El año más violento en Ecuador: el país cerró el 2025 con más de 9.000 homicidios, la mayor cifra de su historia
Por Ana María Cañizares, CNN en Español
El 2025 estuvo marcado nuevamente por una ola de violencia criminal en Ecuador que parece no dar tregua pese a los intentos gubernamentales por contener la arremetida de grupos delictivos. El Ministerio del Interior informó este martes que 2025 cerró con 9.216 homicidios intencionales, una cifra que indica que fue el año más violento en la historia del país.
Tan solo en comparación con 2024, los homicidios tuvieron un incremento del 30,48%, según las cifras oficiales.
El informe del Ministerio del Interior revela —entre otros aspectos— que la mayoría de estas muertes, más 3.200, fueron de personas de entre 25 y 34 años, y más de 2.000 cobraron la vida de personas entre 18 y 24 años. El 91% de las víctimas correspondió a hombres.
Masacres, sicariatos, muertes dentro de prisiones y ajustes de cuentas marcaron 2025, pero también las víctimas colaterales de la violencia cuyas vidas fueron apagadas por balas perdidas o equivocación al momento de perpetrar un crimen. A eso se suman los crímenes contra jugadores de fútbol. Solo el año pasado, cinco futbolistas murieron tras ser baleados, hechos bajo investigación de la Fiscalía y la Policía.
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en su informe sobre Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador en 2025, sostiene que los mercados ilícitos en el país están evolucionando y generando amplias “cadenas de valor”. Agrega que el narcotráfico es la principal expresión criminal, seguida de la minería ilegal, pues afirma que se ha consolidado como el segundo mercado más lucrativo para los grupos criminales.
Sobre la declaración de conflicto interno armado que Ecuador mantiene desde enero de 2024 con el fin de combatir a la delincuencia, el Observatorio sostiene que eso no ha evitado las “fragmentaciones y atomizaciones” de los grupos criminales que se han ido reorganizando durante este tiempo.
“La fragmentación geográfica de las actividades ilícitas va de la mano con la fragmentación interna de las organizaciones criminales que han sufrido procesos de transformación para poder ejercer el control territorial que los diferentes mercados exigen”, dice el informe.
También insiste en que la extorsión se ha convertido en un mecanismo para que las bandas delictivas obtengan más control territorial y gobernanza en puntos estratégicos donde operan los mercados ilícitos. “Las organizaciones criminales usurpan la capacidad del Estado para generar ingresos bajo amenazas y miedo”, insiste el Observatorio.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa, que ha declarado la guerra a las organizaciones delictivas, ordenó el 16 de enero el despliegue de 10.000 militares en varios puntos del país, especialmente en la costa, con el fin de recuperar territorios. Los ministerios de Defensa y del Interior han calificado la operación como “Ofensiva Total” y dicen que unidades de élite, especializadas y equipos de inteligencia intervendrán sectores y zonas que se han priorizado para enfrentar al crimen.
“Con estas acciones se busca consolidar el control territorial, fortalecer la presencia de las fuerzas del orden en zonas estratégicas y enfrentar de manera frontal a las organizaciones criminales”, indicó el Ministerio de Defensa.
La medida fue tomada pocos días después del hallazgo de cinco cabezas humanas en la playa de Puerto López en la provincia de Manabí, una localidad muy golpeada por la criminalidad. Además, se produjo en medio de críticas al presidente Noboa por sus constantes viajes internacionales y un pedido de licencia de vacaciones del 1 al 18 de enero.
Para la abogada ecuatoriana e investigadora doctoral en criminología en la Universidad de Cambridge Karen Sichel, la militarización no es suficiente para aplacar la crisis de inseguridad que enfrenta Ecuador. Cree que el sistema de justicia también es parte del problema pues la corrupción y la opacidad golpean la confianza en el Estado para enfrentar el problema.
“La militarización sin Estado de derecho no lleva a ningún lado (…) y luego Noboa ha optado por el populismo penal donde ha aumentado las penas de ciertos delitos, pero como no ha fortalecido la función judicial eso queda en letra muerta. Los fiscales y jueces honestos no tienen la protección del Estado para cumplir sus competencias, mientras que los fiscales y los jueces que no son honestos tienen completamente el apoyo de las bandas criminales”, dijo Sichel a CNN.
Sichel insiste en que no se están tomando medidas a largo plazo y que no se ha reforzado el Estado de derecho.
“Estamos en el peor escenario posible, porque no tenemos la fortaleza del orden del Estado, sino que además, cuando existe caos, matanzas o crímenes, no tenemos una función judicial que esté preparada”, agregó.
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