Se avecina una dramática disputa institucional en Corea del Sur mientras Yoon enfrenta un juicio político y posible arresto
Por Helen Regan, Gawon Bae y Yoonjung Seo
Corea del Sur parece encaminarse a un dramático enfrentamiento político esta semana, cuando comience el proceso de juicio de destitución del presidente suspendido, Yoon Suk Yeol, quien permanece escondido en su residencia fortificada evadiendo el arresto por una investigación criminal separada.
La breve declaración de ley marcial por parte del atribulado líder en diciembre desencadenó indignación pública y protestas generalizadas y sumió al país en su mayor crisis política en décadas.
Durante semanas, Yoon se ha atrincherado en su complejo en la ladera de una colina en la capital, Seúl, rodeado por su equipo del Servicio de Seguridad Presidencial (PSS), mientras que fuera de las puertas, cientos de sus partidarios conservadores acérrimos han prometido protegerlo.
Yoon indicó a través de su abogado que no asistirá a la primera audiencia formal en su juicio político el martes, citando preocupaciones de seguridad relacionadas con los esfuerzos para detenerlo para interrogarlo, según la Agencia de Noticias Yonhap de Corea del Sur.
El exfiscal convertido en político fue despojado de sus poderes presidenciales el mes pasado después de su declaración de la ley marcial, y es buscado para ser interrogado en múltiples investigaciones, incluidas acusaciones de que encabezó una insurrección, un delito que se castiga con cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Yoon sostiene que actuó legítimamente al declarar la ley marcial y considera que la orden es “ilegal e inválida”. Ha dicho a sus partidarios que “luchará hasta el final”.
Los partidarios de Yoon temen que lo detengan si sale de su residencia para asistir a las audiencias de destitución. Los manifestantes rivales también han desafiado las bajas temperaturas para pedir su arresto.
Los investigadores anticorrupción están decididos a ejecutar la orden de arresto contra Yoon; es la primera vez que se toma una medida de este tipo contra un presidente en funciones.
Las tensiones estallaron a principios de este mes cuando los investigadores intentaron detener a Yoon en su residencia, lo que resultó en un dramático enfrentamiento que duró horas entre docenas de policías y un “muro humano” de alrededor de 200 soldados y miembros del equipo de seguridad presidencial.
El intento de arresto fue posteriormente cancelado porque los investigadores alegaron la seguridad de las personas en el terreno, aunque la orden de arresto fue extendida.
En un aparente esfuerzo por frustrar un segundo intento esperado de detener a Yoon, se han colocado alambres de púas en las paredes alrededor del complejo y las entradas han sido bloqueadas por vehículos, según un video compartido la semana pasada por JTBC, afiliada de CNN.
Yoon también presentó denuncias legales contra quienes intentaron arrestarlo, incluido el jefe de la agencia estatal anticorrupción.
Yoon anuló rápidamente su declaración de ley marcial a altas horas de la noche el 3 de diciembre, después de que los legisladores empujaron a las fuerzas de seguridad que bloqueaban su camino hacia el parlamento y rechazaron el decreto.
La Asamblea Nacional votó entonces a favor de destituir a Yoon después de que varios miembros de su propio partido gobernante se volvieran en su contra. El Parlamento también votó a favor de destituir al primer ministro y presidente interino del país, Han Duck-soo. El ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, es ahora presidente interino.
El Tribunal Constitucional del país tiene la última palabra sobre el destino político de Yoon y Han, y determinará si serán destituidos formalmente de sus cargos o reinstalados.
Los argumentos orales para el juicio de Yoon comienzan el martes, con cinco sesiones programadas hasta el 4 de febrero. Si Yoon no se presenta el martes, se realizará una segunda audiencia el jueves, con o sin su presencia.
El tribunal tiene hasta 180 días para decidir si confirma o rechaza la votación de impeachment y prometió hacer del caso una “máxima prioridad”.
Lo que complica las deliberaciones del tribunal es que el tribunal de nueve miembros actualmente sólo cuenta con ocho jueces, debido a una demora en llenar las vacantes dejadas por los jueces jubilados.
El presidente interino Choi recientemente llenó dos de las tres vacantes en el tribunal designadas por el parlamento, y los puestos restantes serán revisados por el tribunal a finales de este mes.
Según la Constitución de Corea del Sur, al menos seis jueces deben aprobar un juicio político para que este sea válido.
Si el Tribunal Constitucional confirma el impeachment de Yoon, éste se convertiría en el presidente con menos tiempo en el cargo en la historia democrática de Corea del Sur. El país deberá entonces celebrar nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
Si bien Yoon ha sido suspendido del ejercicio de sus poderes, no ha sido oficialmente destituido de su cargo, lo que significa que aún tiene inmunidad presidencial frente a la mayoría de los cargos penales, excepto los de insurrección o traición.
La policía, el ejército y el organismo anticorrupción de Corea del Sur han formado un equipo de investigación conjunto para examinar los cargos de insurrección y abuso de poder contra Yoon. Mientras tanto, los fiscales están investigando a figuras clave implicadas en la operación de la ley marcial, incluidos los comandantes y el ministro de Defensa .
Yoon se ha negado a responder a tres citaciones en las últimas semanas pidiendo su cooperación, según la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango (CIO).
Mientras tanto, los investigadores de corrupción parecen estar avanzando con su segundo intento de arrestar al presidente suspendido.
El domingo, el CIO dijo que había pedido al Ministerio de Defensa y al equipo de seguridad presidencial cooperación para hacer cumplir la orden de arresto y registro contra Yoon.
Gran parte de la atención se ha centrado en el equipo de seguridad presidencial, el PSS, al que se ha acusado de actuar como guardaespaldas personales de Yoon. Anteriormente, el CIO dijo que “es prácticamente imposible ejecutar una orden judicial” en la residencia de Yoon mientras se mantenga la seguridad allí.
El CIO pidió el domingo al Ministerio de Defensa del país que garantice que los soldados enviados al equipo de seguridad que protege a Yoon no interrumpan los esfuerzos para arrestarlo.
También dijo que el equipo de seguridad debe evitar un “acto ilegal” como movilizar al personal de seguridad para trabajos fuera de sus funciones, y advirtió que cualquier interrupción podría resultar en un castigo penal.
También existe cierta confusión sobre qué organismo tiene jurisdicción para ejecutar la orden de arresto. Los abogados de Yoon acusaron el lunes a la policía de ser cómplice de un “arresto ilegal y abuso de poder” y que “cualquier prueba obtenida mediante tales acciones sería considerada ilegal”.
Los abogados de Yoon sostienen que la orden judicial debería ser ejecutada por el CIO, no por la policía. Sin embargo, la legislación surcoreana establece que la policía está autorizada a ayudar a otras autoridades en el desempeño de sus funciones públicas.
El viernes, el jefe del PSS de Yoon, Park Chong-jun, presentó su renuncia antes de ser interrogado por la policía sobre su papel en el bloqueo del arresto de Yoon, según el equipo de seguridad.
Una vez que se haya ejecutado la orden, comenzará una cuenta regresiva de 48 horas para que los investigadores detengan e interroguen a Yoon. La CIO tendría que solicitar otra orden dentro de ese período para arrestarlo formalmente.
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