Juez rechaza el último intento de Trump de impugnar su condena por los pagos a cambio de silencio en un tribunal federal
Por Lauren del Valle y Kara Scannell, CNN
Un juez federal volvió a rechazar el intento legal del presidente Donald Trump de trasladar a un tribunal federal su caso penal estatal de Nueva York por el pago de dinero a cambio de silencio (conocidos como hush money), una medida que podría haber facilitado la anulación de su condena.
El juez de distrito Alvin Hellerstein afirmó en un fallo emitido el viernes que los argumentos citados por Trump “no eran nuevos ni jurídicamente suficientes”.
Hellerstein ya había rechazado la solicitud de Trump de trasladar el caso, pero un tribunal federal de apelaciones dictaminó el otoño pasado que el juez del tribunal de distrito debía reconsiderarla a la luz del histórico fallo sobre inmunidad presidencial emitido en julio de 2024 por la Corte Suprema de Estados Unidos.
El juez escuchó en una audiencia celebrada en febrero los argumentos de los abogados de Trump y de los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, pero no emitió un fallo hasta ahora. El viernes, Hellerstein mantuvo su postura de que los actos atribuidos a Trump en el caso estatal en su contra fueron de carácter privado y no guardaban relación con su cargo federal.
“El proceso de la Fiscalía surge de la conducta privada del presidente Trump en torno al reembolso de pagos de dinero a cambio de silencio a una estrella de cine para adultos”, escribió Hellerstein el viernes. “Esa conducta y las pruebas impugnadas no guardan ninguna relación sustantiva con su cargo federal. Considerar que estos hechos están ‘relacionados con’ un cargo federal daría a esas palabras una definición ‘tan amplia que carecería de sentido’”.
“La histórica decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad, las constituciones federal y del estado de Nueva York y otros precedentes jurídicos establecidos exigen que la caza de brujas perpetrada por el fiscal de distrito de Manhattan sea trasladada a un tribunal federal e inmediatamente anulada y desestimada”, afirmó en un comunicado un portavoz del equipo legal de Trump.
Los abogados de Trump han apelado su condena penal de 2024 por 34 cargos de falsificación de registros comerciales vinculados a pagos de dinero a cambio de silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante las elecciones presidenciales de 2016. Sus esfuerzos por separado para trasladar el caso a un tribunal federal comenzaron antes del juicio estatal, con el fin de que un juez federal pudiera interpretar la prevalencia del derecho federal y la inmunidad presidencial. La vía federal también ofrecería una ruta más rápida para que su apelación llegara a la Corte Suprema.
A pesar del veredicto de culpabilidad, Trump fue condenado a una exención incondicional, lo que significa que no enfrentó ninguna sanción y que la condena fue esencialmente solo nominal. Sin embargo, convirtió a Trump en el primer presidente condenado por un delito grave.
Meses después de su condena, sus abogados volvieron a intentarlo tras la decisión sobre la inmunidad, que estableció que los presidentes están protegidos frente a procesos penales por actos oficiales y prohibió a los fiscales intentar presentar pruebas relacionadas con actos oficiales, incluso si perseguían presuntos delitos vinculados con la conducta privada de ese presidente.
El equipo de defensa de Trump sostiene desde hace tiempo que no puede ser procesado en relación con el supuesto pago para comprar silencio porque está protegido por la inmunidad presidencial: mientras ocupaba el cargo, reembolsó a su exabogado personal Michael Cohen por una trama de encubrimiento que Cohen organizó durante las elecciones de 2016.
En su fallo más reciente, el juez escribió: “No hay manera de que las conversaciones relativas a pagos de dinero a cambio de silencio para encubrir las relaciones del presidente con Stormy Daniels puedan constituir un acto oficial. Una aventura amorosa, o el encubrimiento de una aventura amorosa, no se encuentra dentro del ‘“perímetro exterior” de las responsabilidades oficiales del presidente’”.
Para Trump, el debate se centra en si los fiscales de Manhattan presentaron indebidamente, durante el juicio por el pago de dinero a cambio de silencio, pruebas relacionadas con acciones de empleados de la Casa Blanca que, según alegan, correspondían a delitos cometidos por Trump como individuo, al margen de su condición de presidente.
Hellerstein discrepó: “Un asistente del presidente puede trabajar en asuntos personales y no oficiales para el presidente”.
El pasado noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos devolvió el caso a Hellerstein y determinó que el tribunal de distrito debía reconsiderarlo, pero no se pronunció sobre si la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos debía inclinar la balanza a favor de Trump.
Los abogados de Trump también esperaron unos dos meses para presentar esa solicitud renovada ante un tribunal federal, tras pedir primero al juez estatal Juan Merchan que anulara la condena. Merchan rechazó la petición, y la apelación de Trump contra su condena sigue avanzando por las instancias de apelación estatales.
En febrero, Hellerstein calificó de decisión estratégica el hecho de presentar la petición ante Merchan antes de acudir al tribunal federal. “Usted tomó una decisión. Intentó tener dos oportunidades”, dijo, anticipando entonces el fallo del viernes.
En su orden del viernes, Hellerstein afirmó que Trump esperó demasiado para presentar ante el tribunal federal la solicitud renovada de traslado del caso. “La demora de Trump en solicitar el traslado constituye una ‘decisión estratégica por excelencia’, y el hecho de que posteriormente llegara a considerar que esa decisión fue desacertada no basta, por sí solo, para demostrar una causa justificada’”.
La apelación estatal también sigue en curso y podría llegar al Tribunal de Apelaciones de Nueva York y, potencialmente, a la Corte Suprema de Estados Unidos si Trump no obtiene un fallo favorable en las instancias inferiores de apelación.
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