Varios líderes latinoamericanos apuntan al “modelo Bukele” para enfrentar el crimen. Este país busca una estrategia distinta
Por Darío Klein, CNN en Español
Amanece una mañana húmeda y fría del invierno austral en un barrio popular del noreste de Montevideo, una zona donde predominan casas pequeñas de bloque o de ladrillo sin revoque. Es viernes y en la mayoría de las viviendas los niños se preparan para ir a la escuela y los adultos para salir a trabajar. Frente a una de ellas se detienen dos motos, cuatro personas con cascos. Dos saltan el muro de entrada y mienten: “¡Policía!” para que les abran la puerta. Luego abren fuego: acribillan a cinco personas. Estos fueron 5 de las casi 200 víctimas de homicidios en Uruguay en el primer semestre del año.
Según las primeras versiones policiales, se trató de una venganza más en un largo enfrentamiento entre dos clanes familiares dedicados al narcotráfico desde hace al menos un lustro. En la capital uruguaya y sus alrededores, la tasa de homicidios durante los últimos 5 años oscila entre los 16 y 18 cada 100.000 habitantes y en todo el país ronda los 10 cada 100.000. Un delito que ha venido creciendo estadísticamente en el último medio siglo y que supone la principal preocupación para los uruguayos, según sondeos.
La angustia ciudadana deriva en debates políticos, pedidos de renuncias de la oposición y exigencias de mano dura, de soluciones drásticas. Una situación que no es muy diferente a la que vive la mayor parte de los países de América Latina. “Más policías, más cárceles y más penas. La fórmula del fracaso fue esa históricamente. Y eso solamente agravó los problemas”, dice el criminólogo Emiliano Rojido, magister y doctor en Políticas Públicas y asesor en políticas de seguridad pública del Ministerio del Interior de Uruguay.
Uruguay diseñó un proyecto a diez años al que llama Plan Nacional de Seguridad, para intentar solucionar el problema de la inseguridad a partir de “tres dimensiones”. “En primer lugar, queremos que la seguridad pública sea una política de Estado que trascienda los períodos de gobierno, porque muchas de las soluciones no se van a dar en el corto plazo”, explica Rojido. Es decir, “tratar de separar la seguridad pública del botín electoral”.
En segundo lugar, este trabajo, que ya lleva casi un año de desarrollo, intenta ver a la seguridad pública como “una política compleja” y no solamente policial. “Es decir -dice Rojido- entendemos que no es justo cargar en hombros de la Policía toda la responsabilidad de la seguridad pública y que es necesario trabajar coordinadamente desde todos los ámbitos”: los tres poderes del Estado, varios Ministerios, gobiernos municipales, sociedad civil, empresas de seguridad privadas, compañías tecnológicas, aseguradoras, entre otros.
Y, en tercer lugar, “hacer de la seguridad pública una política basada en evidencia”. “En seguridad pública las medidas se vienen tomando, tradicionalmente, históricamente, en Uruguay y América Latina, a golpe de balde: sobre todo por su efecto de poder retórico, por demagogia básicamente”, añade Rojido, quien considera que “dada la importancia del tema, dada la enorme cantidad de recursos que moviliza, tenemos que gastar bien la plata que tenemos para producir los resultados que queremos”. Por eso, dice, apelan “a más y mejor evidencia para diseñar la política pública y, también, para luego ser evaluados y bajo estricto control de la oposición política y de la ciudadanía en general”.
El ministro del Interior, Carlos Negro, declaró públicamente que pretendían que el modelo uruguayo de seguridad fuera un modelo “democrático, republicano y participativo”, porque, del otro lado, estaba el otro modelo: el modelo (del presidente salvadoreño, Nayib) Bukele, que se lo ve “como un modelo de seguridad pública y se olvidan de que se trata de un régimen político” distinto.
“El concepto general que guía todo el Plan de Seguridad es crear un modelo uruguayo de seguridad pública, una forma de combatir el delito y mejorar los niveles de seguridad del país, que no sea a través de recetas autoritarias o que no se pueda implementar en un país republicano y democrático como el nuestro”, enfatizó Negro.
“La idea de producir seguridad sacrificando derechos es una contradicción -explica Rojido-Nosotros entendemos la seguridad pública como el ejercicio de derechos: derecho a la vida, derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. Si tenemos que restringir derechos para conseguir seguridad hay algo que está mal”.
