Delcy Rodríguez dijo en la ONU que está en proceso de construir un país más próspero. Muchos venezolanos no lo sienten

Por CNN Español

En las calles y avenidas de Caracas cada vez son menos las vallas con el rostro del derrocado presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, con el mensaje “Los queremos de vuelta” o alguna otra frase relativa a la campaña por su liberación. En su lugar, hay anuncios comerciales o imágenes de rescatistas del doble terremoto del 24 de junio y del plan “Venezuela renace”, impulsado por las autoridades interinas con la promesa de reconstruir las zonas afectadas.

El pedido de liberación de Maduro y su esposa ya rara vez aparece en la conversación de la gente o en el discurso oficial. Han pasado más de ocho meses desde esa operación militar de Estados Unidos en Caracas y desde que Delcy Rodríguez asumiera el cargo de presidenta encargada, con una presencia creciente de funcionarios estadounidenses en Venezuela. Pero para muchos venezolanos, el cambio en su vida cotidiana no es tan palpable: sus preocupaciones persisten y, en algunos casos, sienten que la crisis sigue siendo su principal agobio.

Esta semana, Rodríguez participó de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA) en Nueva York. Allí se reunió con Donald Trump y otros líderes. En un fragmento de su discurso, la presidenta encargada aseguró que está llevando a cabo “un proceso ordenado, institucional y verificable para construir un país más libre para todos, más próspero y más reconciliado consigo mismo”. Pero, en Venezuela, la mayoría no siente aún que se estén encaminando hacia la prosperidad.

Muchos venezolanos pasaron las últimas semanas sacando cuentas para comprar lo necesario para el regreso a clases, sin tener muy claro si van a poder pagar toda la lista de útiles que exigen los planteles educativos. En un quarter, o moneda de 25 centavos estadounidenses, caben dos salarios mínimos de Venezuela (a la tasa oficial); esa asignación, de 130 bolívares, está congelado desde marzo de 2022. También existe el ingreso mínimo mensual, que incluye ese salario más bonos calculados en dólares y que oscila entre los US$ 130 y los US$ 240, mientras la canasta básica ronda los US$ 770 mensuales, según publicaciones recientes del Centro de documentación y análisis social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas).

Otros ciudadanos se quejan de que apenas pueden con los gastos cotidianos de alimentación, transporte y servicios. Hay decenas de negocios cerrados y otros tantos poco concurridos.

En Caracas se sienten bajones o disminuciones repentinas del flujo eléctrico que generan un parpadeo de las luces, se apagan los sistemas, pueden fallar los puntos de venta y los equipos eléctricos sufren alteraciones y caídas, que muchas veces se registran en simultáneo en las regiones donde los apagones son a diario y hasta por seis horas.

Sentado en un banco del municipio Chacao, en el este de Caracas, Carlos Hernández conversa con una vecina de la zona sobre la situación del país. “Nos ha pasado de todo este año”, dice, pero aun así piensa que las cosas podrían comenzar a mejorar. Y agrega que, como muchos venezolanos, está esperando que haya elecciones “lo antes posible”.

Elena Sánchez , enfermera jubilada, camina a paso apurado por Chacao mientras le dice a CNN que lo relevante ahora es que el ánimo en el país está caído luego del terremoto del 24 de junio. Con tantas pérdidas se siente la tristeza, dice Sánchez. Más allá de la tragedia, no ve muchos cambios. Señala que en Venezuela muchos no hacen tres comidas al día y que, en eventuales elecciones, el país “se jugaría una próxima carta”.

“La economía está igualita”, dice otra mujer que camina por la zona y pide no ser identificada por razones de seguridad. “Todo está más caro; el dólar sigue subiendo. Los precios siguen aumentando. O sea, el cambio como tal no se ha visto”, asegura. Para ella, si algo persiste, es la incertidumbre, y aclara que este no es un país que esté esperando el regreso de Maduro y que, particularmente, prefiere que se quede donde está.

Karina Urbano, que trabaja en la aduana, también considera que la economía actualmente “es un desastre” y que “esos acuerdos (los petroleros) como que no son muy parejos para Venezuela” y rechaza que hayan sido firmados por un gobierno interino. “Tampoco estoy de acuerdo. No es una presidente para nosotros; para mí no es mi presidente”, dice, justo al salir de su trabajo.

