Human Rights Watch acusa a Israel de desplazamiento masivo en Gaza que constituye un crimen de guerra
Sofía Barruti
(CNN) — Israel supervisó el desplazamiento masivo forzado de palestinos en Gaza en una campaña deliberada y sistemática que constituye un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad, según un nuevo informe de Human Rights Watch.
El informe de 154 páginas, publicado este jueves por el grupo de defensa con sede en Estados Unidos, detalla más de 13 meses de destrucción generalizada en Gaza que, según las Naciones Unidas, causó el desplazamiento de alrededor de 1,9 millones de palestinos, más del 90% de la población del territorio.
En una declaración, Human Rights Watch (HRW) citó las demoliciones ilegales, “deliberadas y controladas de viviendas e infraestructura civil” por parte de las fuerzas israelíes en Gaza “con el aparente objetivo de crear ‘zonas de amortiguación’ y ‘corredores’ de seguridad, de los cuales es probable que los palestinos sean desplazados permanentemente”.
“El Gobierno de Israel no puede afirmar que mantiene a los palestinos a salvo cuando los mata en las rutas de escape, bombardea las llamadas zonas seguras y corta el suministro de alimentos, agua y saneamiento”, dijo Nadia Hardman, investigadora de HRW sobre derechos de refugiados y migrantes.
“Israel violó flagrantemente su obligación de garantizar que los palestinos puedan regresar a sus hogares, arrasando prácticamente todo en amplias zonas”.
CNN se comunicó con las FDI para solicitar comentarios tras la publicación del informe.
Israel fue acusado por numerosos grupos de derechos humanos –y por investigadores de la ONU– de conducta militar que podría constituir crímenes de guerra durante el último año, algo que el país ha negado enérgicamente. Hamas también fue acusado de crímenes de guerra.
En octubre, una investigación de la ONU afirmó que Israel tenía una “política concertada” de destrucción del sistema de salud en Gaza, lo que, según dijo, equivalía a crímenes de guerra.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó esas acusaciones de “escandalosas” y dijo que eran “otro intento flagrante de la (comisión) de deslegitimar la existencia misma del Estado de Israel y obstruir su derecho a proteger a su población mientras encubre los crímenes de organizaciones terroristas”.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había dicho anteriormente que “Israel no tiene intención de ocupar permanentemente Gaza ni de desplazar a su población civil”.
El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, dijo que los palestinos podrán regresar a sus hogares en el norte de Gaza cuando termine la guerra, pero no antes de que se logren los objetivos de Israel. Sin embargo, varios ministros israelíes dijeron que les gustaría ver a los palestinos abandonar Gaza y restablecer los asentamientos israelíes allí.
“Debemos promover una solución para fomentar la emigración de los residentes de Gaza”, dijo el 1 de enero el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir.
El ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, que también ocupa un puesto en el Ministerio de Defensa, ha dicho que Israel “gobernará (en Gaza). Y para gobernar allí de forma segura durante mucho tiempo, debemos tener una presencia civil”.
El informe de HRW llega después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijera el martes que Israel no había violado la ley de Estados Unidos tras el vencimiento de un plazo de 30 días para que tomara medidas específicas para mejorar la situación humanitaria en Gaza, una postura en marcado contraste con las conclusiones de las organizaciones de ayuda sobre la terrible realidad en el enclave.
Las agencias de ayuda describieron la situación en el norte de Gaza como apocalíptica, con áreas en riesgo inminente de hambruna mientras Israel libra una continua ofensiva militar allí.
Human Rights Watch dijo que la campaña israelí en el norte de Gaza probablemente conduciría al desplazamiento de cientos de miles de civiles más.
El grupo instó a los países a detener las ventas de armas a Israel e imponer sanciones al Estado judío para obligarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a los civiles. También pidió a la Corte Penal Internacional que investigue el supuesto desplazamiento forzado de palestinos como un crimen contra la humanidad.
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