La inseguridad delictiva es el espectro que hoy avanza por toda América Latina. Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), considera que en América Latina el peor problema ya no son las guerras, sino el crimen organizado.
“Toda la región vive un proceso de décadas de deterioro de los indicadores de seguridad pública”, explica Diego Sanjurjo, referente del Grupo Latinoamericano y del Caribe de Seguridad y Democracia (Glacsed), y excoordinador de Estrategias de Seguridad Integral y preventivas del anterior gobierno uruguayo del centroderechista Luis Lacalle Pou. “Los mercados ilegales y grupos criminales vienen creciendo desde hace décadas: y los poquitos países que se consideraban seguros empezaron a tener también problemas grandes, como Uruguay, como Chile, como Costa Rica y como Ecuador”, agrega.
Ante este panorama, algunos líderes de la región apelan a intentar imitar el llamado “modelo Bukele”. Bajo el mandato del Bukele, El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del planeta a registrar apenas 1,3 homicidios cada 100.000 habitantes. Esta considerable baja de la violencia llegó de la mano de un “estado de excepción”, detenciones masivas sin orden judicial, denuncias de torturas (que el Gobierno niega), control de la Corte Suprema, reforma de la Constitución para permitir la reelección indefinida, resultando en una democracia poco saludable, según Varieties of Democracy.
Pero el “modelo Bukele” no es fácilmente aplicable en otros países y tampoco es garantía de éxito. Diego Sanjurjo, quien integra el Partido Colorado uruguayo, explica que “las políticas represivas de seguridad suelen ser políticas adictivas”. Y lo detalla así: “Ponés mil policías más en la calle, pero no baja el delito. Sin embargo, a nadie se le ocurre revertirlo. Al revés: el ciudadano quiere más policías. Ahora le ponen 2.000 y, no me importa si no funciona, quiero 4.000. Lo mismo pasa con las penas, con los patrulleros… Nunca se plantea: si esto no funcionó, lo revierto”. “Casi todos los países de América Latina estamos en ese tren: un sistema de seguridad cada vez más caro pero que no da resultados”, subraya.
Uruguay intenta que este enfoque científico sí de resultados. Para ello está siendo apoyado por diversos organismos internacionales y creó el Consejo Internacional de Observación y Cooperación. Ese grupo de instituciones internacionales brinda asistencia técnica, respaldo económico, sirvió como “veedor de buena fe” durante un diálogo político entre diversos actores sociales y políticos de todos los partidos y “documentó todo el proceso” que derivó en el Plan Nacional de Seguridad, “con la esperanza de que la experiencia de Uruguay pudiera servir también a otros países de la región”, detalla Rojido.
Entre las instituciones que trabajan junto al gobierno uruguayo están: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, y el Instituto Latinoamericano de la ONU para la Prevención del Delito (ILANUD).
Uruguay también integra el Glacsed, liderado por los expresidentes de Costa Rica y Perú, Carlos Alvarado y Francisco Sagasti, que precisamente busca “ampliar y fortalecer la conversación sobre cómo enfrentar al crimen organizado con respuestas firmes, pero que se enmarquen en el Estado de derecho y no impliquen la vuelta a regímenes autoritarios”, menciona Sanjurjo, que es uno de sus referentes.
“Por supuesto que no desconocemos el tamaño del desafío con el que estamos lidiando”, dice Rojido. Hasta ahora las autoridades uruguayas no han podido reducir los homicidios, la enorme mayoría de ellos vinculados al crimen organizado. Los demás delitos sí han venido disminuyendo de manera sostenida: hurtos, rapiñas, violencia de género, crímenes en cárceles, entre otros.
Los resultados, advierten los expertos, no serán rápidos. Por eso el plan es a 10 años e incluye al menos dos periodos de gobierno, que podrían no ser del mismo partido. Para eso, Uruguay tiene condiciones favorables para tener una política de Estado en seguridad, “como el diálogo permanente entre las distintas fuerzas políticas y una sociedad civil robusta”, dice Rojido. “Porque, en definitiva, los partidos se han alternado en el gobierno y ninguno por sí solo ha podido encontrar las soluciones”, agrega. La alternativa ya la conocen: que la gente descrea en la democracia, y que “aparezcan soluciones mágicas, atajos, planteos demagógicos, populistas, autoritarios”, concluye.
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