Las principales preguntas legales sobre ICE y el tiroteo en Minneapolis, respondidas
Por Kaanita Iyer, CNN
Minneapolis ha sido escenario de tensas manifestaciones contra el despliegue de agentes federales por parte del Gobierno de Trump como parte de una ofensiva migratoria, lo que ha generado interrogantes sobre el alcance de las facultades de estos agentes en el terreno y sobre cómo puede responder el presidente Donald Trump.
A medida que las protestas se intensificaban tras el tiroteo mortal de Renee Good, de 37 años, por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Gobierno de Trump defendió al agente y redobló sus esfuerzos en el área de Minneapolis, enviando más recursos.
Trump también ha amenazado con dar un paso extremo al invocar la Ley de Insurrección para sofocar las protestas, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha sugerido que, en algunos casos, las personas podrían ser requeridas a “validar su identidad”.
Estas son algunas de las preguntas más comunes, con sus respuestas.
La ley que Trump amenaza con invocar le permitiría desplegar militares estadounidenses en servicio activo en Minnesota cuando sea “necesario para hacer cumplir las leyes (de Estados Unidos) o para sofocar una rebelión”.
La legislación establece que el presidente puede enviar fuerzas militares para controlar situaciones que considere “obstrucciones ilegales, agrupaciones o asambleas ilícitas, o rebelión contra la autoridad de Estados Unidos”.
El gobernador o la legislatura de un estado también pueden solicitar militares, como ocurrió la última vez que se invocó la ley en 1992, pero el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha reprendido abiertamente el aumento de la actividad federal en Minneapolis.
Existen precedentes de presidentes que han invocado la Ley de Insurrección sin el respaldo de un gobernador.
Los presidentes Dwight Eisenhower y John F. Kennedy la utilizaron contra la voluntad de mandatarios estatales para facilitar la integración escolar tras el histórico fallo de la Corte Suprema en Brown vs. Board of Education.
El viernes, Trump dijo que no hay razones para usar la Ley de Insurrección “en este momento”, aunque afirmó que la invocaría si lo considera necesario.
“No creo que haya ninguna razón ahora mismo para usarla, pero si la necesitara, la usaría. Es muy poderosa”, dijo el presidente a los periodistas.
De acuerdo con una política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los agentes migratorios pueden usar fuerza letal contra una persona que represente una amenaza inminente de muerte o de lesiones corporales graves. Históricamente, las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley han dedicado semanas o incluso meses a realizar investigaciones exhaustivas antes de decidir si el uso de la fuerza por parte de un agente fue apropiado.
Sin embargo, funcionarios del Gobierno de Trump se han apresurado a defender enérgicamente a los agentes migratorios tras casos de alto perfil en los que se ha usado la fuerza, lo que ha generado dudas sobre si los mecanismos diseñados para exigir rendición de cuentas a las fuerzas del orden han sido abandonados durante el segundo mandato de Trump, escribe Josh Campbell, de CNN.
El Gobierno ha sostenido que los agentes son inmunes a procesos judiciales por parte de autoridades estatales o locales. Y, según Campbell, cualquier procesamiento federal parece poco probable debido a que Trump ha colocado a aliados políticos al frente del Departamento de Justicia y el FBI.
En agosto, durante la intervención federal en el Departamento de Policía de Washington, Trump dio luz verde a las fuerzas del orden para utilizar una fuerza que podría exceder ampliamente la gravedad de las circunstancias, de acuerdo con Campbell.
Al referirse a imágenes que, según dijo, mostraban a manifestantes escupiendo a agentes, Trump declaró en agosto: “Yo dije: ‘Díganles: si escupen, nosotros golpeamos’, y pueden golpear muy fuerte”. “Están ahí parados y la gente les escupe en la cara, y no se les permite hacer nada”.
“Pero ahora”, añadió, “se les permite hacer lo que quieran”.
Según han informado fuentes internas del Departamento de Justicia a CNN, se está enviando una señal similar de carta blanca a los agentes del ICE y otras agencias federales que participan en la ofensiva migratoria de Trump.
Noem dijo este jueves que los agentes federales también pueden pedir a las personas que rodean a un objetivo de una operación que “validen su identidad”.
“Si estamos siguiendo a un objetivo y realizando una operación, puede haber personas alrededor de ese delincuente a quienes podríamos preguntar quiénes son, por qué están allí y pedirles que verifiquen su identidad”, señaló Noem. “Eso es lo que siempre hemos hecho”.
¿Es legal? El analista legal senior de CNN, Elie Honig, afirmó: “Es ilegal e inconstitucional exigir a las personas que muestren documentos de ciudadanía sin que exista otra base para realizar una detención”.
“Lo que no se puede hacer es acercarse arbitrariamente a la gente, establecer retenes o ir de puerta en puerta y decir: ‘Oigan, tienen que demostrarnos que son ciudadanos estadounidenses’”, agregó Honig. “El agente migratorio necesita tener una sospecha razonable. No se puede abordar a las personas de manera arbitraria y obligarlas a demostrar que están legalmente en el país”.
Cori Alonso-Yoder, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland, dijo a CNN que los agentes federales pueden solicitar pruebas de ciudadanía, pero que las personas pueden negarse a mostrar documentos amparándose en la Quinta Enmienda.
“ICE ciertamente puede preguntar, y la cuestión es cómo responde un individuo en esa circunstancia”, señaló Yoder, quien también dirige la clínica de inmigración de la facultad. “Existen protecciones bajo la Quinta Enmienda, independientemente del estatus migratorio, para no autoincriminarse o para invocar el derecho a guardar silencio al interactuar con las fuerzas del orden”.
El lunes, Minnesota presentó una demanda para frenar la ofensiva migratoria en curso del Gobierno de Trump en el estado, argumentando que viola la Décima Enmienda.
Illinois también ha presentado una demanda similar.
Michele Goodwin, profesora de derecho constitucional en la Universidad de Georgetown, explicó a CNN que la Décima Enmienda establece que los estados conservan la soberanía para crear leyes locales y gobernar dentro de sus fronteras, y que el Gobierno federal no puede imponer su voluntad sobre un estado, salvo que esa autoridad haya sido otorgada por el Congreso o la Constitución.
En su demanda, Minnesota subrayó la presión sobre los recursos policiales locales, al señalar que Minneapolis y St. Paul se han visto obligadas a desviar agentes de sus funciones habituales para responder a incidentes relacionados con la aplicación de leyes migratorias federales, lo que socava los esfuerzos locales para proteger a la comunidad.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, dijo a principios de esta semana que la demanda del estado apunta directamente a lo que calificó como una extralimitación federal ilegal, y no a bloquear la aplicación de la ley migratoria en sí.
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Zachary B. Wolf, Josh Campbell, Michael Williams, Piper Hudspeth Blackburn, Chelsea Bailey, Danya Gainor y Taylor Romine, de CNN, contribuyeron a este artículo.
