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Un tribunal de apelaciones cuestiona a abogados sobre si Sean “Diddy” Combs fue sentenciado de manera indebida

Por Kara Scannell y Nicki Brown, CNN

Un panel de jueces federales de apelación cuestionó este jueves a fiscales de Estados Unidos y a los abogados de Sean “Diddy” Combs sobre la validez de su condena a 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de cargos relacionados con prostitución.

Los abogados de Combs buscan la liberación del magnate de la música, al argumentar que el juez del juicio consideró de forma indebida conductas por las que Combs había sido declarado inocente, en particular pruebas vinculadas a los cargos más graves de conspiración para cometer extorsión y tráfico sexual.

“El veredicto unánime fue de no culpable en los cargos más graves”, dijo la abogada defensora Alexandra Shapiro ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito este jueves. “El jurado no autorizó castigo por tráfico sexual ni por conspiración, pero eso fue lo que impulsó la sentencia en este caso”.

Los fiscales, por su parte, pidieron al tribunal de apelaciones que confirme la condena y la sentencia.

La fiscal federal adjunta Christy Slavik argumentó que la condena de Combs se basó en parte en múltiples factores que no incluían conductas por las que fue absuelto, entre ellos su historial de abuso contra mujeres.

“Lo que hizo el juez aquí, lo que realmente guió su análisis, no se basó en conductas por las que fue absuelto”, dijo Slavik. “Ni siquiera se basó en cuestiones en disputa desde el inicio”.

El tribunal había asignado 20 minutos a cada parte para presentar sus argumentos, pero la audiencia se extendió cerca de dos horas, ya que los jueces bombardearon a los abogados con preguntas sobre pruebas y escenarios hipotéticos mientras analizaban cómo resolver los temas planteados.

“Este es un caso excepcionalmente difícil”, dijo el juez William Nardini al concluir la audiencia. El panel no emitió una decisión este jueves, aunque Shapiro instó a los jueces a pronunciarse lo antes posible.

Combs no asistió a la audiencia.

El fundador de Bad Boy Records fue declarado culpable en julio pasado de dos cargos de transporte para participar en prostitución, en violación de la Ley Mann, por organizar viajes de escorts para que participaran en actos sexuales con sus entonces parejas, Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo “Jane”.

Combs fue absuelto de los cargos de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual. Los fiscales alegaron que Combs coaccionó a ambas mujeres para mantener relaciones sexuales con escorts masculinos, a menudo mediante el suministro de drogas para sostener encuentros durante varios días. Estas sesiones sexuales prolongadas, que con frecuencia eran grabadas, eran denominadas “Freak Offs” y “noches de hotel”.

Combs fue condenado a más de cuatro años de prisión en octubre. Actualmente, su liberación está programada para abril de 2028, según registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos. Permanece bajo custodia federal desde su arresto en septiembre de 2024.

Los abogados de Combs argumentaron que debería ser liberado porque los acusados condenados por delitos similares relacionados con la prostitución suelen recibir sentencias de unos 15 meses. También solicitaron al tribunal de apelaciones que absuelva a Combs de esos cargos o que devuelva el caso al juez federal de distrito Arun Subramanian para una nueva sentencia.

Al inicio de la audiencia, Nardini señaló que el Segundo Circuito ha sostenido previamente que es constitucional que un juez considere conductas por las que un acusado fue absuelto al dictar sentencia.

Sin embargo, Shapiro argumentó que el tribunal no ha vuelto a pronunciarse desde que la Comisión de Sentencias de Estados Unidos emitió directrices que prohíben considerar esas conductas al calcular las pautas de sentencia recomendadas.

“No creo que el tribunal haya abordado expresamente este tema desde la modificación de las directrices”, dijo.

Los fiscales respondieron que las nuevas directrices se aplican al cálculo del rango de la sentencia, no a la determinación final de la pena. En este último caso, los jueces pueden considerar otros factores, incluido el carácter del acusado.

