La liberación de presos palestinos arroja luz sobre el polémico sistema de justicia israelí en la Ribera Occidental ocupada
Alexandra Ferguson
(CNN) — Fatima Shahin pasó siete meses en una prisión israelí. Las autoridades la acusaron inicialmente de intento de asesinato de un israelí en la Ribera Occidental ocupada, pero nunca fue acusada formalmente de ningún delito.
Este viernes fue liberada esta mujer de 33 años de Belén, una de los 39 palestinos liberados ese día a cambio de rehenes israelíes en el marco de la tregua entre Israel y Hamas.
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Hasta este miércoles, Israel había liberado a 180 presos y detenidos palestinos y Hamas a 81 rehenes.
Al igual que Shahin, la mayoría de los liberados hasta ahora, 128 de los 180, estaban detenidos y no habían sido acusados, juzgados ni se les había dado la oportunidad de defenderse. Algunos dicen que ni siquiera se les dijo por qué estaban detenidos.
Algunos de los palestinos estaban recluidos en virtud de un oscuro sistema de justicia militar que teóricamente permite a Israel retener a personas durante periodos indefinidos sin juicio ni cargos.
Israel cuenta con dos sistemas de justicia distintos en la Ribera Occidental desde que capturó la zona en 1967. Los palestinos que viven allí están bajo la jurisdicción del sistema de tribunales militares de Israel, donde los jueces y fiscales son soldados israelíes uniformados. Mientras tanto, los colonos judíos están sujetos a tribunales civiles.
Un asesor jurídico del Departamento de Derecho Internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel declaró el miércoles a CNN que existían diferentes sistemas porque, según el derecho internacional, Israel no puede “exportar” su propio sistema jurídico a la Ribera Occidental.
B’Tselem, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, una organización no gubernamental, dice que los tribunales “sirven como uno de los sistemas centrales que mantienen el control de Israel sobre el pueblo palestino”.
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Shahin dijo que, mientras estuvo detenida, se le negó el acceso a un abogado y se le prohibió hablar con su familia, mientras se recuperaba de las lesiones que le cambiaron la vida y que sufrió durante su detención.
“Me acusaron de llevar a cabo un apuñalamiento. No es cierto. Abrieron fuego contra mí. Me alcanzaron en la columna con dos balas… Tengo parálisis parcial. No siento las piernas ni puedo ponerme de pie”, declaró a CNN.
El Servicio de Prisiones de Israel declaró a CNN que los presos liberados en el marco del acuerdo “cumplían condena por delitos graves, como intento de asesinato, agresión y lanzamiento de explosivos”. Pero la información facilitada por las autoridades israelíes revela que la mayoría no habían sido acusados ni condenados.
Detención administrativa
Antes de que la tregua entrara en vigor la semana pasada, el Ministerio de Justicia de Israel publicó una lista de 300 presos y detenidos palestinos que podían ser liberados en virtud del acuerdo de intercambio.
La mayoría de las personas de la lista no habían sido acusadas ni condenadas por ningún delito.
En cambio, según el documento, algunos estaban detenidos o recluidos en régimen de detención administrativa, un controvertido procedimiento que permite a las autoridades israelíes retener indefinidamente a personas por motivos de seguridad sin juicio ni cargos, a veces basándose en pruebas que no se hacen públicas.
Israel también la utiliza como medida preventiva: se detiene a personas no por lo que han hecho, sino por futuros delitos que supuestamente planean cometer.
Muchos de los detenidos en virtud de esta política no tienen ni idea de por qué están encarcelados, porque las pruebas contra ellos son secretas.
Presos palestinos liberados reaccionan desde el interior de un vehículo tras abandonar la prisión militar israelí de Ofer, en el marco de un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamas e Israel, cerca de Ramallah, en la Ribera Occidental ocupada por Israel, el domingo. Crédito: Ammar Awad/Reuters
“Esto deja indefensos a los detenidos, que se enfrentan a acusaciones desconocidas sin forma de refutarlas, sin saber cuándo serán liberados y sin haber sido acusados, juzgados o condenados”, según B’Tselem.
Según la legislación israelí, las personas pueden permanecer en detención administrativa hasta seis meses, pero el plazo puede renovarse indefinidamente.
Según datos obtenidos del Servicio de Prisiones de Israel (IPS, por sus siglas en inglés) por B’Tselem, de los más de 1.300 palestinos que se encontraban en detención administrativa en septiembre, aproximadamente la mitad llevaban detenidos más de seis meses.
El asesor jurídico de las FDI afirmó que la ley de detención administrativa se ajusta a los marcos del derecho internacional y cumple la Convención de Ginebra. Sin embargo, el funcionario admitió que era posible que, en algunos casos, la ley se utilizara con “mano dura”.
Israel ha recibido numerosas críticas por el uso que hace de esta política. Cuando el destacado activista palestino y exportavoz de la Yihad Islámica Khader Adnan murió en mayo en una prisión israelí tras 87 días de huelga de hambre, expertos de la ONU pidieron a Israel que pusiera fin a esta práctica, calificándola de “cruel” e “inhumana”.