Unos pasos más adelante, Luis Galvis, quien se dedica al comercio, reacciona con sarcasmo y dice que los pobres nunca verán esa prosperidad de la que se habla. Sin embargo, considera que hay mayor seguridad y tranquilidad en las calles, pero que, en materia de libertad de expresión, aún hay que tener cuidado con lo que se dice. No tiene claro cuándo habrá elecciones, pero sin dudarlo asegura que, cuando llegue ese momento, estará listo para votar por la oposición.

La promesa de prosperidad está sobre la mesa tras la firma de un acuerdo petrolero de gran alcance entre Caracas y Washington en el que se ponen sobre la mesa 65.000 millones de barriles de petróleo y otros ocho acuerdos con compañías como Chevron, Eni y General Electric.

“Quiero trabajadores que tengan buenos salarios, quiero que un ciudadano que vaya a un hospital sea bien atendido y que esté bien equipado, quiero educación de calidad y que todo el sistema de protección social sea fortalecido a través de los beneficios que obtengamos de estas transacciones”, dijo la presidenta interina Delcy Rodríguez el 2 de septiembre, al finalizar el acto en el que se suscribieron ocho convenios bilaterales que incluían acuerdos petroleros y de recuperación del sistema eléctrico de Venezuela, entre otros

En esa misma oportunidad, el secretario de energía de Estados Unidos, Christopher Wright, describió los acuerdos como “ganar-ganar” y, según él, con inmensos beneficios para los venezolanos: prosperidad económica, creación de empleos y reducción de la inflación.

De acuerdo con datos del Banco Central de Venezuela, en agosto se registró una variación de precios del 8,9 % respecto a julio, cuando se situó en 19,9 %. En los ocho meses del año en curso, la inflación acumulada se ubica en 200,1 % y la interanual en 534,2 % , una de las más altas del mundo.

En las calles de la capital comienzan a verse cada vez más vehículos nuevos, muchos de ellos de origen chino, lo que renueva ligeramente el parque automotor local, que se había quedado en los vehículos de los 90 y los 2000.

Sandra Marín es cocinera; acaba de salir de su trabajo y apura el paso para llegar a casa. Mira la situación con optimismo, pues considera que los acuerdos petroleros podrían traer cambios positivos para el país.

Por su parte, Mauricio Andrade dice que, como comerciante, mira hacia el futuro y cree que, con la salida de Maduro y el acercamiento de Washington, podrían comenzar a notarse cambios económicos a mediano y largo plazo, aunque tiene sus dudas sobre “qué tan legales son esos acuerdos”. Al mismo tiempo, dice que la presión política en la calle ha disminuido y siente menos temor a expresar sus opiniones, aunque piensa que todavía se debe tener algo de cuidado. Considera, además, que, en paralelo al acuerdo petrolero, debería trabajarse en otros puntos de conflicto en Venezuela, como la liberación de las personas encarceladas por motivos políticos. El Gobierno de Rodríguez ha excarcelado a decenas de ellas en los últimos meses, pero aún hay gente tras las rejas.

La ONG Foro Penal informa que al menos 344 personas seguían encarceladas hasta el 22 de septiembre . La misión de expertos independientes de las Naciones Unidas estima que podrían ser hasta 500.

En diálogo con CNN, el economista y exdiputado opositor José Guerra dice que, más allá de la falta de transparencia en los acuerdos y de los diversos cuestionamientos, es fundamental que se extraiga el petróleo, argumentando que el país no tiene otro sector que pueda darle US$ 20.000 o 30.000 millones al año que no sea el crudo.

Argumenta que eso constituiría un paso muy importante para “salir de esta megacrisis en la que el chavismo metió a todos los venezolanos”. Guerra explica, además, que es normal que por ahora no se noten tanto los cambios, porque los beneficios del petróleo tardan en llegar. “Va a llegar, pero no va a ser inmediato”, precisa.

Por una parte, dice Guerra, se espera la contratación de más mano de obra, en estados petroleros como el Zulia, Monagas y Anzoátegui. Ahí se estima que subirían los precios de los apartamentos, de los del sector de la construcción y de las ferreterías, con base en un posible plan de nuevas obras. Y así, sucesivamente, se iría reactivando la cadena económica, según el economista. Mientras tanto, en el resto del país, el impulso económico dependerá del gasto público, añade.

“Si aumenta la producción petrolera y el país recauda las regalías y los impuestos por US$ 209.000 millones, claramente va a aumentar el ingreso. Pero si usted divide US$ 209.000 millones en 25 años, que es lo que estipula el acuerdo, estamos hablando de US$ 8.500 millones al año, una cifra inferior a la que recibió Venezuela en los otros auges petroleros”, explica Guerra. El cambio, asegura, se va a sentir en línea con lo que gaste el gobierno y eso, en su opinión, debería distribuirse equitativamente entre los 23 estados del país y el Distrito Capital.

