A pesar del fallo favorable de esta semana, el limbo judicial sobre el TPS para venezolanos continúa. El miedo, también
Por Uriel Blanco, CNN en Español
En el último año, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) se ha convertido en uno de los frentes del Gobierno de Donald Trump en su ofensiva contra la inmigración y, por decir lo menos, en un enorme obstáculo para miles de venezolanos.
Desde los primeros días de su segundo mandato, el Gobierno de Trump revocó el TPS —que protege a inmigrantes frente a la deportación y les permite obtener permisos de trabajo— para alrededor de 600.000 venezolanos que accedieron a este estatus de manera legal en 2021 (un primer grupo) y luego en 2023 (el segundo grupo).
Desde entonces, se ha librado una larga batalla legal entre el Gobierno estadounidense y los grupos de derechos humanos que defienden a los inmigrantes con TPS. Mientras la lucha sigue en los tribunales inferiores y en la Corte Suprema de EE.UU., muchos venezolanos que obtuvieron ese estatus siguen atrapados en la incertidumbre, en riesgo de deportación y sin un permiso de trabajo que les permita obtener un ingreso para su día a día.
El miércoles, la batalla sobre el TPS abrió un nuevo capítulo: una corte federal de apelaciones dictaminó que el Gobierno de Trump actuó ilegalmente al terminar las protecciones del TPS para cientos de miles de venezolanos y haitianos.
Para Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus —una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes venezolanos y que ha estado en la primera línea de defensa del TPS—, la reciente dictaminación en la corte de apelaciones es una “victoria” porque, como en decisiones anteriores en los tribunales, “demuestra que nuestro caso es sólido”.
Sin embargo, la dictaminación del miércoles “no significa un cambio en el estatus de ninguno” de los beneficiarios del TPS, dijo Ferro a CNN.
Por lo tanto, el TPS sigue en el limbo judicial. Y ahí se mantendrá más tiempo, explicó Ferro, ya que esperan que el Gobierno de EE.UU. presente otro recurso legal próximamente y lleve de nuevo el caso a la Corte Suprema, que primero decidirá sobre la reciente dictaminación de la corte de apelación y luego tomará una decisión final respecto al TPS.
“Pero no sabemos de tiempo, la Corte Suprema no te da tiempos, así que tenemos que esperar (…) e ir un proceso a la vez. Mientras tanto, sigue pasando el tiempo y los venezolanos siguen sin la protección del TPS”, añadió Ferro.
El Gobierno de Joe Biden instauró las protecciones que brinda este estatus. Biden designó a Venezuela para el TPS primero en 2021 por “condiciones extraordinarias y temporales” en Venezuela, entre las que se incluyen el hambre y la desnutrición generalizadas, la creciente influencia y presencia de grupos armados no estatales, la represión y el deterioro de las infraestructuras; y luego extendió el TPS para venezolanos con una nueva designación en 2023. Según datos recabados por el Foro Nacional de Inmigración, entre las designaciones de 2021 y 2023, había más de 605.000 venezolanos con TPS hasta marzo de 2025
Mientras que el Gobierno de EE.UU. terminó con la designación del TPS para venezolanos de 2021 en septiembre del año pasado (con fecha efectiva a partir de las 11:59 p.m. del 7 de noviembre), la designación de 2023 (en donde algunos beneficiarios tienen vigencia hasta octubre de 2026 por renovar su permiso de trabajo o el TPS antes del 5 de febrero de 2025) se mantiene en la batalla judicial actual y, como dijo Ferro, tendrán que esperar a la decisión de la Corte Suprema.
Cecilia González, de 26 años, es una venezolana que vive en Orlando, Florida, desde que se convirtió en beneficiaria del TPS tras la primera designación en 2021.
En medio de la ofensiva migratoria de Trump, que ha sido protagonizada, entre otras cosas, por detenciones violentas y redadas en lugares como el trabajo o la escuela, González dijo a CNN en septiembre del año pasado que esa situación mezclada con la incertidumbre del TPS le resultaba “agobiante”.
“No sabes si vas a poder trabajar al día siguiente, si de repente vas a ser enviado a una cárcel en el extranjero por una infracción de tráfico. Son momentos de bastante angustia”, relató en aquel entonces.
Varios meses han pasado desde ese momento. No obstante, para González la situación no ha cambiado: la cuestión del TPS sigue sin solucionarse y la ofensiva de inmigración continúa su marcha en varias ciudades de Estados Unidos.
“Muchos tienen que salir a trabajar cada día con el riesgo inminente de cometer una infracción de tráfico y que los agarre ICE. Está esa realidad, es un miedo que solo sigue creciendo”, declaró González el jueves a CNN.
“Entiendo el miedo que presentan los venezolanos desde hace meses, no se ha esfumado, simplemente sigue en su vida”, agregó.
González está consciente que vive un privilegio que no muchos venezolanos tienen en Estados Unidos. Llegó a un acuerdo con su empleador para trabajar de forma híbrida, “con gran mayoría del tiempo trabajando desde casa”.
“Pero esa no es la realidad de la gran mayoría de venezolanos que gozan de TPS”, afirmó la mujer de 26 años.
A pesar de este privilegio, González debe sobrellevar no solo la incertidumbre del TPS, sino de su caso de asilo que lleva casi una década en el sistema migratorio estadounidense.
Desde hace nueve años, González y su familia se fueron de su país, “entramos a Estados Unidos, documentamos la persecución que mis papás habían recibido en Venezuela, y desde entonces hemos estado a la espera de nuestra entrevista” en el caso de asilo, explicó la joven venezolana.
González señala que puede continuar laborando porque su permiso de trabajo está ligado a su caso de asilo, pero la suspensión del TPS le quita la oportunidad de protegerse contra una posible la deportación.
El Gobierno de Estados Unidos previamente abrió otro frente en su ofensiva migratoria, apuntando directamente contra el asilo al suspender todas las decisiones relacionadas con ese tema y detener a personas con casos pendientes. Por lo tanto, el asilo pendiente no supone ningún alivio en este contexto para la comunidad inmigrante que, como González, perdió la protección del TPS.
Aunque el “sentimiento de ansiedad” sigue en las calles, González seguirá trabajando en su rol de abogada en una organización de derechos civiles en Florida.
“La población promedio migrante en Orlando sigue saliendo a trabajar cada día con miedo de no volver a casa, con miedo de perder a un familiar en el camino, entendiendo que hay tantas cosas sucediendo” tanto en Venezuela como en EE.UU., detalló González.
Sin importar el temor y la incertidumbre actuales, Ferro lo tiene claro: no es opción dejar de luchar para rescatar el TPS.
“Es imposible no luchar mientras hay vidas que salvar. Es imposible rendirse cuando hay tanta gente sufriendo. Es imposible no seguir intentando ayudar cuando hay tanta gente sin ninguna otra opción. Dejar de luchar elimina cualquier solución, deja a las personas sin defensa, sin representación. No es opcional, yo ni siquiera me planteo no seguir luchando”, finalizó la defensora social.
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Con información de Anabella González y Chris Lau, de CNN.
