El Gobierno de Trump demanda a Harvard, alegando que la universidad no protegió a estudiantes judíos de discriminación
Por Betsy Klein, CNN
El Gobierno de Trump presentó este viernes una nueva demanda multimillonaria contra la Universidad de Harvard, alegando que la institución está violando una ley de derechos civiles y no ha protegido a estudiantes judíos e israelíes de la discriminación.
La demanda pide a un juez federal que exija a la universidad devolver millones en pagos de subvenciones y detener más de US$ 2.600 millones en subvenciones ya existentes.
La querella marca el más reciente esfuerzo del presidente Donald Trump y su equipo por aumentar la presión sobre la universidad de la Ivy League, ya que las conversaciones de alto nivel para llegar a un acuerdo no han logrado producir una resolución.
Tras meses de avances y retrocesos, las negociaciones se estaban intensificando a principios de febrero, hasta que el New York Times informó que la Casa Blanca había retirado las exigencias de un pago económico por parte de la universidad, citando a múltiples fuentes anónimas. Trump posteriormente redobló sus exigencias, diciendo que su Gobierno “ahora busca mil millones de dólares en daños”.
Los negociadores “estaban cerca — y desaparecieron”, señaló un funcionario del Gobierno a CNN este viernes, afirmando que no ha habido “ninguna comunicación” y que Harvard ha estado “retrasando el proceso deliberadamente”.
En un comunicado, la universidad dijo que “ha tomado medidas sustantivas y proactivas para abordar las causas de raíz del antisemitismo y aplica activamente normas y políticas contra el acoso y la discriminación dentro del campus”.
La demanda, añadió Harvard, “representa otro acto más, de pretexto y de represalia, por parte del Gobierno por negarse a entregar el control de Harvard al Gobierno federal”.
La demanda alega que Harvard está violando el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional en programas o actividades que reciben financiamiento federal, debido a lo que el Gobierno de Trump describe como “un entorno educativo hostil” para estudiantes israelíes y judíos.
La universidad ha sido “deliberadamente indiferente”, alega la demanda, señalando ejemplos que incluyen protestas en aulas y bibliotecas y estudiantes a quienes “les escupieron en la cara por llevar una kipá, fueron acosados en el campus y objeto de burlas por parte de sus compañeros con gritos de ‘Heil Hitler’”, entre otros, que ocurrieron entre los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel hasta la actualidad.
“La Universidad de Harvard no ha protegido a sus estudiantes judíos del acoso y ha permitido que la discriminación cause estragos en su campus”, dijo a CNN en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston.
Harvard afirmó previamente que la universidad está “lejos de ser indiferente” cuando se trata de abordar el antisemitismo en el campus.
“El antisemitismo es un problema grave y, sin importar el contexto, es inaceptable.
Harvard ha tomado medidas sustantivas y proactivas para abordar las causas de raíz del antisemitismo en su comunidad”, dijo en un comunicado el director de comunicaciones de la universidad, Jason Newton, después de que una investigación de Trump concluyera el año pasado que la institución estaba en “grave violación” de la Ley de Derechos Civiles.
El Gobierno está pidiendo al juez que declare que Harvard incumple su contrato con el Gobierno federal porque está violando la ley, lo que significaría que la universidad no recibiría pagos adicionales de subvenciones. También ha solicitado que el tribunal “rescinda y otorgue a Estados Unidos la restitución de todos los pagos de subvenciones realizados a Harvard durante el tiempo del incumplimiento de Harvard con el Título VI, junto con el nombramiento de un supervisor externo independiente, a lo cual la universidad se ha resistido”.
Harvard y el Gobierno de Trump llevan meses enfrentándose en los tribunales después de que los funcionarios en Washington tomaran varias medidas drásticas el año pasado para tomar represalias contra la universidad tras negarse a doblegarse ante la voluntad del presidente. Entre esas medidas estuvo un intento de cortar la capacidad de la institución para acoger a estudiantes extranjeros y la congelación de miles de millones de dólares en financiación federal para investigación.
Un juez en Boston concluyó que ambos esfuerzos eran ilegales, y la apelación del gobierno de esas decisiones está actualmente en curso en el Tribunal de Apelaciones del 1.º Circuito de Estados Unidos, que está lleno de designados por presidentes demócratas.
Mientras tanto, la gestión de Trump ha seguido encontrando formas nuevas y creativas de ejercer presión sobre la institución de élite utilizando múltiples palancas del Gobierno federal. El Departamento de Educación puso a la universidad en el estatus de “Heightened Cash Monitoring” (supervisión intensificada de flujos de efectivo) debido a lo que describió como “crecientes preocupaciones respecto a la situación financiera de la universidad”. El Departamento de Comercio también ha puesto en la mira las patentes de la institución, entre otras medidas.
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Con información de Devan Cole, de CNN.
