ANÁLISIS | Las apelaciones de Trump para anular su eliminación de las boletas electorales plantean argumentos constitucionales existenciales
Melissa Velásquez Loaiza
(CNN) — El expresidente de Estados Unidos Donald Trump es uno de los litigantes más frívolos de Estados Unidos, cuyas demandas por disputas comerciales y afirmaciones falsas de fraude electoral a menudo no provocaron más que risa.
Pero las apelaciones gemelas que Trump ha presentado después de haber sido excluido de las elecciones en Colorado y Maine no encajan en su patrón normal de utilizar la ley para retrasar e interrumpir momentos de responsabilidad personal. Estos esfuerzos podrían ser interesados y provocados por su propia conducta antidemocrática en 2020. Pero también son raros ejemplos de cómo el expresidente plantea una cuestión constitucional vital que debe resolverse con urgencia. Trump ha apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el asunto de Colorado y ante un tribunal estatal en Maine. En última instancia, si el tribunal superior no logra resolver la cuestión en todo el país, las elecciones de 2024 podrían convertirse en un caos.
Trump está impugnando las decisiones de la Corte Suprema de Colorado y del secretario de Estado demócrata de Maine de descalificarlo en virtud de la prohibición de la 14ª Enmienda a los “insurrectos” a raíz del ataque de una turba de sus partidarios al Congreso que siguió a su campaña para anular las elecciones de 2020.
En su petición ante la Corte Suprema este miércoles sobre el asunto de Colorado, Trump argumentó que no participó en una insurrección; que su elegibilidad debería ser determinada por el Congreso, no por los tribunales; y que la prohibición insurreccional no se aplicaba a la Presidencia en ningún caso. En una presentación anterior ante el tribunal superior, el Partido Republicano de Colorado, que también es parte en el caso, había advertido sobre consecuencias nacionales “catastróficas” si se permitía que se mantuviera el fallo de la Corte Suprema estatal, porque conduciría a interminables disputas a nivel nacional sobre la elegibilidad de los candidatos y podría dar lugar a afirmaciones de insurrección “nebulosas”. En su presentación de este martes ante el tribunal de Maine, Trump argumentó que la secretaria de Estado, Shenna Bellows, “tomaba decisiones sesgadas” y carecía de autoridad legal para escuchar una impugnación que buscaba descalificarlo para el cargo.
Trump apela la decisión que lo excluyó de las elecciones primarias de Maine
Cualquier fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sería la última palabra sobre si Trump es elegible para aparecer en las elecciones primarias en Colorado, Maine y otros estados donde se cuestiona su elegibilidad. Una de las razones por las que el tribunal está bajo intensa presión para tomar el caso de Colorado es para aclarar el significado de la Sección 3 de la 14ª Enmienda, que dice que ninguna persona podrá ocupar ningún cargo en los Estados Unidos si, “habiendo prestado previamente un juramento… para apoyar la Constitución de Estados Unidos, haya participado en una insurrección o rebelión contra los mismos, o haya brindado ayuda o consuelo a sus enemigos”.
En un sentido más práctico, la responsabilidad de intervenir recae en la Corte Suprema porque una situación en la que algunos estados deciden excluir a un candidato basándose en su propia interpretación de la enmienda y otros no es insostenible no solo para las elecciones de 2024 sino también para la democracia estadounidense en las generaciones venideras.
Las preguntas clave se basan en si las falsedades de Trump sobre el fraude electoral de 2020, su llamado a sus partidarios a reunirse en Washington el 6 de enero de 2021, y a “luchar como el infierno” para salvar a su país antes de que los disturbios equivalgan a participación en una insurrección. Incluso si lo hacen, la pregunta entonces es: ¿quién tiene el poder de tomar la determinación de que alguien es un insurreccional? ¿Tienen los interesados derecho al debido proceso para decidir la cuestión? Incluso entre sus 91 cargos penales, de los que se ha declarado inocente, Trump no ha sido acusado formalmente de insurrección. La 14ª Enmienda se aplicó ampliamente después de la Guerra Civil para descalificar a exconfederados para cargos públicos, pero su uso fuera de ese contexto prácticamente no ha sido probado, ciertamente en lo que respecta a un expresidente.
