Al menos 200.000 deportados latinoamericanos en 10 meses: la ofensiva migratoria de Trump separa familias y afecta al campo
Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español
Cuando Leonel Chávez despierta, todavía piensa que sigue en Norfolk, Connecticut. Le toma unos segundos recordar que ahora está lejos de su esposa y de sus tres hijos, nacidos en Estados Unidos. “Es una pesadilla que a veces no me deja dormir, cómo me agarraron, cómo me mandaron pa’ atrás”, cuenta a CNN desde Puebla, México, a donde llegó tras haber sido deportado a mediados de agosto.
Unos días antes, Chávez y su hermano Ricardo iban rumbo a su trabajo en la construcción cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los detuvieron. En el video, que él mismo grabó, se ve cómo los oficiales lo sujetan del brazo dentro de su camioneta mientras él pregunta una y otra vez qué buscan y pide ver una orden de arresto. Poco después, ya estaban de regreso en México.
“Me siento vacío, me siento devastado”, dice Chávez. Su historia es apenas una entre decenas de miles.
En los primeros diez meses del Gobierno de Donald Trump, entre enero y octubre de 2025, al menos 200.000 latinoamericanos han sido deportados, según cifras oficiales recopiladas por CNN. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, la promesa de una “deportación masiva” dejó de ser un eslogan para convertirse en un aparato de expulsión acelerada con redadas y arrestos que ocurren a lo largo de todo el país desde lugares de trabajo, estacionamientos y zonas residenciales hasta las afueras de cortes de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. confirmó a CNN la deportación de Chávez y aseguró que los agentes siguieron su entrenamiento y usaron la mínima fuerza necesaria. También lo calificó como un indocumentado con un largo historial criminal. Documentos judiciales muestran que tiene varias condenas menores, errores que Chávez admite haber cometido en su adolescencia.
Mientras la maquinaria de deportaciones avanza, las consecuencias empiezan a sentirse también en el campo que está perdiendo miles de dólares porque los trabajadores, en su mayoría inmigrantes indocumentados, no se presentan a recoger la cosecha por miedo a ser detenidos y enviados de vuelta a sus países.
Las cifras de deportaciones muestran un giro drástico en la política migratoria estadounidense. En los primeros diez meses del gobierno de Joe Biden, entre enero y octubre de 2021, se reportaron 34.293 deportaciones de latinoamericanos, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).
Pero en el mismo periodo del segundo mandato de Donald Trump, que inició en enero de 2025, las deportaciones alcanzaron al menos las 200.000 personas, según el recuento de CNN.
Para construir este recuento, CNN contactó con las cancillerías, institutos de migración y ministerios del interior de los países de América Latina. Al cierre de esta nota, Argentina, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Paraguay no habían respondido a la solicitud de CNN por lo que no aparecen en el recuento, lo que sugiere que la cantidad de deportados podría ser aún mayor.
El salto es contundente: la cifra bajo Trump es casi seis veces mayor que la registrada en ese tramo del gobierno de Biden. O puesto de otra manera, las deportaciones aumentaron alrededor de un 470 % al regresar el republicano a la Casa Blanca.
La creciente comunidad latina en Estados Unidos alcanzó un récord de más de 68 millones en 2024, según cifras de la Oficina del Censo de EE.UU. Una población tan grande que solo Brasil y México la superan en toda América Latina.
Históricamente, la población mexicana ha sido el mayor grupo hispano en Estados Unidos. En 2024, sumaron 38,9 millones (11,5 %), un importante aumento comparado con los 35,9 millones contabilizados en 2020, según los datos del Censo.
Y es también el país latinoamericano que más ciudadanos ha visto regresar: más de 100.000 deportados, el 53 % de todas las deportaciones de latinos desde EE.UU. Le siguen Guatemala (15 %) y Honduras (13 %), países marcados por la violencia endémica, la pobreza y la falta de oportunidades, que han empujado a miles a buscar a mejores oportunidades en el norte.
Las personas originarias de Centroamérica han registrado un incremento importante en los últimos años. La población hondureña superó por primera vez desde 2010 la marca del millón de residentes en Estados Unidos.
La comunidad guatemalteca es aún más numerosa: con más de 2 millones de personas, según el Censo, se consolidó como una de las poblaciones centroamericanas más grandes del país. Junto con los salvadoreños —que suman aproximadamente casi 3 millones de residentes— conforman los tres grupos migrantes más amplios de Centroamérica dentro de EE.UU.
