La ley de nietos le dio a miles de latinoamericanos la ciudadanía española. Ahora un fallo les suspendió el derecho a voto
Por Pau Mosquera, CNN en Español
La decisión del Tribunal Supremo de España de suspender cautelarmente la inscripción en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) de las personas que obtengan la nacionalidad española por medio de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática —conocida popularmente como la “Ley de nietos” por abarcar el período en que muchos se exiliaron por la Guerra Civil y la dictadura franquista— ha causado un gran revuelo en España.
¿Por qué? Hasta alcanzar una sentencia firme, la decisión de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal implica que los beneficiarios de la nacionalidad por esta vía —tanto los que ya la han conseguido como los que tienen su expediente en trámite— no podrán votar en los próximos comicios que se convoquen.
“Hay mucha incertidumbre”, le dice a CNN Nathaly Alviarez, directora del despacho de abogados VCA Firm, desde donde han gestionado decenas de nacionalidades por medio de esta ley aprobada en el año 2022.
Tan solo preservarán este derecho aquellos que cuenten con una certificación acreditativa consular de que son hijos o nietos de españoles “que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”, según reza el auto judicial.
Los más angustiados, cuenta Alviarez, son aquellos que todavía tienen su proceso de nacionalidad en curso, dado que, a falta de sentencia firme, desconocen el alcance que tendrá. Otros no saben si deberán presentar más documentación para completar su expediente, como por ejemplo, “acreditar esa condición de exiliado”.
Algo que puede resultar complicado, dice Alviarez. Sobre todo entre muchos de sus clientes de Venezuela, dado que “estamos hablando de años en que prácticamente no hay registros”. “La mayoría de la gente llegaba por puertos, entonces los registros se hacían un poco informales”, y muchos de esos registros “se han destruido por el paso del tiempo”.
La suspensión cautelar dictada la semana anterior por el Tribunal Supremo se deriva de los recursos contencioso-administrativos presentados meses atrás por las formaciones políticas Vox y Iustitia Europa. Ambos partidos habían acudido previamente a la Junta Electoral Central (JEC) para solicitar la misma medida por considerar que el voto CERA de los nacionalizados por la “Ley de nietos” no ofrece el mismo “nivel de garantías” que el exigido para el voto por correo emitido en el territorio nacional.
Una vez que la JEC se declaró no competente para resolver la cuestión, ambas organizaciones recurrieron ese acuerdo ante la justicia.
Tras conocerse la decisión del tribunal, la reacciones en la esfera política no se hicieron esperar. Entre los primeros a celebrarlo se encuentran los miembros de Vox, quienes durante este tiempo han acusado al Gobierno español de querer perpetrar un fraude electoral “adulterando” el censo por vía de esta ley.
Hubo celebraciones que tomaron expresiones similares desde el Partido Popular (PP). Cuca Gamarra, Vicesecretaria de Regeneración Institucional de la formación, acusó al Gobierno de querer “alterar el censo electoral para adaptarlo a sus necesidades políticas”.
Por su parte, desde el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), manifestaron que no comparten la posición del Supremo, pidiendo que resuelva “cuanto antes” el fondo de la cuestión. Es “una salvajada y un atropello democrático”, valoraba este lunes en una entrevista concedida a Televisión Española Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Además, con el objetivo de desmontar la tesis de “fraude electoral” blandida por la oposición, el ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló en semanas anteriores a través de sus redes sociales que sólo un 8 % de los españoles en el exterior votaron en las últimas elecciones generales celebradas en el 2023, y que este voto benefició al opositor Partido Popular.
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