La opinión pública sobre la pena de muerte ha cambiado desde que Christa Pike fue condenada. Su uso con fines políticos, no
Análisis de Zachary B. Wolf, CNN
Cuando Christa Pike torturó y mató a su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995, el apoyo a la pena de muerte estaba cerca de su punto máximo en Estados Unidos.
Más de tres cuartas partes de los estadounidenses, el 77%, estaban a favor de la pena capital, según una encuesta de Gallup de aquel momento.
Las cosas cambiaron durante las décadas que Pike pasó en el corredor de la muerte, antes de que los intentos por ejecutarla mediante inyección letal fracasaran la noche del miércoles.
Alrededor de la mitad del país, el 52%, apoya la pena de muerte, según los datos más recientes de Gallup, de 2025, aunque es importante señalar que un puñado de estados del sur —encabezados por Florida, Texas y Oklahoma— son responsables de la mayoría de las ejecuciones en la actualidad.
En los años anteriores al crimen de Pike, la pena de muerte había sido un tema importante en la política de Estados Unidos, y los políticos exhibían su apoyo a ella como una especie de insignia.
En 1992, el entonces gobernador de Arkansas, Bill Clinton, interrumpió la campaña presidencial para supervisar la ejecución de Rickey Ray Rector, condenado por el asesinato de un agente de policía en 1981. La presencia de Clinton en el estado no era necesaria, pero los observadores señalaron que contribuía al deseo del candidato de mostrarse firme contra el crimen.
Clinton se enorgullecía de no haber concedido clemencia a Rector. “Como demócratas, ya no deberíamos sentirnos culpables por proteger a los inocentes”, dijo durante un debate en New Hampshire el día antes de su viaje.
Casos posteriores de la Corte Suprema que prohibieron la ejecución de personas con discapacidades intelectuales probablemente habrían impedido que esa ejecución se llevara a cabo hoy (Rector tenía daño cerebral a causa de una herida de bala). La corte también ha prohibido las ejecuciones por delitos que no sean homicidios y por crímenes cometidos por menores de edad.
Unos años después, Clinton reforzó aún más su imagen de firmeza como presidente al firmar la Ley Federal de Pena de Muerte de 1994, parte de un proyecto de ley más amplio contra el crimen elaborado por el entonces senador Joe Biden, mediante el cual “el Congreso estableció procedimientos constitucionales para imponer la pena de muerte por 60 delitos, en virtud de 13 leyes federales vigentes sobre delitos punibles con la pena capital y 28 de nueva creación”.
Compárese eso con la campaña presidencial de 2016 de la esposa de Clinton, Hillary, cuando la pena de muerte no fue un tema importante en los debates, pero abolirla formaba parte del programa oficial del Partido Demócrata.
Es probable que varios factores contribuyeran al cambio.
La exoneración de al menos 200 personas que habían estado en el corredor de la muerte desde 1973 planteó dudas sobre si se podía confiar en que el sistema judicial impusiera la pena máxima.
En el año 2000, el entonces gobernador republicano de Illinois, George Ryan, fue el primero en imponer una moratoria a la pena de muerte, después de que se demostrara la inocencia de más de una docena de reclusos del corredor de la muerte de ese estado a lo largo de varias décadas. Otros estados siguieron su ejemplo, e Illinois abolió la pena de muerte en 2011.
Las disparidades raciales en la aplicación de la pena de muerte plantearon interrogantes sobre la forma en que se solicitaba y llevaron a los tribunales de algunos estados a prohibirla.
Biden —artífice de la ley contra el crimen de la década de 1990 que intensificó la aplicación de la pena de muerte federal— hizo campaña en 2020 con la promesa de abolir esta pena a nivel federal; sin embargo, los demócratas no cumplieron con dicha promesa electoral.
No obstante, Biden sí conmutó, de manera un tanto controvertida, las penas de muerte de 37 de las 40 personas que entonces se encontraban en el corredor de la muerte federal.
Quienes permanecen en el corredor de la muerte federal son: Dzhokhar Tsarnaev, condenado por perpetrar el atentado con bomba en el maratón de Boston de 2013; Dylann Roof, condenado por asesinar a nueve personas en una iglesia históricamente afroamericana de Charleston, Carolina del Sur, en 2015; y Robert Bowers, quien mató a 11 fieles en la sinagoga Tree of Life de Pittsburgh en 2018.
Es probable que esa conmutación masiva sea la única razón por la que no se ha producido un aumento de las ejecuciones federales desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo.
Durante su primer mandato, Trump reactivó la pena de muerte a nivel federal y llevó a cabo 13 ejecuciones en los últimos siete meses de su mandato.
Trump ha pedido con frecuencia la ejecución de narcotraficantes y otras personas.
“En cuanto asuma el cargo, ordenaré al Departamento de Justicia que aplique enérgicamente la pena de muerte para proteger a las familias y los niños estadounidenses de violadores violentos, asesinos y monstruos. ¡Volveremos a ser una nación de ley y orden!”, escribió Trump en una publicación ilustrativa en las redes sociales.
Cuando regresó al poder, Trump firmó un decreto en el que prometía solicitar la pena de muerte siempre que fuera posible, especialmente por el asesinato de funcionarios de las fuerzas del orden o por asesinatos perpetrados por inmigrantes indocumentados.
Trump ha defendido públicamente la pena de muerte durante décadas. Publicó un anuncio a página completa en The New York Times en el que pedía que Nueva York restableciera la pena de muerte cuando cinco adolescentes negros y latinos fueron acusados de violar a una mujer en Central Park en la década de 1990. Posteriormente, los adolescentes fueron exonerados y recibieron indemnizaciones de la ciudad. Un documental reciente de Netflix ha vuelto a poner el caso en el centro de atención y ha suscitado críticas contra el fiscal que lo supervisó.
Los “Cinco de Central Park” aparecieron en la Convención Nacional Demócrata de 2024.
La población total de condenados a muerte en Estados Unidos ronda las 2.000 personas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPI, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que hace un seguimiento de la pena capital. Más de 500 de ellas se encuentran en California, donde el gobernador Gavin Newsom estableció una moratoria en 2019.
Veintisiete estados contemplan la pena de muerte, aunque cuatro de ellos —California, Oregón, Ohio y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes, según el DPI.
En 2015, la legislatura estatal de Nebraska tenía una postura tan firme sobre el tema que anuló el veto del entonces gobernador Pete Ricketts a un proyecto de ley para abolir la pena capital. Sin embargo, Ricketts, republicano, también tenía una postura firme. Al año siguiente, ayudó a financiar una iniciativa ciudadana para anular la decisión de la legislatura estatal. La iniciativa prosperó y Nebraska restableció la pena de muerte en 2016. Ricketts es ahora senador de Estados Unidos y busca la reelección.
Ese mismo año, los californianos rechazaron una iniciativa electoral para derogar la pena de muerte, aunque la moratoria que Newsom firmó posteriormente detendría su aplicación. El apoyo a la pena de muerte ha disminuido en Estados Unidos, pero cuando los votantes tienen la oportunidad de pronunciarse, las mayorías tanto en estados republicanos como demócratas han optado por mantenerla.
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