Trump y De la Espriella hacen causa común en una insólita lucha: los museos y el movimiento “woke”
Análisis de Juan Carlos López, CNN en Español
El Museo de Historia Estadounidense queda en la Alameda de Washington y es uno de los más visitados de la red Smithsonian; en 2025 recibió 1,8 millones de visitantes, solo superado por el del Aire y el Espacio, con 1,9 millones. Quienes lo visiten próximamente serán recibidos por avisos —al estilo de las alertas sobre los efectos nocivos que adornan las cajetillas de los cigarrillos— para que no crean lo que los expertos han incluido en las exhibiciones que retratan la historia del país. La orden de poner los letreros es del presidente Trump, quien, para imponer su punto de vista, emitió el decreto 14.416 del 24 de julio para “Devolver la Confianza en la Institución Smithsonian”.
El decreto está basado en un informe del Consejo de Política Interna de la Casa Blanca que determinó que el sistema Smithsonian, la red más grande de museos del mundo, entidad público-privada independiente del Ejecutivo, supuestamente “no presenta la historia estadounidense como una herencia nacional para ser enseñada y celebrada, si no ve la historia como una herramienta para avanzar las ideas de la justicia social y la transformación radical de nuestra sociedad” y agrega que “no se puede confiar en el liderazgo de la Institución Smithsonian y del Museo de Historia Estadounidense, para contar la historia del país con honestidad y gratitud”.
Trump no tiene la autoridad para modificar la operación del sistema Smithsonian o de las exhibiciones en el Museo de Historia Estadounidense. Por eso el decreto le ordena al secretario del Interior —responsable de los recursos naturales y el patrimonio cultural del país— instalar avisos en las afueras del Museo, en plena alameda de Washington, para “advertirle” a los visitantes sobre la “información imprecisa” que verán y que para la Casa Blanca no pasa su prueba de pureza ideológica. Los 12 avisos, que aún no han sido instalados, costarán al menos US$ 84.000, según una carta enviada por el secretario del Interior, Doug Burgum, al Senado.
El 19 de agosto de 2025 Trump publicó un mensaje en su red Truth Social que explica lo que le molesta: “Los museos de todo Washington y por todo el país, son, esencialmente, el último segmento que queda de ‘WOKE’. El Smithsonian está FUERA DE CONTROL, donde todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro país, lo mala que fue la esclavitud y la falta de logros de los grupos oprimidos —nada sobre el éxito, nada sobre la luminosidad, nada sobre el futuro”. Como lo ven y leen, Trump se queja de que los museos expongan el legado nefasto de la esclavitud en Estados Unidos y cierra así: “Este país no puede ser WOKE, porque LO WOKE ES UN FRACASO”.
La palabra “woke” no está en el diccionario de la Real Academia. Tampoco en el de americanismos. No sorprende: quienes suscriben a esta tendencia no son muy amigos de los libros. El término es un anglicismo derivado de la palabra en inglés para despertar, que, en el argot político de EE.UU., según Merriam Webster, es entendida como un adjetivo que significa “estar alerta y atento a hechos sociales importantes, especialmente en temas raciales y de justicia social”. Combatir ese despertar es una de las prioridades de la derecha que representa Donald Trump y que se expande por la región.
La irritación que genera el término no es nueva, de hecho, en Estados Unidos existe hace más de un siglo. El primer registro que se tiene es en la obra del activista negro Marcus Garvey publicada en 1923 en la que afirmó: “¡Despierta Etiopía! ¡Despierta África!”. En este siglo, el término recobró vigencia tras muertes violentas como la de Eric Garner a manos de la policía de Nueva York, en 2014, que generó protestas y el surgimiento del movimiento Black Lives Matter. Donald Trump calificó las protestas como un “símbolo de odio” en 2020, durante el último año de su primer mandato, cuando aún dominaba la atención en la entonces red social Twitter, ahora X.
En ese momento, publicó: “¡Esta es una batalla para salvar la herencia, la historia y la grandeza de nuestro país!”. Lo dijo en referencia a los esfuerzos en esos momentos para cambiar los nombres de bases militares que honraban a militares de la Confederación —las tropas del Sur, que defendían la esclavitud— en la guerra civil que vivió el país entre 1861 y 1865 y en las que se impuso el Norte, bajo el presidente republicano Abraham Lincoln.
Trump no está solo en su cruzada por imponer su versión de la historia. En la creciente lista de lideres que emulan su estilo y sus políticas, en países con realidades muy distintas, está el flamante presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. El 15 de octubre, desde el Ministerio de Cultura, declaró una “lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo, que no es más que una corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales de Occidente” y dio una orden especifica: “He dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos”.
La ministra de Cultura es Paola Holguín, exsenadora de derecha y experta en temas de seguridad, y el “Pizarro” al que hace referencia es Carlos Pizarro, quien fue comandante de la extinta guerrilla de M-19, a la que pertenecieron el expresidente Gustavo Petro y Carlos Alonso Lucio, un muy cercano asesor de la Espriella. Carlos Pizarro fue asesinado en un avión de pasajeros en abril de 1990, luego de haber dejado las armas y cuando era candidato presidencial.
A diferencia del sistema de museos Smithsonian, que es independiente del Ejecutivo en Estados Unidos, el Museo Nacional de Colombia está adscrito al Ministerio de Cultura, dependencia que al día siguiente de la orden presidencial publicó un comunicado en el que anunciaba estar “recuperando los bienes patrimoniales y los espacios culturales para que estos sean muestra de la verdadera cultura de nuestro país: el ADN, el alma de la Nación”.