Adnan se convirtió en un símbolo de la resistencia palestina a las políticas de detención israelíes tras pasar un total de ocho años en cárceles israelíes, la mayoría en régimen de detención administrativa. Nunca fue condenado.
A pesar de las críticas, el número de detenidos administrativos recluidos en centros israelíes no ha dejado de aumentar.
En septiembre, el número era el más alto en más de tres décadas, superando el récord anterior establecido en el apogeo de la Segunda Intifada palestina en 2003, según datos obtenidos por B’Tselem y HaMoked, una ONG israelí que se centra en la legislación de derechos humanos y proporciona asistencia jurídica gratuita a los palestinos.
Menores detenidos
Los acontecimientos de los últimos días también han puesto de relieve otra cuestión por la que se ha criticado a Israel: la detención de menores de 18 años.
Según B’Tselem, en septiembre el Servicio de Prisiones de Israel mantenía recluidos a 146 menores palestinos por lo que definía como motivos de seguridad.
Los niños de hasta 12 años pueden ser encarcelados durante un máximo de seis meses, de acuerdo con la legislación israelí.
Los menores son enviados a prisiones militares junto con los adultos.
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La mayoría de los liberados hasta la fecha en virtud del acuerdo de intercambio son adolescentes de entre 16 y 18 años, pero la lista de Israel de personas que pueden ser liberadas incluye también a cinco de 14 y siete de 15 años.
Malak Salman tenía 16 años cuando fue detenida en 2016 por un presunto intento de apuñalamiento de un agente de policía israelí en Jerusalén. Las autoridades israelíes dijeron que nadie resultó herido, pero fue declarada culpable de intento de asesinato y condenada a 10 años en una prisión militar. Tras una apelación, la sentencia se redujo a nueve años.
Salman fue una de las presas liberadas el viernes, tras cumplir casi ocho de esos nueve años. Por fin se reunió con su familia en Jerusalén, pero a su familia no se le permitió celebrarlo.
“Las autoridades israelíes estaban con nosotros desde las dos de la tarde. Rodearon la casa y arrancaron los adornos de cualquier muestra de celebración. Robaron la alegría de la liberación de mi hija”, declaró a CNN Fatima Salman, madre de Malak.
Las autoridades israelíes han prohibido las celebraciones en torno a las liberaciones de los presos palestinos después de que el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, dijera que “las expresiones de alegría son un apoyo al terrorismo” y que “las celebraciones de la victoria dan fuerza a esa misma escoria humana”. Ben Gvir fue condenado anteriormente por incitación al racismo contra los árabes y apoyo a una organización terrorista.
Desde los mortíferos atentados terroristas perpetrados por Hamas el 7 de octubre en Israel, la policía israelí ha utilizado la Ley Antiterrorista para ampliar la represión contra los palestinos.
El artículo 24 de esta legislación establece que cualquiera que haga algo para “empatizar con un grupo terrorista”, ya sea “publicar alabanzas, apoyar o animar, ondear una bandera, mostrar o publicar un símbolo”, puede ser detenido y encarcelado hasta tres años.
La policía militar israelí vigila la entrada de la prisión militar israelí de Ofer, mientras llegan presos palestinos de otra prisión israelí, en el marco de un acuerdo entre Israel y Hamas, el 24 de noviembre. Crédito: Ilia Yefimovich/picture alliance/Getty Images
Tras los atentados de Hamas del mes pasado, se ha detenido a palestinos por expresar su solidaridad con los civiles de Gaza y compartir versículos del Corán en las redes sociales, entre otros motivos.
En respuesta a un cuestionamiento de CNN sobre el aumento de las detenciones por publicaciones en las redes sociales, la Policía de Israel declaró el mes pasado que, aunque “defiende firmemente el derecho fundamental a la libertad de expresión, es imperativo hacer frente a quienes se aprovechan de este derecho para incitar peligrosamente a la violencia”.
Refiriéndose a las celebraciones de las familias de los detenidos liberados, Ben Gvir dijo este jueves que “la política aquí es muy, muy, muy clara: no permitir estas expresiones de alegría, y esforzarse resueltamente por establecer contacto y detener cualquier apoyo a estos nazis”.
Como el resto de los palestinos retenidos por Israel, los niños son sometidos al sistema de tribunales militares israelíes, lo que significa que sus derechos son limitados y no se ajustan a las normas internacionales del sistema de justicia juvenil.
Según un informe de Save the Children de principios de año, se calcula que entre 500 y 1.000 niños son recluidos cada año en centros de detención militar israelíes.
Muchos de ellos están recluidos por arrojar piedras, delito que la legislación israelí castiga con una pena máxima de 20 años de prisión.
A principios de este año, la organización señaló que su encuesta entre niños palestinos detenidos por el ejército israelí mostraba que el 86% denunciaba haber sido golpeado, el 70% afirmaba haber sido amenazado con sufrir daños y el 69% denunciaba haber sido registrado al desnudo durante el interrogatorio.
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