Shapiro sostuvo que los fiscales dedicaron el juicio a intentar probar los cargos más graves y que los cargos bajo la Ley Mann no eran más que una “idea de último momento”.

El juez M. Miller Baker sugirió que Subramanian estaba “mezclando” pruebas presentadas para otros cargos con el fin de respaldar la sentencia de Combs.

“¿Por qué no deberíamos exigirles coherencia con la forma en que procesaron el caso?”, preguntó Baker a los fiscales. “Fueron ante el jurado y dijeron que este hombre hizo todas estas cosas terribles para efectos de la conspiración y del tráfico sexual, y el jurado lo absolvió. Y luego, la Ley Mann quedó como algo secundario”.

Slavik respondió que existía una gran cantidad de “conductas superpuestas” entre los distintos cargos.

“Las pruebas sobre las noches de hotel y los ‘Freak Offs’ estaban relacionadas tanto con el tráfico sexual como con los cargos bajo la Ley Mann”, dijo, y agregó que nunca hubo una “línea divisoria”.

Shapiro sostuvo que el juez sentenció a Combs basándose en supuestos actos de coacción, un elemento propio de los cargos de tráfico sexual que, según dijo, el jurado rechazó.

“(Subramanian) encontró coacción cuando el jurado no la encontró”, afirmó.

Slavik argumentó que, incluso si el tribunal de apelaciones no coincidiera con las conclusiones del juez sobre conductas relacionadas con cargos de los que fue absuelto, la sentencia debería mantenerse, ya que el juez indicó que habría impuesto la misma pena de todas formas.

“(Subramanian) declaró de manera inequívoca y explícita que impondría la misma sentencia independientemente de las directrices sobre conductas de las que fue absuelto”, dijo.

Como ejemplo, Slavik señaló que el juez identificó a cinco “participantes penalmente responsables” involucrados en el traslado de las escorts para justificar una pena mayor.

Los abogados de Combs también objetaron la caracterización que hizo Subramanian en la sentencia de Ventura, Jane y las escorts como “víctimas”, lo que influyó en la pena.

El jurado no consideró a Ventura ni a Jane como víctimas, dijo Shapiro, dado que absolvió a Combs de los cargos de tráfico sexual relacionados con ellas. Tampoco las escorts deberían clasificarse como víctimas, definidas como personas que fueron “perjudicadas o lesionadas por el delito”, añadió.

En documentos judiciales, los abogados de Combs también argumentaron que su condena por cargos relacionados con la prostitución debería ser anulada porque él participó en voyeurismo y pornografía amateur, conductas que afirman están protegidas por la Primera Enmienda.

El tema no fue central en los argumentos de este jueves. Sin embargo, los abogados sostienen que la prostitución no está definida en la Ley Mann y piden al tribunal de apelaciones rechazar una “interpretación excesivamente amplia de la ley”.

“Los ‘Freak Offs’ y las noches de hotel eran actuaciones sexuales altamente coreografiadas que incluían el uso de vestuario, juegos de rol e iluminación escenificada, y eran grabadas para que Combs y sus parejas pudieran ver posteriormente esa pornografía amateur. La producción y visualización de este tipo de pornografía está protegida por la Primera Enmienda y, por lo tanto, no puede ser objeto de procesamiento penal”, escribieron sus abogados.

“En otras palabras, el término ‘prostitución’ en la ley debería limitarse a aquellas situaciones en las que un cliente que paga mantiene relaciones sexuales con la persona que recibe el pago”, añadieron.

Los fiscales calificaron el argumento de Combs como “infundado”.

“Combs se encuentra en una situación completamente distinta a la de los distribuidores de cine para adultos: contrató y trasladó a trabajadores sexuales comerciales para que mantuvieran relaciones sexuales con sus parejas para su propia gratificación sexual, en ocasiones participando directamente en los actos”, escribieron en una respuesta presentada en febrero.

Respaldar la postura de Combs, dijeron los fiscales, implicaría que “cualquier acusado que transporte a otras personas para participar en prostitución podría eludir responsabilidad simplemente observando o grabando el acto sexual”.

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