El panorama político también comienza a distenderse, en medio de una serie de diálogos que mantiene el chavismo con un sector de la oposición. Algunos de los adversarios políticos del gobierno han salido de la clandestinidad y otros, que se encontraban en el exilio, han decidido regresar.

En el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fuertemente afectado por el terremoto del 24 de junio, han sido retiradas las imágenes del candidato opositor de 2024, Edmundo González Urrutia, que tenían el letrero de “se busca”.

Sobre González pesa la amenaza de detención en caso de que intente regresar a Venezuela desde España, donde se encuentra desde septiembre de 2024 tras denunciar persecución política.

Pero en otras terminales aéreas, como el aeropuerto Arturo Michelena de Valencia, a dos horas de Caracas, el letrero sigue allí.

La tensión se ha ido disipando. En las calles se observa una menor presencia de militares y policías, así como de puestos de control.

Henry Alviárez, coordinador nacional de organización del movimiento Vente Venezuela, fundado por la líder opositora y premio Nobel de la paz, María Corina Machado, dijo a CNN que a partir del 3 de enero se generó una dinámica distinta. Como ejemplo, habla de la organización que representa, asegurando que, antes de esa fecha, numerosos integrantes estaban presos y otros en la clandestinidad, en el exilio o como refugiados en embajadas.

El cambio ha permitido que desplieguen sus actividades de forma progresiva. Esto no parece aplicarse a María Corina Machado, por ejemplo, quien ha dicho que permanece a la espera de condiciones, entre ellas, de seguridad, para regresar al país. Vente Venezuela contabiliza más de 250 de sus integrantes excarcelados, pero destaca que se mantiene el caso del abogado Perkins Rocha, judicializado, con un grillete electrónico y bajo arresto domiciliario. CNN se comunicó con el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz para conocer detalles del caso y de la decisión, y hasta ahora no ha recibido respuesta.

En cuanto a la cotidianidad de los venezolanos, Guerra dice que no ve mejoras ni en la economía ni en los servicios públicos, pero sí nota que la gente tiene mayor esperanza de cambio tras la salida de Maduro, lo que impulsa a las personas a organizarse para exigir elecciones libres.

Pero algunos casos de presión del chavismo persisten. La mañana del sábado 12 de septiembre, varios grupos defensores de los derechos humanos denunciaron la detención de Óscar Morales, quien el viernes había participado en una marcha con una pancarta con la foto de Diosdado Cabello y el mensaje “el ser más odiado de Venezuela”.

Según cuentan testigos, se lo llevaron desde la parroquia La Candelaria, en el centro de Caracas, en una camioneta blanca sin placas y, horas más tarde, fue liberado.

En tanto, la oposición venezolana denunció este jueves la detención del exalcalde Javier Oropeza, quien regresó esta semana al país tras dos años de exilio en España y cuyo proceso judicial, según la oposición, había sido cerrado un día antes. Horas después se reportó su liberación.

CNN contactó al Gobierno de Venezuela para solicitar un comentario sobre ambos casos.

Por su parte, el jefe de la bancada opositora Libertad en la Asamblea Nacional, Stalin González, asegura en una entrevista con CNN, a la salida de un foro de análisis, que hace ocho meses era difícil organizar eventos universitarios para debatir temas como el acuerdo petrolero, pero aclara que eso no significa que las cosas estén bien ni que haya una democracia plena.

Según el diputado, el ejercicio de la política se ha vuelto menos corrosivo y hay mucho menos control sobre la dirigencia, lo que permite realizar algunas actividades con mayor libertad. Pero precisa que esa libertad no es plena, que no bastaría con votar, sino con confiar en las instituciones y en todos los poderes, algo que, a su juicio, hay que acelerar con paso firme. Cuenta que, cuando viajan al interior del país, todavía “se evidencia que tienen seguimiento por parte de cuerpos de inteligencia, pero no con el hostigamiento que existía años atrás”.

“El país es distinto, pero no es el mejor”, explica el legislador y asegura que aún falta transparencia en la información pública y en el contrato petrolero, en las cifras, en el balance de los fondos destinados a atender las cuestiones sociales y en la mejora de los servicios.

Y ese es un poco el ánimo que sostienen los venezolanos en las calles: un atisbo de esperanza, un deseo de transparencia, pero un cambio que aún no es palpable en los bolsillos y la vida cotidiana de todos.

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