La Corte Suprema de Colorado concluyó en su sorprendente decisión del mes pasado que Trump sí incitó a una insurrección y, incluso cuando el asedio al Capitolio de Estados Unidos estaba en pleno desarrollo, continuó apoyándola abierta y directamente. En Maine, Bellows escribió que si bien ningún secretario de Estado había privado jamás a un candidato presidencial del acceso a las urnas basándose en la 14ª Enmienda, “ningún candidato presidencial había participado jamás en una insurrección”.
Este es exactamente el tipo de nudo constitucional que la Corte Suprema de Estados Unidos fue creada para deshacer.
“Estamos hablando de la Constitución de Estados Unidos, es la Corte Suprema de Estados Unidos la que tiene la última palabra sobre lo que significa, y nunca antes habían hablado sobre esto”, dijo este miércoles la analista legal de CNN Jennifer Rodgers.
¿Qué es la 14° Enmienda y qué hay que saber sobre los esfuerzos para excluir a Trump de la boleta electoral de 2024?
La enmienda 14 y Trump 2:50
Trump establece otro precedente más
Cualquier candidato presidencial ordinario con la montaña de problemas legales que se ciernen sobre Trump habría sido expulsado de la carrera hace mucho tiempo. Pero fiel a su forma, el expresidente ha prosperado políticamente –al menos entre los votantes republicanos en las encuestas preprimarias– con cada acusación, cargo y ficha policial.
Pero después de los dramáticos acontecimientos legales más recientes, vale la pena reflexionar sobre la naturaleza sin precedentes de la prueba que Trump está planteando una vez más a la infraestructura de la democracia estadounidense y el Estado de derecho.
Y algunos de los argumentos que presenta ahora también parecen bastante ricos, ya que busca un nivel de protección para las opciones individuales de los votantes que intentó negarles cuando intentó robarle la victoria al presidente Joe Biden en 2020.
“En nuestro sistema de ‘gobierno del pueblo, por el pueblo (y) para el pueblo’, el fallo de Colorado no es ni puede ser correcto”, decía el escrito de Trump ante la Corte Suprema de Estados Unidos. “Esta Corte debería otorgar certiorari para considerar esta cuestión de suma importancia, revertir sumariamente el fallo de la Corte Suprema de Colorado y devolver a los votantes el derecho a votar por su candidato preferido”.
En su presentación anterior contra el fallo de la Corte Suprema de Colorado, los abogados del Partido Republicano estatal presentaron un argumento similar, alegando que al excluir a Trump de la boleta, los jueces habían cometido una “usurpación de los derechos del pueblo a elegir a sus funcionarios”. Tales preocupaciones estaban lejos de la mente de Trump cuando, por ejemplo, presionó a funcionarios locales en Georgia para que encontraran los votos que necesitaba para anular la victoria de Biden en el crítico estado indeciso y cuando hizo múltiples afirmaciones falsas de fraude electoral, varias de las cuales fueron rechazadas por la Corte Suprema de Estados Unidos, en un intento por permanecer en el poder contra la voluntad de los votantes que querían que se fuera.
Donald Trump
Y la insistencia de Trump en su presentación legal de que había llamado a sus seguidores a protestar pacíficamente mientras el Congreso se reunía para certificar la victoria electoral de Biden también pone a prueba la credulidad. En los días y semanas previos a los disturbios del 6 de enero, Trump alentó repetidamente a sus seguidores con un lenguaje combativo. “Luchamos como el infierno. Y si no luchan como el infierno, ya no tendrán país”, dijo el expresidente a la multitud en la Elipse el 6 de enero de 2021. Sin embargo, los partidarios de Trump y sus abogados han argumentado que él también pidió a sus seguidores que marcharan hacia el edificio del Capitolio “de manera pacífica y patriótica”, y que ese era su mensaje clave a pesar de días y semanas de llamar a su pueblo a luchar.
Pero el exabogado de Trump en la Casa Blanca, Ty Cobb, le dijo a Erin Burnett de CNN este miércoles que el caso se basaba en si la prohibición insurreccional de la 14ª Enmienda se relaciona con el propio presidente. “Creo que la cuestión no es si Trump participó o dio algún consuelo a los insurrectos”, dijo Cobb. “Pero si el artículo 3 de la 14ª Enmienda realmente se aplica al presidente, creo que, lamentablemente, Trump tiene la mano ganadora según la Constitución”.