Las comunidades de países sudamericanos como Colombia, Ecuador y, en particular, Venezuela – cuya crisis económica y humanitaria ha forzado a millones a huir— superan el millón de personas en Estados Unidos, según el Censo, y son también los que más deportados han recibido desde la llegada de Trump hace unos meses.
La población venezolana reportó el crecimiento más acelerado de los grupos hispanos, con un aumento del 181 % del 2010 a 2020, según el Censo.
Mientras, Chile y Costa Rica muestran menos deportaciones —menos de 400 en conjunto—, en línea con que son algunas de las comunidades latinoamericanas más pequeñas en el país: 82.000 uruguayos, 227.000 chilenos y 220.000 costarricenses se estima que vivían en Estados Unidos en 2024, según el Censo.
Mientras el Gobierno de Joe Biden se centró principalmente en frenar el ingreso irregular en la frontera sur, aplicando restricciones a solicitantes de asilo y priorizando la gestión de los cruces, Trump ha apostado por una estrategia distinta: una ofensiva desde el interior del país. Sus redadas se han extendido a lugares de trabajo, estacionamientos, vecindarios e incluso fuera de cortes de inmigración, mientras revisa green cards, elimina programas de protección temporal (TPS) y limita visas de trabajo.
La deportación bajo Trump no solo afecta a quienes cruzaron la frontera de manera irregular, sino también a inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos, ampliando el impacto a comunidades enteras. En algunas ciudades, como Los Ángeles, estas medidas se han reforzado con controvertidos despliegues de la Guardia Nacional, lo que ha generado indignación y protestas de comunidades locales y defensores de los derechos de los inmigrantes.
Los números reflejan esa diferencia. Durante el primer año de Biden, las deportaciones alcanzaron unas 36.600 personas, según cifras de ICE. En contraste, el DHS informa que desde el inicio del segundo mandato de Trump se han deportado más de medio millón de inmigrantes indocumentados, incluyendo a quienes fueron rechazados en puertos de entrada y los arrestados dentro del país.
A pesar de estas cifras, los funcionarios del Gobierno siguen frustrados por el ritmo de los arrestos y deportaciones de inmigrantes, que no alcanzan el objetivo impuesto por la Casa Blanca de un millón de deportaciones al año.
Los inmigrantes indocumentados representan entre el 4% y el 5% de la fuerza laboral total del país, pero su peso es mucho mayor en industrias como la agricultura, el procesamiento de alimentos y la construcción, donde constituyen entre el 15% y el 20% o más, según Goldman Sachs.
El Departamento de Agricultura estima que el 42% de los trabajadores agrícolas contratados no tienen autorización para trabajar. Y desde abril, 1,4 millones de personas han abandonado la fuerza laboral estadounidense, de las cuales 802.000 nacieron en el extranjero, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Los trabajadores agrícolas no se incluyen en los informes mensuales oficiales de empleo, pero los analistas coinciden en que la política migratoria está teniendo un impacto general en todo el país.
En el condado de Wasco, Oregón, un agricultor calculaba que perdería entre US$ 250.000 y US$ 300.000 durante la temporada de verano porque la mitad de sus trabajadores no llegó por temor a ser detenidos. Las cerezas se estaban pudriendo en los árboles de los huertos de Ian Chandler porque nadie estaba yendo a recogerlos.
De vuelta en Puebla, Leonel se esfuerza por mantenerse optimista. Mantiene la esperanza de reencontrarse con su esposa e hijos. “Estados Unidos me ha dado mucho, no me puedo quejar de eso. Me ha dado mucho. Me dio una familia hermosa. Mi hija se graduó. Mi hijo se va a graduar. Es una prueba que Dios nos pone que nosotros la vamos a vencer”, dice.
Su hija, también afectada por la separación, asegura que su padre trabajaba duro para mantener a su familia: tenía una pequeña compañía, pagaba impuestos y buscaba crecer. “Es tan lamentable que a una persona que esté haciendo todo bien aquí, aunque esté indocumentado, lo traten como si fuera una basura”, dice.
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Con información de Ana María Cañizares, Jimena de la Quintana, Djenane Villanueva, Osmary Hernández y Christopher Ulloa
