Jueza impone orden de emergencia que frena la campaña de presión del Departamento de Justicia contra funcionarios electorales
Por Tierney Sneed, CNN
Una jueza federal impuso una amplia orden de emergencia que frena varias tácticas agresivas empleadas en los últimos días por el Gobierno de Trump para presionar a funcionarios electorales de todo el país.
“Aunque los demandados afirman que sus acciones están destinadas a detener el voto ilegal de personas que no son ciudadanas, es probable que tengan el efecto de interferir en la administración electoral y privar del derecho al voto a votantes habilitados”, afirmó la jueza federal de distrito, Trina Thompson, en su opinión, mediante la cual concedió una orden de restricción temporal el viernes por la noche.
La jueza estableció que, mientras su orden esté vigente, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional no podrán exigir que funcionarios electorales de ningún estado separen boletas, eliminen votantes de los padrones electorales ni detengan el procesamiento de boletas. Thompson, quien fue nombrada por el presidente Joe Biden, también bloqueó las amenazas de procesos penales contra funcionarios electorales por parte de esas agencias y afirmó que el Gobierno no puede adoptar otras medidas que “amenacen, intimiden o coaccionen” a funcionarios electorales para exigir cambios en los procedimientos de procesamiento de boletas bajo el argumento de que los votantes no reúnen los requisitos.
En su dictamen, Thompson rechazó las afirmaciones que el Gobierno ha sostenido durante meses, según las cuales tiene la facultad —y la intención— de procesar penalmente a los funcionarios electorales por no hacer lo suficiente para evitar la votación ilegal.
“Cuando empleados de gobiernos estatales y locales realizan la labor de distribuir, procesar o contar boletas, o de administrar de otro modo las elecciones intermedias de 2026” de conformidad con la ley, “no infringen la legislación penal federal, incluso si una boleta en particular pertenece a un votante registrado que, según los demandados, presuntamente no reúne los requisitos para votar”, escribió.
También exige que la administración le informe sobre cualquier “solicitud de orden de registro, citación de un jurado investigador u otra exigencia para acceder a materiales electorales o boletas” que se haya emitido en relación con listas creadas por la administración para alegar que determinadas personas no reúnen los requisitos para votar.
La jueza dispuso que su orden venza el 16 de noviembre. CNN se comunicó con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.
El caso fue presentado en el Distrito Norte de California —un tribunal conocido por su inclinación progresista— por una coalición de sindicatos y grupos de derechos civiles, entre ellos la NAACP y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés). Argumentan que la conducta reciente de la administración viola la Ley de Derecho al Voto y constituye una intromisión inconstitucional en el control estatal de la administración electoral.
Un elemento central de los esfuerzos de la administración es una controvertida operación de cotejo de datos liderada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la cual ha comparado las listas estatales de votantes con registros federales. Los funcionarios electorales sostienen que las listas de presuntos no ciudadanos creadas por el DHS mediante este programa no son fiables e incluyen a ciudadanos estadounidenses.
Varios jueces están examinando actualmente dicho enfoque en casos presentados en las últimas semanas.
Los esfuerzos agresivos del Gobierno de Trump se han topado cada vez más con obstáculos en los tribunales, a medida que el gobierno federal intenta obligar a los estados a cooperar con una iniciativa que, según afirma, busca impedir que personas que no son ciudadanas voten.
A pesar de las demandas judiciales, el Departamento de Justicia ha buscado aumentar la presión enviando cartas a 29 estados y a Washington D. C., en las que amenaza con iniciar investigaciones y exige que conserven los registros y datos de los votantes de las elecciones de 2024. La ley federal ya obliga a las jurisdicciones a conservar dichos registros durante 22 meses después de una elección.
En California, donde el Departamento de Justicia presentó una demanda para intentar bloquear el recuento de votos de miles de electores que, según el gobierno federal, podrían no ser ciudadanos, un tribunal federal de apelaciones rechazó las exigencias de la administración.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. determinó que la administración no tiene derecho a intervenir en la forma en que los estados verifican el estatus de ciudadanía.
Evan Perez, de CNN, contribuyó a este informe.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
Esta noticia fue actualizada con detalles adicionales
