación sobre los fiscales que presentaron cargos de obstrucción bajo el Código de Estados Unidos 1512 (c) contra algunos agitadores que finalmente fueron desestimados debido a una decisión de la Corte Suprema el verano pasado.
Al referirse al esfuerzo como un “proyecto especial”, Martin escribió en el memorando emitido este lunes que los abogados deben entregar “toda la información que tengan relacionada con el uso de los cargos 1512, incluyendo todos los archivos, documentos, notas, correos electrónicos y otra información” a dos de los fiscales de mucho tiempo de la oficina que deben presentar un informe sobre la investigación antes del viernes.
“Obviamente, el uso fue un gran fracaso de nuestra oficina –decisión de la Corte Suprema– y tenemos que llegar al fondo de la misma”, dice el memorando, en referencia a la sentencia de la Corte de Suprema de junio que limitó el poder de los fiscales federales para perseguir cargos de obstrucción contra los agitadores del 6 de enero.
La petición de documentos se extiende también a los fiscales que han abandonado la fiscalía.
La medida ocurre en un momento en que el Departamento de Justicia ya ha sufrido una drástica reorganización al ser reasignados funcionarios relacionados con investigaciones de alto perfil, incluido el caso ahora desestimado contra el propio Trump por sus esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020.
Los fiscales que trabajaron en los casos del 6 de enero dijeron a CNN que el memorando aumenta la preocupación de que el Departamento de Justicia de Trump esté comenzando a “investigar a los investigadores”, como ha amenazado durante mucho tiempo. Una persona que trabajó en casos de disturbios en el Capitolio dijo a CNN que los fiscales no saben si esta investigación busca presentar cargos penales o civiles, y que algunos están empezando a contratar a sus propios abogados para su defensa.
Un alto funcionario de la administración familiarizado con el correo electrónico de Martin describe esto como una misión de “investigación”, y señala un “enorme desperdicio de recursos”.
“La oficina anterior metió la pata presentando cientos de casos que acabaron siendo desestimados por la Corte Suprema, merece la pena llegar al fondo de la mala toma de decisiones”, dijo la persona.
CNN se puso en contacto con el Departamento de Justicia para solicitar sus comentarios.
Martin, un activista y analista de línea dura y socialmente conservador que fue organizador del movimiento “Stop the Steal”, fue elegido para el cargo la semana pasada. Desde que asumió el cargo, ha elogiado a Trump por conceder indultos masivos a acusados el 6 de enero.
También presionó con éxito a un juez para que anulara las restricciones de viaje impuestas a los miembros de los Oath Keepers tras su puesta en libertad: “Si un juez decidiera prohibir a Jim Biden, al general Mark Milley o a cualquier otra persona visitar la capital de Estados Unidos —incluso después de recibir un indulto preventivo de última hora del expresidente—, creo que la mayoría de los estadounidenses se opondrían. Las personas a las que se hace referencia en nuestra moción han visto conmutadas sus sentencias, punto, fin de la sentencia”.
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