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Minnesota e Illinois invocan la Décima Enmienda en demandas para frenar a agentes federales. ¿Por qué es importante?

Por Chelsea Bailey, CNN

Funcionarios de Minnesota e Illinois presentaron demandas con apenas horas de diferencia este lunes para frenar la ofensiva migratoria en curso del Gobierno de Donald Trump en sus respectivos estados.

Aunque las demandas son independientes y tienen matices, ambos estados citaron la Décima Enmienda para respaldar su argumento de que el despliegue masivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza —que ha provocado protestas a nivel nacional, así como violencia y miedo en sus ciudades— equivale a un exceso de poder federal y a una violación de su soberanía estatal.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ha dicho que su oficina considera que el aumento de agentes federales viola la Décima Enmienda, que establece la división de poderes entre los gobiernos estatales y el federal.

“La Constitución otorga a Minnesota la autoridad soberana para proteger la salud y el bienestar de todas y cada una de las personas que viven dentro de nuestras fronteras”, dijo Ellison en una conferencia de prensa este lunes al anunciar la demanda.

“Vamos a defender esos derechos porque —por más que les guste creerlo— el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no está por encima de la ley, y los habitantes de Minnesota ciertamente no está por debajo de ella”.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, fue un paso más allá en sus comentarios sobre la demanda de su estado, afirmando que Illinois hará que el presidente Donald Trump y su Gobierno “rindan cuentas por sus tácticas ilegales, sus escaladas innecesarias y sus abusos flagrantes de poder”.

Trump y su administración han sostenido que la Constitución otorga al Gobierno federal amplias facultades para hacer cumplir las leyes migratorias nacionales como lo considere adecuado.

En una extensa declaración publicada en Truth Social este martes, Trump defendió las tácticas del ICE y declaró: “¡NO TEMAN, GRAN GENTE DE MINNESOTA, EL DÍA DEL AJUSTE DE CUENTAS Y LA RETRIBUCIÓN SE ACERCA!”.

Sin embargo, expertos en derecho constitucional dijeron a CNN que este par de demandas enfrenta, en esencia, el derecho de los estados a autogobernarse y proteger a sus residentes contra la capacidad del Gobierno federal de aplicar la política migratoria dentro de las fronteras del país.

Y esto abre la puerta a una nueva interpretación de una enmienda fundamental de la Declaración de Derechos, según los expertos.

Michele Goodwin, profesora de derecho constitucional en la Universidad de Georgetown, dijo que comprender la relevancia de las demandas de Illinois y Minnesota comienza por entender la importancia de la Carta de Derechos y de la Décima Enmienda.

“La Carta de Derechos estaba pensada para proteger a estos nuevos estadounidenses, a estas personas que habían huido de los peores excesos políticos del Reino Unido”, explicó. “Estaba diseñada para proteger a los individuos del abuso de poder por parte del Gobierno”.

La Primera Enmienda establece las libertades fundamentales de expresión, prensa, religión y reunión pacífica. También protege el derecho a pedir cambios al Gobierno sin temor a represalias y prohíbe que el Congreso apruebe leyes que vulneren estos derechos.

Las enmiendas posteriores, según Goodwin, se basan en estas protecciones para enumerar aún más los derechos de los ciudadanos y protegerlos contra los abusos del Gobierno.

Pero la Décima Enmienda es única, según Goodwin, porque establece la división de poderes entre el gobierno estatal y el federal, lo que también se conoce como “federalismo”.

La Décima Enmienda establece: “Los poderes que no son delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, quedan reservados a los estados respectivamente, o al pueblo”.

Para entender esto, dijo Goodwin, es útil recordar que, en el momento en que se redactó la Declaración de Derechos, los estados eran, en muchos sentidos, como países independientes que aceptaban ser gobernados por un sistema federal.

