Gobierno de Trump demanda a California por no abrir una memoria USB con datos de presuntos votantes no ciudadanos
Por Tierney Sneed, CNN
El Gobierno de Trump cumplió su amenaza de demandar a California por afirmaciones no verificadas sobre votantes no ciudadanos, mediante una demanda que expertos legales describen como una acción con “pocas probabilidades de éxito” y “un comunicado de prensa disfrazado de litigio”.
La nueva demanda, presentada este jueves en Los Ángeles, busca impedir que los funcionarios electorales estatales cuenten las boletas de unas 20.000 personas que, de acuerdo con el Gobierno, podrían no ser ciudadanas.
Es el intento más reciente del presidente Donald Trump —quien durante años ha hecho afirmaciones infundadas sobre un fraude electoral masivo— de involucrar a su Gobierno en la organización de las elecciones, una tarea que la Constitución asigna principalmente a los estados.
A principios de esta semana, el Departamento de Justicia entregó a la oficina de Dean Logan, registrador y secretario del condado de Los Ángeles, una memoria USB con una lista de personas que, según el Gobierno, podrían no ser ciudadanas y estar registradas para votar. Sin embargo, la oficina informó que, debido a sus “protocolos establecidos de privacidad de datos y seguridad de la información”, hasta el miércoles ni siquiera había accedido al dispositivo. La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, también demandada en el caso, dijo el miércoles que el Departamento de Justicia no le había proporcionado una lista cuando envió la carta del martes con la exigencia.
California, que envía boletas por correo a todos sus votantes registrados, comenzó a distribuirlas el 5 de octubre.
“Ciertamente, Estados Unidos investiga y procesa activamente los casos de votación ilegal”, afirmó el Departamento de Justicia en su demanda. “Pero no resulta práctico ni viable que Estados Unidos investigue, antes de que concluyan las elecciones de 2026, a miles, y mucho menos a decenas de miles, de personas que dos oficinas federales de investigación identificaron en el padrón electoral de California como probables destinatarias de boletas de voto por correo”.
Derek Muller, profesor de la Facultad de Derecho de Notre Dame, dijo que la demanda tiene, en el mejor de los casos, “pocas probabilidades de éxito”.
En su demanda, el Departamento de Justicia sostiene que la cláusula de supremacía de la Constitución le permite acudir a los tribunales para impugnar la forma en que California supuestamente ha obstaculizado la capacidad del Gobierno de Trump para hacer cumplir la prohibición federal del voto de personas no ciudadanas.
Es cierto que la cláusula de supremacía establece que, cuando la ley federal y una política estatal entran en conflicto, prevalece la ley federal. No obstante, según Muller, el problema de la nueva demanda del Departamento de Justicia es que no existe una ley federal que determine cómo deben verificar los estados la condición de ciudadanía de las personas inscritas en sus padrones electorales.
“La demanda federal presentada hoy está repleta de referencias a la cláusula de supremacía y a la ‘prevalencia’ federal”, escribió Rick Hasen, profesor de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, en su blog Election Law Blog sobre el nuevo caso del Departamento de Justicia. “Pero la ley federal no anula el derecho del estado a organizar sus elecciones y determinar los requisitos que deben cumplir sus votantes”.
Los tribunales bloquearon anteriormente decretos que Trump firmó en 2025 y 2026 para modificar ciertos procedimientos electorales. Los jueces también han desestimado dos docenas de demandas presentadas por el Departamento de Justicia contra varios estados para obtener datos confidenciales del registro de votantes destinados a auditorías del Gobierno.
De acuerdo con la demanda, la afirmación del Gobierno de que podría haber 20.000 personas no ciudadanas en los padrones electorales de California se basó en información pública de registro de votantes obtenida por el Gobierno federal.
“El Estado sabe que podría haber personas no ciudadanas registradas para votar y conoce sus nombres”, señala la demanda. “No obstante, tiene la intención de contar sus votos sin verificar su ciudadanía. Por lo tanto, las acciones de California facilitan deliberadamente la votación ilegal”.
Justin Levitt, profesor de derecho de la Universidad Loyola Marymount que trabajó en asuntos relacionados con el derecho al voto durante gobiernos demócratas anteriores, afirmó: “Esta demanda tiene el fracaso tan garantizado como cualquier otra que el Departamento de Justicia haya presentado hasta ahora”.
“Es muy difícil saber cuál es el fundamento jurídico”, añadió Levitt, quien calificó la demanda como “un comunicado de prensa disfrazado de litigio”.
La demanda ofrece detalles sobre cómo el Gobierno de Trump llegó a sostener que decenas de miles de personas no ciudadanas están registradas para votar en estados que no entregaron voluntariamente sus datos electorales no públicos para que el Gobierno los examinara.
Oficinas del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración han comparado los padrones electorales de acceso público con los registros internos de inmigración.
“Los padrones electorales o la información sobre ellos proporcionada al Servicio de Ciudadanía e Inmigración generalmente no contienen datos completos sobre cada persona”, señala la demanda. “Por ello, después de recibir un padrón o información sobre sus votantes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración utiliza programas informáticos de terceros para identificar coincidencias de alta, media o baja fiabilidad entre la información del votante y los datos recopilados sobre esa persona por el programa”.
En otros estados, las cifras alegadas se redujeron considerablemente después de un análisis más exhaustivo.
Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó en julio que había encontrado a 15.903 personas no ciudadanas en los padrones electorales de Nevada. Sin embargo, un mes después aclaró a los funcionarios electorales del estado que solo 6.218 casos eran coincidencias de alta fiabilidad. El Gobierno proporcionó posteriormente al Estado una lista de 185 presuntos no ciudadanos, identificados tras un “riguroso proceso de revisión manual”.
Nevada sostiene que, según sus registros, las 185 personas parecían ser ciudadanas.
“No hay motivos para creer que los datos entregados a California sean mejores”, escribió Hasen. “El riesgo de privar a ciudadanos de su derecho al voto es muy grave”.
En una carta dirigida al Departamento de Justicia y publicada este jueves, Weber afirmó que la información entregada por el Gobierno “carece tanto del nivel de detalle como de la utilidad necesarios para cualquier investigación”.
Además, dijo que su oficina está dispuesta a examinar pruebas sobre votantes que no cumplan los requisitos y a tomar medidas “en cumplimiento de las leyes federales y estatales”.
“Sin embargo, no privaré a miles de californianos de su derecho al voto —ni ordenaré a ningún funcionario electoral de condado que lo haga— basándome únicamente en una ‘creencia’ infundada y probablemente inexacta de que ciertos votantes ‘probablemente’ no sean ciudadanos”, escribió.
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Con información de Gabe Cohen, de CNN.
