OPINIÓN | La imputación a Trump responde una pregunta de hace 50 años
Sofía Benavides
(CNN) — Donald Trump pasó este jueves a la historia como el primer expresidente de EE.UU. en ser acusado. Como en tantos otros casos con Trump, nos aventuramos a un nuevo territorio. Y aunque el presidente Ulysses S. Grant fue detenido en 1872 por circular a toda velocidad por Washington en un coche de caballos, todos coincidiremos en que no se trata de una situación comparable.
La oficina del fiscal del distrito de Manhattan había estado investigando el presunto papel de Trump en un supuesto pago para comprar el silencio a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016. Aunque los cargos aún están sellados, Trump se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial, según informó CNN.
Mientras espera conocer los detalles de los cargos —con interrogantes en torno a su comparecencia prevista para el próximo martes—, las implicaciones de la decisión empiezan a calar.
La acusación es importante en dos niveles; cada uno de los cuales podría tener consecuencias muy diferentes.
El primer elemento de la acusación tiene que ver con la rendición de cuentas. El 8 de septiembre de 1974 se produjo un punto de inflexión en la política estadounidense. Apenas un mes después de que Richard Nixon anunciara su dimisión, el entonces presidente Gerald Ford indultó al exmandatario por los delitos que hubiera podido cometer durante su mandato.
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Ford emitió el controvertido indulto en un intento por sanar a la nación y dejar atrás el Watergate, en un momento en que Estados Unidos se tambaleaba entre la estanflación y la agitación extranjera como consecuencia de Vietnam. Pero la estrategia de Ford no funcionó. En lugar de sanar a la nación, el indulto contribuyó a magnificar las sospechas de corrupción.
Muchos estadounidenses se indignaron por el indulto, creyendo que Ford había llegado a un acuerdo con Nixon, quien lo había nombrado vicepresidente en 1973 después de que su anterior vicepresidente, Spiro Agnew, dimitiera tras declararse inocente de evasión de impuestos como parte de un acuerdo que retiraba cargos más graves de corrupción política. Ford había sustituido a Nixon y se había convertido en un presidente no electo. Sus índices de aprobación cayeron del 71% al 50% tras el indulto, mientras grupos de manifestantes se congregaban frente a la Casa Blanca enarbolando una gran pancarta que proclamaba: “Prométeme el indulto y te haré presidente”.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump.
Al evitar el intento de exigir responsabilidades a Nixon, Ford eludió el proceso judicial, y la nación nunca puso a prueba lo que se podía hacer con los presidentes o expresidentes acusados de violar la ley.
Esta cuestión volvió a plantearse con el presidente Bill Clinton. En el caso Clinton contra Jones, de 1997, el Tribunal Supremo dictó una sentencia histórica que concluía que los presidentes en ejercicio no eran inmunes a los litigios civiles derivados de hechos ocurridos antes de acceder al cargo. En 1998, la Cámara de Representantes lo acusó de perjurio y obstrucción a la Justicia por su respuesta ante la acusación de haber tenido una aventura con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky, pero el Senado rechazó ambos cargos. Tras la absolución, Clinton llegó a un acuerdo con un fiscal especial al final de su presidencia para evitar ser procesado tras dejar el cargo por sus falsas declaraciones sobre el affaire.
En consecuencia, no sabíamos si alguna vez iba a ser posible pedirle a un presidente que rinda cuentas después de que abandonara la Casa Blanca. La cuestión no era simplemente jurídica, sino que afectaba a la voluntad de fiscales y jurados.
Con Trump, sin embargo, el jurado investigador de Nueva York, junto con el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, nos han dado una respuesta. Este jueves, el jurado concluyó que nadie está por encima de la ley. Incluso un expresidente de Estados Unidos debe rendir cuentas. Aunque una acusación está muy lejos de una condena, la decisión sienta un precedente importante.
La segunda razón por la que la acusación es importante se reduce a la política, y en este frente existe una clara posibilidad de que Trump no sólo sobreviva, sino que prospere. Independientemente de cómo acabe el caso, Trump tiene un instinto asombroso para utilizar los momentos de peligro en su beneficio, y toda su carrera política se ha basado en contraatacar a las personas e instituciones que, según él, lo atacan injustamente.
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Ya ha recurrido a la trillada estrategia de presentarse a sí mismo como la víctima de una clase dirigente corrupta para reunir a sus partidarios detrás de él. No fue una sorpresa que, poco después de conocerse la noticia de una acusación, Trump emitiera un comunicado en el que afirmaba que se trataba de una “persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia”.
Hay que decir que de todos los problemas legales a los que se enfrenta Trump, la acusación en Nueva York parece palidecer en comparación con otros, como por ejemplo los posibles cargos por chantaje y conspiración que los fiscales del área de Atlanta están considerando en relación con el intento de anular las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.
En cualquier caso, Trump sabe cómo instrumentalizar los momentos de peligro en su favor, y ya hemos visto a los republicanos ponerse de su lado, como hicieron durante los dos procesos de destitución. El exvicepresidente Mike Pence calificó la acusación de “atrocidad”, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis —potencialmente el mayor rival de Trump en 2024— declaró públicamente que la acción de la fiscalía era “antiestadounidense.”
Las consecuencias políticas de la acusación —junto con cualquier otro cargo potencial que pueda surgir en el proceso— deben dejarse de lado al considerar la importancia del restablecimiento de la rendición de cuentas. Al final, el jurado investigador ha hecho una importante contribución a la política contemporánea al optar por pedir que Trump rinda cuentas y zanjar la cuestión de si eso es posible, de una vez por todas.
Han dado un primer paso importante al revertir parte del daño que Ford infligió a la clase política cuando se negó a permitir que el proceso legal se desarrollara con un expresidente que había cometido inmensas fechorías y abusado de su poder. Y si la nación no continúa el largo proceso de restablecer la importante norma de la rendición de cuentas, estaremos perpetuamente atrapados por los peligros de una presidencia imperial que somete a los comandantes en jefe a una norma legal diferente a la de todos los demás estadounidenses.
Ahora debemos ver lo que otros —desde el jurado investigador de Georgia hasta el Departamento de Justicia— tienen que decir sobre esta importante cuestión.
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