En esencia, la Décima Enmienda estableció que los estados conservan el poder soberano para dictar leyes locales y gobernar dentro de sus fronteras, y que el Gobierno federal no puede imponer su voluntad sobre un estado salvo que esa autoridad haya sido otorgada por el Congreso o la Constitución.

Esto permitió a los estados crear, controlar y regular todo, desde los sistemas educativos estatales y sus fuerzas policiales locales hasta las normas electorales y las leyes de zonificación, dijo Goodwin.

Pero ahora, más de 230 años después de la ratificación de la Décima Enmienda, tanto Minnesota como Illinois alegan que el aumento federal de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza está impidiendo a los funcionarios estatales y locales gobernar eficazmente y garantizar la seguridad de sus residentes.

Craig Futterman, profesor clínico de derecho en la Universidad de Chicago, señaló que, aunque no hay duda de que el Gobierno federal tiene derecho a hacer cumplir las leyes migratorias, aún está por verse si los tribunales aceptarán la interpretación que Minnesota e Illinois hacen de la Décima Enmienda.

“La teoría de los estados, tanto en Minnesota como en Illinois, es que el Gobierno federal está utilizando las leyes de inmigración como una artimaña para atacar a los estados y ciudades (dirigidos por los demócratas) con el fin de tomar represalias contra ellos e interferir en sus políticas locales, es decir, interferir en su soberanía”, explicó.

En su demanda, Minnesota argumenta que la “ofensiva agresiva y militarizada” de la administración “interfiere en la capacidad de las fuerzas del orden estatales y locales para combatir la delincuencia y proteger la salud, el bienestar y la seguridad de los residentes”.

Las autoridades de Illinois también alegan que la “incursión” del DHS en el estado “y sus tácticas ilegales y violentas han perturbado la vida y socavado las libertades y los derechos de propiedad de la población, perjudicando los intereses soberanos y de propiedad de Illinois y Chicago”.

Chicago, así como Minneapolis y Saint Paul, figuran también como demandantes en las acciones legales contra la Administración Trump.

En sus demandas, los estados y las ciudades sostienen que, además de vulnerar la soberanía que les otorga la Décima Enmienda, las acciones del Gobierno de Trump son punitivas y buscan “coaccionar” a las autoridades estatales y locales para que adopten las políticas de la administración.

En esencia, ambos estados solicitan a los tribunales que impidan a ICE aplicar algunas leyes de inmigración, basándose en la Décima Enmienda. Los expertos jurídicos coinciden en que se trata de un enfoque novedoso de una ley centenaria.

“Eso no significa necesariamente que lo que se está argumentando vaya a ser reconocido por un juez federal o por la Corte Suprema”, dijo Goodwin.

“Parte de lo que estamos viendo son lo que se conoce como ‘casos de primera impresión’, es decir, situaciones que no se han presentado antes y que los tribunales deben analizar por primera vez”.

Antes del Movimiento por los Derechos Civiles, recordó Futterman, los estados del sur invocaban la Décima Enmienda para argumentar que tenían el derecho soberano de mantener la segregación dentro de sus fronteras.

Pero, como señaló Goodwin, la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 otorgó al Gobierno federal la autoridad para garantizar y hacer cumplir la igualdad ante la ley, anulando de facto la soberanía estatal en materia de segregación.

Tanto Futterman como Goodwin coinciden en que las demandas de Minnesota e Illinois plantean un uso poco común de la Décima Enmienda.

“Parece que la política está dando un giro. Tradicionalmente, los argumentos sobre los derechos de los estados se han esgrimido a menudo como defensa ante los intentos federales de hacer cumplir las leyes de derechos civiles para garantizar la igualdad de protección para todas las personas ante la ley”, dijo Futterman.

“Y aquí los estados están diciendo: ‘Lo que está ocurriendo es lo contrario: es el Gobierno federal el que está atacando a los estados por proteger a poblaciones vulnerables’”.

“Este tipo de casos y demandas no surgen todos los días”.

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