Aumenta la tensión por la renovación del campo de golf que Trump insiste en ejecutar en Washington “inmediatamente”
Por Tierney Sneed, Katelyn Polantz y Michael Williams, CNN
Uno de los enfrentamientos más tensos entre el Gobierno de Trump y la judicatura federal en Washington llegó a un punto álgido el lunes durante una maratónica audiencia judicial sobre las labores del presidente Donald Trump por remodelar un campo de golf que ha sido objeto de litigios durante meses.
Trump redobló el lunes temprano su apuesta por el plan de cerrar y renovar un campo de golf público de Washington, al afirmar que las obras comenzarían “INMEDIATAMENTE”, pese a la orden de una jueza de avisar con tres días de antelación antes de iniciar cualquier trabajo.
Trump escribió en una publicación de Truth Social que el Gobierno no “necesita una aprobación” para proceder con las obras.
“¡Está previsto que las obras comiencen INMEDIATAMENTE! El resultado final será de categoría mundial y devolverá a Washington ingresos y un gran prestigio”, escribió.
Pero su plan para renovar el campo de golf East Potomac ya es objeto de una batalla legal, mientras conservacionistas y golfistas intentan impedir que el presidente modifique el parque público.
El caso puede parecer relativamente menor en comparación con algunas de las otras grandes batallas legales del segundo mandato de Trump. Sin embargo, el litigio ha requerido la atención de varios abogados de alto rango del Departamento de Justicia, quienes han intentado defender las acciones de los funcionarios gubernamentales que supervisan el campo y distinguirlas de las declaraciones públicas del presidente sobre sus intenciones para el lugar.
La jueza federal de distrito Ana C. Reyes, quien supervisa el caso, emitió la semana pasada una orden que exige al Gobierno avisar con al menos tres días de antelación antes de realizar cualquier “modificación irreparable” en el campo.
Reyes y el tercer funcionario de mayor rango del Departamento de Justicia, el fiscal general adjunto Stan Woodward, se enfrentaron repetidamente por la información que ella exigía al Gobierno. Desde el lunes pasado, la cuestión del caso se había enfocado en la tala de más de 400 árboles del parque a principios de este mes, de la que el Gobierno avisó al tribunal con menos de un día de antelación.
Pero la audiencia del lunes rápidamente se convirtió en un choque por lo que Trump escribió en las redes sociales, la capacidad del Departamento de Justicia para defender ante el tribunal afirmaciones distintas del Servicio de Parques Nacionales y hasta dónde puede llegar un tribunal federal de primera instancia para exigir respuestas al Poder Ejecutivo.
“No sé qué hacer cuando siguen dándome versiones diferentes”, le dijo Reyes a Woodward al comenzar la audiencia con un momento tenso.
“Por un lado, tengo al presidente de Estados Unidos diciéndole al pueblo estadounidense (…) que existe un plan definitivo”, afirmó Reyes horas después durante la misma audiencia del lunes. “Y los tengo a todos ustedes diciéndome, y a los testigos declarando, que no existe un plan definitivo (…) ¿cuál de las dos versiones es cierta?”.
Reyes evalúa emitir una orden de mayor duración que limite lo que el Gobierno puede hacer en el campo, incluida la tala de más árboles que aún permanecen.
La semana pasada, Reyes presidió una tensa audiencia en la que afirmó estar “furiosa” con el Gobierno por haber retirado cientos de árboles sin la debida notificación. El Gobierno sostuvo que la tala era parte del mantenimiento habitual y no estaba relacionada con ningún plan para renovar el campo de golf. Reyes ordenó que no se talaran más árboles antes del 26 de octubre.
El viernes, el Departamento de Justicia presentó una moción para solicitar que Reyes fuera apartada del caso y la acusó de sentir “desprecio por el Gobierno de Trump”. Reyes rechazó la moción durante el fin de semana y refutó las acusaciones del Gobierno en su contra.
En su publicación del lunes en Truth Social, Trump descalificó a Reyes al llamarla “lunática desquiciada”.
El campo forma parte de varios proyectos de renovación en los que Trump trabaja en Washington. El deseo del presidente de convertir el campo público en uno profesional —una renovación que podría costar entre US$ 20 millones y US$ 49 millones— ha indignado a quienes temen que la capital del país pierda un lugar público y asequible para jugar al golf.
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