Un día después, María Paz Gaviria, historiadora de la Universidad Columbia, excandidata al Senado e hija del expresidente de Colombia César Gaviria, quien asumió el cargo menos de tres meses después del asesinato de Carlos Pizarro, denunció en su cuenta de X la remoción de numerosas obras de cuatro salas del Museo Nacional.
El sábado 23 publicó un mensaje más extenso con un video en el que recorre el Museo y muestra salas incompletas, en las que ya no están obras que reflejaban a las víctimas de diferentes etapas del conflicto armado en Colombia, o afiches de las campañas de tres candidatos a la presidencia asesinados antes de la elección de 1990. Sí, tres candidatos fueron asesinados antes de una sola elección.
Solo queda el de Luis Carlos Galán, del partido Nuevo Liberalismo, quien cayó víctima de un atentado el 18 de agosto de 1989. Fueron retirados los de Pizarro y Bernardo Jaramillo, el tercer candidato asesinado en ese ciclo electoral, el 22 de marzo de 1990.
En el video, María Paz Gaviria se pregunta sí excluir el afiche de Jaramillo, del partido Unión Patriótica —resultado de un proceso de paz en 1984 entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC— está relacionado con lo que la Comisión de la Verdad , surgida en 2017 tras otro proceso de paz con la FARC, describe como un genocidio que dejó al menos 5.733 muertos o desaparecidos y del que responsabilizó a “sectores de las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia, organizaciones paramilitares, miembros de partidos tradicionales, narcotraficantes y élites locales que variaron regionalmente. El Estado fue incapaz de proteger la vida, y la permanencia del partido, en otros casos desprotegió a sus líderes y en otros casos fue partícipe de los crímenes”.
Eso sí, destaca que, aunque retiraron el afiche de campaña de Jaramillo, dejaron expuesta un camisa amarilla del candidato.
La premisa de Trump es que busca proteger a Estados Unidos de todas las amenazas que representa lo “Woke”, por eso acude a falacias para ofrecer resolver problemas que no existen. Como, por ejemplo, que en las escuelas públicas someten a niños a operaciones de cambio de genero sin el consentimiento de sus padres.
El 16 de octubre, en Dalton Georgia, les dijo a sus seguidores: “tenemos la locura de la mutilización (sic) transgénero en nuestras escuelas, lo digo, tenemos cinco estados en que su hijo se va a la escuela como Tim y regresa como Tammy tres o cuatro días después, es verdad”. No es verdad. En ninguno de los 50 estados existe la posibilidad de que una escuela someta a un menor a una operación, menos aun de cambio de género, por lo que ni siquiera se da el escenario de hacer un procedimiento médico con o sin consentimiento de los padres. Pero como tema, funciona en campaña.
El ascenso de Trump y su arribo a la Casa Blanca transformó el discurso político dentro y fuera del país. Su estrategia está basada en indignar, no importa si se hace acudiendo a la desinformación, la xenofobia, el racismo o la homofobia, lo clave es ganar elecciones. El modelo llegó a Colombia, el más reciente integrante de esa tendencia, en donde, como en el resto del mundo, se dan las tensiones entre la derecha tradicional y su encarnación trumpista.
En su discurso del 15 de octubre, el presidente De la Espriella aseguró que “el wokismo desconoce las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, falsifica la historia, reduciéndola a una sucesión de luchas entre opresores y oprimidos. Esta corriente liberticida impone, a través de la violencia física y verbal, sus postulados en la educación, el lenguaje inclusivo y como se ha dicho, en la cultura”.
Tanto para Trump como para de la Espriella, los frenos a sus imposiciones parecen estar solo en manos del Poder Judicial, al menos parcialmente.
El 28 de octubre el Juzgado 24 de familia de Bogotá concedió una tutela, un mecanismo para solicitar de manera expedita la defensa de los derechos fundamentales, en la que decidió “AMPARAR los derechos fundamentales a la libertad de expresión, al acceso a la cultura, a la educación y a la memoria histórica” de 18 ciudadanos, incluido un menor de edad, que se unieron a la medida, y ordenó al Ministerio de las culturas, las artes y los saberes y al Museo Nacional de Colombia que, “dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, restituyan a sus respectivos espacios de exhibición la totalidad de las piezas retiradas el 15 de octubre de 2026”.
Según el fallo, fueron retiradas por orden presidencial 22 obras de 5 de las 17 salas del museo. En su análisis, el juez César Enrique Osorio determinó que “el retiro de las piezas constituyó una restricción injustificada de la libertad de expresión en su dimensión receptora y del derecho de acceso a la cultura, pues impidió que los accionantes y la comunidad en general continuaran apreciando las manifestaciones artísticas e históricas que integraban las exposiciones exhibidas en el Museo Nacional, sin que las entidades accionadas acreditaran razones técnicas, curatoriales o de conservación que justificaran dicha decisión”.
Además, dejó en claro que el poder presidencial no es absoluto: “En consecuencia, la referencia a una instrucción presidencial no exime a las entidades que intervinieron en su ejecución de justificar la actuación desarrollada dentro del ámbito de sus competencias”.
El 30 de octubre la historiadora María Paz Gaviría publicó en X un nuevo video, que no se viralizó como el de su denuncia inicial, en el que anuncia que las obras regresaron a las exhibiciones de las que fueron retiradas. Pero, así como ocurre en el Estados Unidos de Trump, no hay dudas de que está no será la última batalla por imponer una visión de la historia que refleje la mirada del líder de turno, así no coincida del todo con la realidad.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