La fachada de la Corte Suprema de Colorado en Denver, el 20 de diciembre de 2023. (Crédito: Kevin Mohatt/Reuters)
Cobb señaló que el artículo en cuestión no menciona específicamente al presidente. Y dijo que el juramento que hace un presidente para preservar, proteger y defender la Constitución es diferente al que hacen otros funcionarios para “apoyarla”, citado en el artículo 3. Esto, dijo, respalda la idea de que un presidente es distinto de otros funcionarios públicos mencionados en la 14ª Enmienda.
La cuestión del acceso de Trump a las boletas es crítica antes de las próximas elecciones, pero su resolución también podría ser vital para alejar el espectro de otra votación disputada que sólo crearía nuevas fracturas en la unidad nacional.
“Es realmente esencial que la Corte Suprema aborde el tema de frente para las elecciones generales, y ciertamente antes de que se abran las votaciones del Colegio Electoral el 6 de enero (2025)”, dijo el destacado abogado electoral conservador Ben Ginsberg en CNN este martes. “Porque una de las pocas cosas que los miembros del Congreso pueden hacer es oponerse a las calificaciones de los candidatos presidenciales, y ese no es un tema que quieran litigar por primera vez en el pleno del Congreso el 6 de enero”.
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Las amplias afirmaciones de Trump sobre el poder ejecutivo (y lo que podrían significar en el futuro)
Las apelaciones de Trump sobre las descalificaciones de las boletas electorales de Colorado y Maine (que han sido suspendidas en espera de los procedimientos judiciales en curso) no son el único litigio constitucional importante en el que está involucrado actualmente. Mientras el expresidente acelera su campaña para las asambleas electorales de Iowa el 15 de enero, la próxima semana un tribunal federal de apelaciones en Washington escuchará su intento de revocar un fallo de un tribunal inferior contra sus reclamaciones de inmunidad presidencial. Argumenta que su intento de interferir en las elecciones de 2020 no fue más que un ejercicio adecuado de sus poderes como presidente para garantizar una votación libre y justa.
Trump y su equipo están haciendo planes para que él asista a los argumentos, informó CNN este miércoles. Como ya ha hecho antes, probablemente intentará aprovechar el día con fines políticos. De hecho, este caso parece encajar mucho mejor en el modelo de Trump de utilizar la ley para retrasar la rendición de cuentas. Y sus argumentos desafían el principio de que ningún estadounidense está por encima de la ley, lo que implica que, en última instancia, los presidentes no son responsables de sus acciones en el cargo.
En sus propios documentos presentados en el caso, el fiscal especial Jack Smith advirtió que la afirmación de Trump de un amplio poder presidencial “amenaza con otorgar licencias a los presidentes para que cometan delitos para permanecer en el cargo”. Smith ya ha solicitado sin éxito a la Corte Suprema que se ocupe del asunto, pero el caso bien podría encaminarse en esa dirección después de que el tribunal de apelaciones falle, un factor que ayudará a decidir si el juicio comienza el 4 de marzo como estaba previsto.
En su informe, Smith también esbozó un panorama siniestro de cómo un futuro presidente podría utilizar las dispensas reclamadas por Trump. Argumentó en contra de otorgar “inmunidad de procesamiento penal a un presidente que acepta un soborno a cambio de otorgar un lucrativo contrato gubernamental al pagador; un presidente que ordena al director del FBI que plante pruebas incriminatorias a un enemigo político; un presidente que ordena a la Guardia Nacional matar a sus críticos más destacados; o un presidente que vende secretos nucleares a un adversario extranjero, porque en cada uno de estos escenarios, el presidente podría afirmar que simplemente estaba ejecutando las leyes; o comunicándose con el Departamento de Justicia; o en el ejercicio de sus facultades como comandante en jefe; o participar en la diplomacia extranjera”.
Ésta no es una cuestión académica en una elección en curso en la que el otrora y posiblemente futuro presidente prometió utilizar un segundo mandato para castigar a sus enemigos y adoptó una plataforma cada vez más extrema y autocrática.
El hipotético argumento legal de Smith podría ser un vistazo al futuro.
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