Jueces se muestran escépticos ante el intento del Gobierno de obligar a California a anular las boletas de voto por correo
Por Jeremy Herb, Katelyn Polantz, Aleena Fayaz y Tierney Sneed, CNN
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos expresó el domingo un escepticismo significativo sobre el deseo del Departamento de Justicia de intervenir en el proceso de recuento de votos de las elecciones de mitad de mandato en California, obligando a los funcionarios electorales a anular los votos de los presuntos no ciudadanos a quienes se les han emitido boletas por correo.
Durante una audiencia de emergencia sumamente inusual, el juez Mark Bennett del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos le dijo a un abogado del Departamento de Justicia que California parece tener autoridad legal para gestionar sus elecciones por sí misma, y que el hecho de que el Congreso haya aprobado una ley penal que prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones federales y estatales no significa que el Departamento de Justicia tenga autoridad para regular el proceso de votación de California.
La acción legal en California es una de las muchas medidas que la administración de Trump ha tomado mientras se llevan a cabo las elecciones de medio término para intentar demostrar las afirmaciones infundadas del presidente Donald Trump sobre un fraude electoral masivo. La semana pasada, el Departamento de Justicia presentó una demanda en Alaska, buscando bloquear la certificación de la elección del senador republicano titular Dan Sullivan, porque un candidato llamado Daniel J. Sullivan también figura en la papeleta electoral.
Bennett, nombrado por Trump, y el juez Gabriel Sánchez, nombrado por Biden, cuestionaron el domingo la decisión del Departamento de Justicia de apelar ante el Noveno Circuito antes de que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en California, donde se presentó originalmente el caso, celebrara una audiencia. También interrogaron al abogado del Departamento de Justicia, Matthew Donnelly, sobre la fiabilidad de las afirmaciones de la administración de Trump de que hay 20.000 no ciudadanos en el padrón electoral de California. Esta es una información que, según el Departamento de Justicia, proviene de una lista de votantes comprada y analizada por terceros.
El Gobierno de Trump está intentando convencer al tribunal de que debería poder modificar de inmediato el proceso de votación en California por temor a que personas no ciudadanas hayan enviado sus votos. El condado de Los Ángeles ya ha procesado más de 300.000 votos para las elecciones de mitad de mandato.
Pero al menos dos de los tres jueces del panel refutaron el argumento de que la ley federal prevalece sobre la Constitución, otorgando el poder de organizar las elecciones principalmente a los estados.
“Me parece que, en virtud de la Cláusula Electoral, tienen derecho a determinar la forma en que se celebrarán las elecciones, incluyendo la distinción entre no ciudadanos”, dijo Bennett durante la audiencia, que se llevó a cabo por videoconferencia y se transmitió por YouTube.
El juez Patrick Bumatay, nombrado por Trump, se mostró más favorable al argumento de la administración de Trump, e interrogó a los abogados de California y del condado de Los Ángeles sobre cómo se investiga a los no ciudadanos en los registros electorales. También preguntó sobre la sugerencia del Departamento de Justicia en documentos judiciales de que no apartar las papeletas de voto por correo impediría que California supiera si los no ciudadanos votaron ilegalmente en las elecciones de mitad de mandato.
La audiencia de emergencia del domingo fue el intento más contundente hasta la fecha de la administración de Trump por inmiscuirse en las elecciones de mitad de mandato de un estado. El Departamento de Justicia demandó a California y al condado de Los Ángeles a principios de este mes, buscando impedir que los funcionarios contaran más de 20.000 votos por correo asociados con personas que el gobierno cree que probablemente no son ciudadanas.
Samuel Siegal, abogado que representa a California y al secretario de Estado, argumentó el domingo que el Departamento de Justicia estaba pidiendo al tribunal que “interrumpiera el proceso democrático” mientras las elecciones de California ya estaban en marcha.
Más allá de las cuestiones constitucionales, tanto Bennett como Sánchez cuestionaron por qué los jueces debían basarse en las afirmaciones del Departamento de Justicia de que había 20.000 no ciudadanos inscriptos en el censo electoral, e instaron a Donnelly a explicar cómo la administración llegó a esa cifra y por qué se debería confiar en ella para tomar medidas extraordinarias.
“Sus afirmaciones dependen en gran medida de la fiabilidad de esa lista”, dijo Sánchez.
Siegal argumentó que la lista de supuestos votantes no ciudadanos de la administración de Trump no era fiable, y afirmó que no estaba claro de dónde procedía dicha lista y que los datos utilizados estaban “completamente desactualizados”.
“Esto se produce en un contexto en el que el Gobierno federal está elaborando listas similares, y estas también han demostrado ser manifiestamente poco fiables”, dijo Siegal.
Donnelly ofreció poca claridad sobre por qué la administración cree que 20.000 nombres en una lista de votantes de California pueden incluir a no ciudadanos, y cómo esa lista llegó a formar parte de la audiencia de emergencia.
Según Donnelly, la administración de Trump “recibió una lista que fue comprada” a California.
Donnelly argumentó que los informes del Departamento de Justicia, incluidas las declaraciones juradas de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional sobre su proceso para obtener información sobre los votantes no ciudadanos que, según ellos, ayudaron a consolidar la lista, deberían ser lo suficientemente fiables como para justificar la separación de las papeletas en cuestión. Sostuvo que se encuentran en una situación de emergencia porque se están contando los votos de las elecciones de mitad de mandato, y la administración no está pidiendo que se anulen los votos, sino simplemente que se aparten las papeletas que el Gobierno federal desea cuestionar.
Los jueces también cuestionaron por qué el Departamento de Justicia llevó su caso al tribunal de apelaciones antes de que el tribunal de distrito emitiera su fallo. Donnelly respondió que el Departamento de Justicia había solicitado un fallo antes de la audiencia programada para esta semana porque ya se habían procesado más de 300.000 votos por correo.
Bumatay le preguntó a Siegal si California podría saber si votaron personas que no eran ciudadanas, sin una orden judicial, una vez procesadas las papeletas.
“Discrepamos respetuosamente con eso debido a la cantidad de pasos que las personas tienen que seguir para acreditar su ciudadanía”, argumentó Siegal.
Bennett preguntó a Donnelly si el tribunal de apelaciones debía emitir un fallo antes de la audiencia prevista para el martes en el tribunal de distrito. Donnelly argumentó que el tribunal debía dictar sentencia lo antes posible, dado que la votación aún continúa en el estado.
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