Detenciones arbitrarias, abusos, intimidación: la “brutal represión” a opositores prevaleció en Venezuela en 2025, dice HRW
Por Mauricio Torres, CNN en Español
A lo largo de 2025, mientras el hoy derrocado Nicolás Maduro comenzaba su tercer período como presidente de Venezuela, la “brutal represión” a los opositores políticos se mantuvo como un rasgo constante en el país sudamericano, de acuerdo con el reporte anual sobre los derechos humanos en el mundo elaborado por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
El informe, publicado este miércoles, señala que algunas de las prácticas gubernamentales que prevalecieron durante el año pasado fueron las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los abusos contra las personas detenidas y la intimidación a periodistas, activistas y manifestantes.
HRW dice que estas acciones represivas se intensificaron después de las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024, cuando Maduro fue proclamado ganador, la oposición rechazó los resultados y consideró ganador al exembajador Edmundo González Urrutia —hoy asilado en España— y muchas personas salieron a las calles a protestar.
CNN contactó al Ministerio para la Comunicación y la Información de Venezuela para pedir comentarios sobre el contenido del documento y está en espera de respuesta.
Anteriormente, el Gobierno de Venezuela ha negado que en el país se cometan abusos a los derechos humanos como los señalados por HRW, otras organizaciones civiles e incluso instancias de la ONU desde hace más de una década.
En su más reciente reporte, HRW señala que desde las semanas posteriores a las elecciones de 2024 y durante 2025 el Gobierno de Venezuela desplegó “una campaña nacional de intimidación y represión”, en la que participaron fuerzas de seguridad y grupos armados a favor del Gobierno conocidos como “colectivos”. Tras este despliegue, dice HRW, al menos 24 personas murieron y muchas más fueron arrestadas.
“Miles de críticos, incluidos niños, opositores políticos y extranjeros, han sido detenidos arbitrariamente y acusados en audiencias virtuales con cargos vagos como ‘incitación al odio’ y ‘terrorismo’”, menciona el informe.
Agrega que muchos de los arrestados han denunciado haber estado incomunicados, que se les negaron visitas o el derecho a la defensa legal, así como torturas, golpes, asfixia, hacinamiento y violencia sexual.
El reporte de HRW se da a conocer poco más de un mes después de que el 3 de enero Estados Unidos realizara un operativo militar en Caracas para capturar a Maduro, a quien llevó a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que él rechaza.
Tras el derrocamiento de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y comenzaron una serie de medidas que, según el Gobierno, buscan resolver las tensiones políticas en Venezuela y hacer un llamado al diálogo.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy, anunció el 8 de enero que “un número importante” de personas saldría de prisión, mientras que el 30 de enero la presidenta encargada propuso una ley de amnistía general que abarque casos desde 1990.
El Gobierno dice que se han realizado más de 800 excarcelaciones mientras, en contraste, la organización no gubernamental Foro Penal tiene registro de solo 344 hasta el 1 de febrero y familias de quienes siguen presos denuncian que el proceso avanza con lentitud. En tanto, la ley de amnistía aún está por discutirse en la Asamblea Nacional, donde se espera que el tema sea abordado de manera urgente.
HRW no incluye en su reporte estos sucesos recientes, pero sí advierte que en el pasado las autoridades de Venezuela han llevado a cabo otras excarcelaciones que no han implicado el cierre de investigaciones penales y han significado restricciones para quienes salen de prisión.
“Muchos han sido forzados a firmar documentos que les prohíben dar información sobre su arresto o procedimientos legales, y algunos han sido obligados a grabar videos en los que dicen que sus derechos fueron respetados mientras estuvieron en detención”, dice el informe.
El reporte de HRW también señala que las acciones del Gobierno contra activistas continuaron en 2025. Dice que tan solo en la primera mitad del año se registraron 321 casos —que incluyeron intimidación, acoso y detenciones arbitrarias— y recuerda que para el 5 de septiembre había cinco defensores de derechos humanos detenidos: Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Kennedy Tejeda y Eduardo Torres.
A lo largo de enero, todos ellos fueron excarcelados después del anuncio de Jorge Rodríguez.
Por otra parte, el informe resalta que desde 2024 la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una legislación que establece sanciones para quienes apoyen algún tipo de sanción contra el país, según el criterio de la Justicia. Hoy, destaca HRW, quienes sean condenados por estos hechos pueden recibir sentencias de hasta 30 años de prisión.
En cuanto a la libertad de expresión y de prensa, HRW señala que el trabajo de periodistas y medios independientes fue “estigmatizado, acosado y reprimido” a lo largo de 2025.
Con base en datos de la organización no gubernamental Espacio Público, HRW dice que entre enero y agosto del año pasado se registraron 167 actos de censura, intimidación y restricciones administrativas.
“Autoridades usaron plataformas en línea para intimidar, estigmatizar y vigilar a posibles críticos, facilitando arrestos. Publicaron datos personales de ellos para amenazarlos”, dice el reporte, y agrega que para agosto había 15 periodistas detenidos en Venezuela.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) dice que, al día de hoy, son seis los periodistas que siguen privados de la libertad.
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