En una fiesta de revelación de sexo se desató un incendio forestal mortal. Las autoridades señalaron a un responsable inusual
Por Emma Tucker, CNN
La pareja, que esperaba un bebé, caminó con ilusión junto a varios niños y seres queridos por la zona de hierba en los límites del parque El Dorado Ranch, en Yucaipa (California) —donde la vegetación silvestre se torna dorada en otoño, creando un entorno pintoresco—, con el fin de revelar el sexo de su futuro hijo.
Otra persona encendió un dispositivo pirotécnico que genera una explosión de humo azul (para niño) o rosa (para niña), tal como se observa en un video de vigilancia. Sin embargo, lo que debía ser un momento de celebración se tornó trágico poco después al iniciarse un incendio; la familia intentó desesperadamente apagar las llamas, que crecían rápidamente, utilizando botellas de agua.
El fuego se prolongó durante más de dos meses, hasta noviembre de 2020, calcinando más de 9.200 hectáreas y cobrándose la vida de un apreciado bombero que combatía las llamas. La pareja se declaró culpable de cargos penales relacionados con el inicio del incendio y la muerte del bombero Charles Morton, según informaron los fiscales en 2024.
La pareja no es la única que enfrenta consecuencias. El caso llegó a su fin la semana pasada, cuando tres empresas involucradas en el diseño, la importación y la comercialización de la bomba de humo acordaron resolver una demanda federal presentada por el Gobierno en 2023. Estas compañías aceptaron pagar más de US$ 4 millones para cubrir los costos del Servicio Forestal de EE.UU. derivados de la extinción del incendio y los daños causados en terrenos federales.
Este caso resulta inusual en comparación con la oleada de demandas presentadas durante la última década contra compañías de servicios públicos por negligencia al provocar incendios forestales destructivos y mortales, según señalaron expertos legales y ambientales consultados por CNN. Es mucho menos frecuente que los fabricantes enfrenten este tipo de demandas, ya que su papel es más indirecto y requiere que los consumidores —como la pareja en este caso— utilicen el producto en condiciones que propicien un incendio forestal, explicaron los expertos.
“A diferencia de las compañías de servicios públicos, que a veces pueden ser demandadas por negligencia —o, en un estado como California, bajo el principio de responsabilidad objetiva— cuando provocan un incendio forestal, una empresa que vende un producto siempre puede argumentar que no tiene la obligación de impedir que terceros utilicen dicho producto de manera imprudente, especialmente una vez que ya ha sido vendido”, afirmó Adam Zimmerman, profesor de la Facultad de Derecho Gould de la Universidad del Sur de California.
Es habitual que las compañías de servicios públicos sean demandadas por su papel en el inicio de incendios forestales, señalaron los expertos. Pacific Gas & Electric se vio obligada a pagar miles de millones de dólares en concepto de daños y perjuicios después de que se determinara que una de sus líneas de transmisión eléctrica defectuosas fue la causa del incendio Camp Fire de 2018, el más mortífero en la historia de California. Más recientemente, el devastador incendio Eaton Fire, ocurrido el año pasado en Altadena, dio lugar a numerosas demandas contra Southern California Edison por parte de víctimas del incendio, compañías de seguros y organismos gubernamentales.
Un aspecto clave del acuerdo resultó evidente y directo: las dos bombas de humo utilizadas en la fiesta de revelación del género del bebé nunca debieron haberse vendido desde fuera del estado hacia California, donde son ilegales, según señalaron los fiscales federales.
Wholesale Fireworks Corp., la empresa que diseñó e importó las bombas de humo, y su filial, American Fireworks Warehouse LLC, acordaron pagar US$ 4 millones para resolver los reclamos relacionados con su participación en el diseño, la importación, la distribución, la comercialización y la publicidad de dicho producto. Otra empresa, Pink or Blue Gender Team Inc., acordó pagar US$ 50.000 por la distribución, comercialización y publicidad del dispositivo, según informaron los fiscales.
Las empresas “presuntamente no diseñaron ni etiquetaron de manera segura las bombas de humo y no advirtieron adecuadamente a los clientes sobre el riesgo de incendio que estas conllevaban, a pesar de ser conscientes de sus peligros”, señalaron los fiscales.
El incendio El Dorado “tuvo un impacto tremendo en la comunidad de San Bernardino”, declaró el fiscal del distrito del condado de San Bernardino, Jason Anderson, cuando la pareja fue acusada formalmente en julio de 2021. Añadió que al menos seis organismos “participaron en las labores de contención, extinción e investigación” del devastador siniestro.
En febrero de 2024, Refugio Manuel Jiménez Jr. se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte del bombero, así como de provocar imprudentemente un incendio en una estructura habitada; fue condenado a dos años de libertad condicional por delito grave, un año de cárcel en el condado y servicios comunitarios, informaron los fiscales. Su esposa, Angelina Renee Jiménez, se declaró culpable de tres delitos menores por provocar imprudentemente un incendio en propiedad ajena y fue condenada a un año de libertad condicional sumaria y servicios comunitarios, según los fiscales.
Se ordenó a la pareja pagar más de US$ 1,7 millones en concepto de indemnización a las víctimas, indicaron los fiscales.
CNN contactó a los abogados de la pareja, pero no obtuvo respuesta.
El incidente provocado por la pareja no fue la primera vez que una fiesta de revelación de género causaba un incendio forestal destructivo, pero destaca porque, en casos anteriores, los fabricantes involucrados no fueron considerados responsables.
Otro caso en Arizona desencadenó un incendio forestal que arrasó más de 19.000 hectáreas en 2017 y causó daños por valor de más de US$ 8 millones. El futuro padre, quien disparó contra un blanco improvisado que estalló en una nube azul e incendió la maleza circundante, se declaró culpable de una infracción menor de las normas del Servicio Forestal de EE.UU. y se le ordenó pagar una indemnización por los daños; en ese caso no se demandó a ningún fabricante.
En el caso de la revelación de género de El Dorado, así como en la mayoría de los acuerdos judiciales relacionados con incendios forestales en California y otras partes del país, las víctimas y las entidades gubernamentales han recurrido principalmente al derecho de daños (tort law) para presentar demandas civiles y exigir indemnizaciones a los responsables del incendio, según Michael Wara, abogado e investigador principal especializado en políticas climáticas y energéticas de la Universidad de Stanford.
En California, concretamente, existe una doctrina jurídica conocida como “expropiación inversa” (inverse condemnation) que permite responsabilizar a las empresas de servicios públicos cuando sus instalaciones o servicios provocan un incendio, independientemente de si actuaron o no con negligencia, explicó Wara. La negligencia es el reclamo más frecuente en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, aunque también pueden alegarse otras conductas indebidas o imprudentes, señaló Wara. Muchos de los primeros casos de este tipo involucraban a ferrocarriles y trenes propulsados por carbón y leña, los cuales generaban chispas que a menudo provocaban incendios destructivos, añadió.
“De esos casos surgió un cuerpo jurídico que constituye la base de la legislación sobre negligencia. Existe la obligación de actuar con la diligencia debida para evitar que las propias acciones causen daños a terceros; vinculado a esto, existe también un marco legal relativo a los defectos de los productos”, explicó Wara.
“Si se vende un artículo a alguien, este no debe provocar daños de una manera que no resulte evidente para el comprador”, agregó.
La mayoría de las demandas presentadas en la última década para exigir responsabilidades a empresas por su papel en el inicio de incendios forestales se han dirigido contra compañías eléctricas —como PacifiCorp y PG&E—, señaló Wara.
Es más habitual responsabilizar a las compañías eléctricas de los incendios porque prestan un servicio esencial altamente regulado y porque sus líneas eléctricas y tendidos aéreos son “fuentes de ignición inherentes”, afirmó Wara.
Aproximadamente la mitad de las pérdidas de edificaciones causadas por incendios forestales en California durante la última década se han asociado a igniciones originadas en sistemas de energía eléctrica, indicó Wara, citando un informe de investigación de Stanford del que fue autor principal.
La situación es totalmente distinta en el caso de las empresas de fuegos artificiales, señaló, ya que es evidente que sus productos pueden provocar incendios y recae sobre el usuario la responsabilidad de adoptar precauciones. “No tengo constancia de ningún precedente similar”, comentó Wara respecto al caso del incendio forestal de El Dorado.
Dado que el caso implicaba el uso de bombas de humo que, según la Fiscalía, carecían de las advertencias adecuadas sobre los riesgos que conllevaban, dicha ambigüedad expuso a las tres empresas a una posible responsabilidad legal, concluyó Wara.
Es poco común ver una demanda contra un fabricante, ya que la empresa que vende un producto “siempre puede argumentar que no tiene la obligación de impedir que terceros utilicen su producto de manera imprudente, especialmente después de haberlo vendido”, señaló Zimmerman.
Sin embargo, este caso es singular porque el Gobierno basó su demanda en la “falta de advertencia” sobre los riesgos, añadió.
En muchos estados, los fabricantes tienen la “responsabilidad de advertir a las personas sobre los peligros conocidos o previsibles asociados a sus productos, incluso después de que estos hayan sido vendidos”, afirmó Zimmerman.
Si bien es habitual que los consumidores presenten este tipo de demandas, también pueden hacerlo terceros cuando la empresa “sabía o debería haber sabido que ellos también resultarían perjudicados si no se advertía a los consumidores sobre los peligros de los productos vendidos”, explicó.
No obstante, resulta más inusual que el Gobierno demande a una empresa basándose en ese argumento, indicó Zimmerman. Estos casos son difíciles de ganar, ya que la empresa podría alegar, por ejemplo, que los organizadores de una fiesta de revelación de género provocaron el incendio forestal al elegir un entorno peligroso para el evento, señaló Zimmerman.
“Pero es probable que los demandados hayan optado por llegar a un acuerdo en lugar de arriesgarse frente a una parte demandante con grandes recursos, como el Gobierno federal, que se apoya en una teoría jurídica creativa pero plausible”, comentó.
Es poco probable que este caso tenga un impacto significativo en los esfuerzos de California para mitigar los riesgos de incendio, ya que, aunque muchos tipos de fuegos artificiales son ilegales en el estado, la gente sigue utilizándolos, incluso en zonas de alto riesgo de incendio, señaló Wara. En el mejor de los casos, el asunto podría obligar a las empresas de pirotecnia a mejorar el etiquetado de productos como las bombas de humo, añadió.
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